Una nueva Marcha por la Diversidad teñirá de colores las calles de Montevideo este viernes, con la consigna “Estado ausente, nuestra lucha presente” como principal bandera. Es que además de tomar el espacio público “de forma pacífica y con alegría”, las organizaciones convocantes recuerdan que es ante todo una marcha para “reivindicar derechos”, como dijo Paula Moreno, una de las voceras de la Coordinadora de la Marcha. En este caso, los colectivos vuelven a reclamar el cumplimiento de políticas públicas diseñadas para mejorar la calidad de vida de la población LGBTI y la implementación cabal de leyes como la Ley Integral para Personas Trans, en aspectos como la salud, la educación y el trabajo.
La emergencia sanitaria afectó en particular la situación laboral y económica de la población LGBTI, que en muchos casos tuvieron que recurrir a ollas populares, canastas u otras iniciativas solidarias que emergieron desde la sociedad civil organizada para cubrir los agujeros a los que no llegaba la ayuda del Estado. El desempleo, la precarización laboral y la pobreza afectaron especialmente a las mujeres trans, que “sobreviven a través del trabajo sexual” y “han perdido toda capacidad de subsistencia”, en palabras de la licenciada en Comunicación y activista transfeminista Josefina González.
Uno de esos puntos solidarios que abrió las puertas para atender a las necesidades de las disidencias fue la sede de Colonia Diversa, un colectivo que desde 2017 trabaja en la promoción de los derechos de las personas LGBTI en el departamento. En ese sentido, un mes después de decretada la emergencia sanitaria en el país, logró que el Ministerio de Desarrollo Social –a través de las oficinas departamentales– empezara a entregar una canasta de alimentos para personas trans, que complementara la Tarjeta Uruguay Social. Así, se convirtió en el primer departamento en brindar este apoyo, algo que luego se extendió al resto del país. En paralelo, las y los activistas crearon canastas de alimentos con recursos que consiguieron, para reforzar la ayuda, habilitaron en su local un merendero que funciona los martes y viernes e incluso crearon un servicio de ayuda psicológica gratuita. Otras iniciativas similares se impulsaron en Montevideo, Maldonado y Rivera.
Todo esto en un país en donde la mayoría de los gobiernos departamentales no cuentan con dependencias específicas orientadas a la población LGBTI y abordan el tema desde secretarías de políticas sociales o de género.
En donde hay esperanza de que algo de la realidad cambie para las disidencias sexogenéricas es en Chile, después de que siete personas LGBTI fueron elegidas para integrar la Convención Constitucional, encargada de escribir la nueva carta magna que enterrará definitivamente la de la era Pinochet. Es un hecho histórico: se trata de la primera vez que un órgano estatal chileno tiene en su integración a representantes de la comunidad LGBTI, que dieron un paso más y conformaron la Red Constituyente Disidente, desde la que prometen avanzar en más derechos para esta población.
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