“Falta de voluntad política”, “estancamiento” y “agudización” marcan el panorama de la violencia de género

El promedio de denuncias se mantiene, los femicidios aumentan, la violencia empezó a adoptar formas más cruentas y no parece haber la suficiente voluntad política para tomar medidas al respecto. Este es, a grandes rasgos, el panorama que dibujan las especialistas consultadas a la hora de describir la situación de la violencia de género en Uruguay. Todas coinciden en algo: el mapa de ruta está trazado desde hace tiempo, aparece bien claro en la Ley 19.580 que se aprobó a fines de 2017, pero no sólo faltan recursos para implementarla de manera cabal, sino que en algunos casos directamente no se cumple o se aplica “de mínima”.

Los indicadores y la propia naturaleza de algunos casos muestran que la situación sigue siendo preocupante. En lo que va del año hubo 28 femicidios en Uruguay, tres más de los que hubo en todo 2021. Y todavía falta diciembre, que suele ser una época complicada en este sentido, especialmente cerca de las fechas festivas.

Las cifras actualizadas del Ministerio del Interior, que sólo contabiliza los femicidios que fueron aclarados, se van a presentar la semana que viene. Por el momento, lo que tiene publicado el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad de la cartera muestra que se registraron 18.634 denuncias por violencia doméstica en los primeros seis meses del año. Esto implica un aumento de 11% en comparación con el mismo período de 2021 y se traduce en casi 103 denuncias por día en la primera mitad de 2022.

En tanto, el sistema de respuesta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) recibió un total de 18.223 consultas telefónicas y presenciales en todo el país entre el 1º de enero y el 30 de setiembre, según información del organismo a la que accedió la diaria. Esto representa un descenso respecto del mismo período de 2021, en el que hubo 22.590 consultas, y de 2020, cuando la cifra alcanzó 18.706. Sigue siendo un número superior al de 2019, antes de la pandemia, cuando las consultas fueron 14.976. Y no deja de traducirse en más de 2.000 pedidos de ayuda por mes.

En paralelo, el servicio telefónico 0800 4141, de orientación y asesoramiento, atendió 8.248 consultas en los primeros nueve meses de este año, unas 600 menos que las recibidas en el mismo período del año pasado.

Más allá de los datos, que impactan, las especialistas aseguran que este año hubo episodios que revelan más brutalidad en el ejercicio de la violencia. Para empezar, en lo que va de 2022 hubo siete casos de asesinatos de niñas y niños en contextos de violencia de género, que se enmarcan en lo que se conoce como violencia vicaria, el daño que se ejerce contra hijas e hijos para lastimar a la madre.

El año también estuvo marcado por varios casos de violaciones grupales. De hecho, el calendario anual de manifestaciones feministas se inauguró en febrero con movilizaciones en todo el país contra la violencia sexual y la “cultura de la violación”, tras el caso de Cordón, al que después se sumaron otros, como el que tuvo lugar en una fiesta del Partido Nacional o el de dos mujeres que denunciaron haber sido violadas por funcionarios de la Guardia Republicana.

La percepción de más brutalidad coincide con la mirada del propio Inmujeres, que ha identificado “un aumento en lo cruento de la violencia”, sobre todo después de la pandemia, como dijo su directora, Mónica Bottero, entrevistada por la diaria.

En un nuevo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las especialistas hablaron con la diaria sobre la situación en Uruguay, la respuesta del Estado y los principales desafíos que aparecen a la hora de hacer frente a lo que definen como una verdadera emergencia nacional.

Un escenario complejo

“Uruguay no escapa a la situación de retrocesos que está viviendo la región y otros países del mundo” en materia de violencia de género, destacó primero Andrea Tuana, trabajadora social y magíster en Políticas Públicas de Igualdad. Pero el contexto nacional también es particular, porque, a su entender, “con el cambio de gobierno”, hubo un “cambio de mirada, de marco interpretativo de cómo se ven estos temas, especialmente los de la violencia”, y “se empieza a cuestionar que la violencia de género tenga que ver con las relaciones machistas y patriarcales, lo que va generando un retraimiento de todo el avance”.

La especialista dijo que “parte” de la “agudización de los femicidios” y de los “efectos de la violencia en las personas” también tiene que ver con consecuencias que generó la pandemia y que “recién estamos empezando a ver”.

En ese sentido, consideró que “los números de femicidios no solamente no bajan, sino que aumentan”, y detalló que, si bien la mayoría sigue teniendo lugar “en el marco de relaciones de pareja”, también hubo casos vinculados al microtráfico, “con muchas mujeres que habían sido asesinadas y sus cuerpos fueron desechados y escondidos”.

El pantallazo que hizo Tuana cerró con la mención a los casos de violaciones múltiples que se conocieron este año y los asesinatos de niñas y niños “en manos de sus padres, como forma de castigar a sus madres”, algo que no es nuevo, pero que se empieza a visibilizar como “un problema que está directamente vinculado con las situaciones de violencia de género”.

Para la abogada especializada en género e infancias, Alicia Deus, “los datos hablan por sí mismos de que la situación es grave”. La experta, que fue una de las corredactoras de la Ley 19.580, señaló que uno de los problemas que pueden explicar la realidad es que “tenemos una normativa que intenta hacer un abordaje integral de la violencia basada en género desde la prevención, la atención, la protección y la sanción, pero en la mayoría de los casos no se cumple”. En esa línea, cuestionó que no se asignen los recursos para la ley, que ya está por cumplir cinco años, y dijo que “los lineamientos de política pública que tienden a una prevención general y a promover los cambios culturales, brillan por su ausencia”.

En relación a los femicidios, consideró que “no ha habido un abordaje de las causas por las cuales se producen”, como para “decir que realmente se atacó esto y no dio resultado”. La abogada aseguró que “son cuestiones complejas, porque en muchos casos son estructurales”, pero recordó que, “en otros casos, hay denuncias, hay medidas que se adoptaron y que resultaron ineficaces, por lo que ahí sí falló el sistema de protección”. A su juicio, “falla el sistema de protección porque falla el análisis de la valoración del riesgo”, algo que atribuyó a la “falta de especialización de los operadores”.

“Es un panorama complicado, al que se suman los antiderechos, que se han venido manifestando en forma creciente contra la protección de niñas, niños y adolescentes con el proyecto de ley de tenencia compartida” e incluso “presentando recursos de inconstitucionalidad contra la ley 19.580”, señaló Deus.

Por su parte, la abogada especializada en violencia de género, Marina Morelli, afirmó que “lo que mejor define esta etapa es el estancamiento”, no sólo a nivel de la respuesta del Estado sino también de “los movimientos”, por el “desgaste que implica ir contra un gobierno que todo el tiempo quiere deshacer los avances, lo que produce inevitablemente que no puedas pensar estratégicamente en un futuro porque tenés que estar contestando, solucionando y visibilizando lo que hoy está mal hecho”.

Emergencia nacional

Las expertas recordaron que la violencia de género fue declarada “emergencia nacional” a fines de 2019 por el entonces presidente Tabaré Vázquez, pero que en estos tres años no se promovieron medidas para abordarla como tal. Según Deus, el decreto quedó sólo “en una declaración”, ya que, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, cuando se declaró la emergencia sanitaria por covid, no se activó ninguna “medida de crisis” contra la violencia hacia las mujeres.

Para la abogada, el primer paso que el Estado tiene que dar para tratar el tema como una emergencia nacional es “empezar a cumplir la ley a cabalidad”. “En muchos casos, la ley se viene cumpliendo mal, en tanto no se respetan los plazos que prevé, pero además es de mínima cuando se cumple”, señaló Deus. “Muchas veces se hacen declaraciones, pero a la hora de concretar los lineamientos, de diseñar herramientas y mecanismos para dar cumplimiento a lo que la ley estableció, no hay recursos y tampoco hay voluntad política, que es lo fundamental. No se considera un tema prioritario”, enfatizó.

En la misma línea se expresó Tuana, que aseguró que la ley es “una hoja de ruta muy clara y completa de lo que hay que hacer”, pero “se necesita voluntad política que esté reflejada en presupuesto adecuado para implementar desde el primero hasta el último artículo”. “Ese es el primer camino que hay que tomar, porque esa ley propone todo: desde las transformaciones en el Poder Judicial que se necesitan, la especialización y capacitación, el aumento de los recursos técnicos, y un montón de abordajes y respuestas de cada una de las instituciones”, recalcó.

También Morelli opinó que “la ley no se está implementando” y que esto “no tiene que ver con la falta de recursos económicos, sino con la ausencia de voluntad política”.

Por otro lado, dijo que “cuando pensás un conjunto de medidas en función de una emergencia nacional, no estás pensando en solucionar el fondo del asunto, sino el emergente”. “No se trata de la solución habitacional para todas las mujeres en situaciones de violencia, sino de cortar la lista de mujeres en espera”, dijo, como ejemplo. A su entender, “desconocer que estamos en una emergencia no es sólo una cuestión meramente formal”, sino que “implica crear políticas públicas partiendo de un diagnóstico que es erróneo, porque partís del diagnóstico de una situación de normalidad y generás o reiterás las políticas públicas que ya venís desarrollando, y eso no sirve para nada cuando estás en una situación de emergencia nacional”.

La abogada afirmó que esto quedó demostrado “nítidamente” en el Plan de Acción por una vida libre de violencia de género hacia las mujeres 2022-2024, presentado este mes por el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género. “Creen que están en Alicia en el país de las maravillas, parten de una realidad que no existe, entonces todo lo que planifican se desmorona, no resiste análisis, porque planifican sobre una realidad que no es la de las mujeres en Uruguay”, apuntó.

Una respuesta insuficiente

Las respuestas estatales “no están a la altura de las necesidades de las víctimas, porque no solamente no se han aggiornado a esas necesidades, sino que se han cerrado respuestas”, consideró Tuana. Al respecto, dijo que “hoy, para poder generar la alternativa habitacional a una víctima, tenés que sacar el 5 de Oro, porque nunca hay cupos, nunca es el perfil, nunca es posible, y está claro que si una mujer que está en situación de violencia no tiene los recursos mínimos para poder dar el paso, esa violencia se perpetúa”.

La especialista dijo que “lo mínimo” es “un lugar donde vivir segura, un trabajo, respuestas de apoyo de cuidado para sus hijas e hijos, y ni hablar de la atención psicológica, que tampoco se ha fortalecido”.

A todas estas cuestiones, Deus sumó la necesidad de enseñar “lo que supone la violencia de género” en “todos los niveles” educativos, porque eso es, en definitiva, lo que promueve el “cambio cultural” necesario para desterrar el machismo.

El plan nacional presentado este mes plantea incluir una materia sobre violencia de género en las currículas de todos los niveles de enseñanza, tanto de la educación pública como privada. Para Morelli, “en Uruguay no existen ni siquiera las condiciones mínimas para que eso se pueda llevar a cabo, pero, además de irrealizable, es irrealizable de acá a 2024”, dijo, y cuestionó que el plan no diga “cómo lo van a hacer”. Consultada por la diaria, Bottero aseguró que los detalles se van a conocer cuando los presente la consultoría a cargo de construir la propuesta.

Deus también puso el foco en el acceso a la Justicia e insistió en que muchos de los obstáculos tienen que ver con la falta de capacitación de los operadores. Dijo que esto se ve claramente en el caso de las víctimas de violencia sexual, cuyo acceso a la Justicia “todavía es complejo”, porque “siguen jugando los estereotipos de género para las defensas de las personas imputadas, pero también en las sentencias”. “Se habla de que se incorporó la perspectiva de género, pero eso no se traduce en la decisión, y siguen jugando los estereotipos en la valoración de las pruebas, en el tema del consentimiento o la falta de consentimiento”, señaló la abogada, “porque son cambios culturales que van más allá de las normas”.