En una decisión publicada este jueves en el Boletín Oficial, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, vetó la distribución gratuita de productos de gestión menstrual para mujeres en situación de vulnerabilidad. La medida estaba incluida en un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados, que obtuvo la aprobación del Senado el 14 de setiembre y pasó a manos del mandatario para su sanción definitiva.
Bolsonaro aprobó el proyecto general, que crea el Programa de Protección y Promoción de la Salud Menstrual, pero vetó el artículo 1, que garantizaba toallitas y tampones gratis, y el artículo 3, que establecía quiénes serían las personas beneficiarias. La medida, que busca erradicar la “pobreza menstrual”, apuntaba a estudiantes de bajos recursos matriculadas en escuelas públicas, mujeres en situación de calle o “en situaciones de extrema vulnerabilidad social”, mujeres privadas de libertad y mujeres “hospitalizadas en unidades para cumplir con una medida socioeducativa”. El mandatario también vetó el apartado que incluía la inclusión de toallitas en las canastas básicas que distribuye el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Entre las razones expuestas, el presidente argumentó que los artículos no preveían fuentes de financiación o medidas compensatorias, lo cual violaría la Ley de Responsabilidad Fiscal. El texto aprobado disponía que el dinero provendría de recursos asignados por el Sistema Único de Salud (SUS) para la atención primaria y, en el caso de las mujeres privadas de libertad, del Fondo Nacional Penitenciario.
Sin embargo, Bolsonaro dijo que los productos de higiene menstrual no están en la lista de medicamentos considerados “esenciales” y que, al determinar beneficiarias específicas, la medida no cumple con el principio de “universalidad”, “integralidad” y “equidad” en el acceso a la salud que pregona el SUS. Por otra parte, el presidente aseguró que la ley que creó el Fondo Nacional Penitenciario no prevé el uso de recursos para estos fines.
El mandatario conservó el apartado que obliga al gobierno a impulsar una campaña de información sobre la salud menstrual y otro que autoriza a las autoridades de la educación a realizar los gastos necesarios para cumplir con lo que prevé la ley.
El proyecto vuelve ahora al Congreso, que puede decidir si mantiene o revoca el veto presidencial en un plazo de 30 días desde que se publica en el Boletín Oficial.
En Brasil, 28% de las mujeres faltó alguna vez a clases por no poder costear productos de gestión menstrual, según datos que publicó el diario Folha de São Paulo, relevados de la encuesta “Impacto de la pobreza menstrual en Brasil”, encargada por la empresa Always. De ese total, 48% dijo que intentó esconder el verdadero motivo de la falta y otro 48% alegó que la ausencia impactó de manera negativa en su desempeño educativo.