Miles de personas protagonizaron el viernes pasado en varios puntos de Perú la “Marcha por la educación”, convocada por estudiantes, organizaciones sociales y colectivos feministas en rechazo a leyes recientemente aprobadas por el Congreso que refieren al sistema educativo. Entre ellas, una de las principales preocupaciones es la llamada “Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú”, que promueve la intervención de madres y padres en los materiales escolares que tengan una perspectiva de género y traten sobre educación sexual integral (ESI).

La norma, impulsada por el congresista evangélico Esdras Medina, integrante del partido Renovación Popular y exvocero del movimiento “Con mis hijos no te metas”, fue aprobada el 6 de mayo con 91 votos a favor, 18 en contra y ocho abstenciones. De acuerdo con el texto, el Ministerio de Educación de Perú (Minedu) y organismos afines estarán obligados a consultar a los “padres de familia” en la elaboración y aprobación de materiales y recursos educativos sobre género y ESI que serán distribuidos en los centros educativos públicos.

El proyecto aprobado establece que la participación será a través de las Asociaciones de Padres de Familia –conocidas allí como Apafas– inscritas en los registros públicos. Las madres y los padres integrantes de estos grupos podrán plantear sus sugerencias, reparos y recomendaciones ante los organismos competentes. De todas formas, también está habilitada la participación de las familias a través de otras instancias como reuniones en los centros educativos.

Una de las manifestaciones del viernes contó con la participación de la congresista Susel Paredes, del Partido Morado, que llamó a quienes se manifestaban a “mantenerse unidos” porque “seguramente” surjan más iniciativas “conservadoras” como esta. Según dijo, el objetivo de esta movilización fue lograr que el presidente de Perú, Pedro Castillo, “observe el proyecto aprobado por el Congreso. Los contenidos de los textos escolares tienen que hacerlos personas que conozcan cada tema, no los padres de familia, que pueden no estar preparados para eso”, sostuvo Paredes al periódico peruano La República. “La ESI es la única manera que tienen los niños de protegerse en los colegios. Si un niño está en una familia abusadora, ¿cuál es el único refugio que tiene? El texto escolar”, añadió.

Por su parte, consultada por el mismo medio, la congresista y exministra de Educación Flor Pablo aseguró que esta norma “atenta contra el rol rector del Minedu”, que es el organismo encargado de la elaboración de los materiales educativos y de asegurar su calidad. Asimismo, advirtió que esta propuesta contiene varios elementos “peligrosos”. Entre ellos, destacó el establecimiento de sanciones para el personal del sistema educativo que no cumpla con determinados “principios” definidos en la norma, como por ejemplo, el “pleno respeto de la libertad religiosa o convicciones morales de los educandos y los padres”.

“Esto resulta muy peligroso porque los materiales educativos responden a políticas de Estado y no pueden en ningún caso responder a criterios religiosos ni morales”, manifestó Pablo, y advirtió: “Bajo estos nuevos criterios, se abre la oportunidad a que organizaciones que desde hace varios años piden el retiro del enfoque de igualdad de género y la ESI del sistema educativo logren su objetivo”.