El 24 de junio se cumple un año del día en el que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos anuló Roe vs. Wade, el fallo que consagraba el aborto como un derecho constitucional en todo el país desde 1973. La sentencia, que dejó en manos de cada estado la decisión de mantener o prohibir ese derecho, fue el impulso que necesitaban organizaciones “provida” y legisladores conservadores que en los últimos años aunaban esfuerzos para restringir o prohibir el aborto en distintos estados. Así, se consumó uno de los mayores retrocesos del país en materia de derechos sexuales y reproductivos.

Desde entonces, 14 de los 50 estados del país prohibieron el acceso al aborto, mientras que otros aprobaron limitaciones. Esto no significa que en el resto del país no haya habido pulseadas: en algunos casos, hubo intentos que fueron bloqueados por cortes judiciales locales y, en otros, el derecho al aborto sigue estando intacto gracias a que se aprobaron protecciones para blindarlo en este nuevo escenario.

La ofensiva contra el aborto en el último año incluyó otras iniciativas, como la que buscó prohibir el acceso a la mifepristona (el medicamento utilizado en más de la mitad de los abortos que se realizan en Estados Unidos), que finalmente fue bloqueada por la Suprema Corte en abril.

Radiografía caso a caso

Desde la derogación de Roe vs. Wade, 14 estados aprobaron prohibiciones estrictas al aborto: Alabama, Arkansas, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Tennessee, Texas, Virginia Occidental y Wisconsin, según los datos sistematizados por The New York Times, que hace un seguimiento diario de las modificaciones en todo el país. La mayoría de estos estados se encuentra al sur.

En tanto, otros estados aprobaron algunas limitaciones en el acceso al aborto, que desde 1973 era legal durante las primeras 24 semanas de gestación, cuando se considera que el feto no es viable fuera del cuerpo de la mujer. Así, en Georgia, la práctica se restringió a las primeras seis semanas de embarazo –un plazo en el que muchas mujeres todavía ni siquiera saben que están embarazadas–, en Nebraska hasta las 12, en el caso de Arizona y Florida, hasta las 14, y en Utah y Carolina del Norte, el límite legal es de 15 y 18 semanas de gestación, respectivamente. En estados como Indiana, Iowa, Montana, Ohio, Carolina del Sur y Wyoming, hubo iniciativas en este sentido que fueron bloqueadas por cortes judiciales locales.

Esto hace que 26 estados –en un total de 50– hayan visto alteraciones derivadas de la decisión de la Suprema Corte de Justicia. El resto de los estados se divide entre cinco que mantienen el aborto legal sin cambios –Alaska, Kansas, New Hampshire, Virginia y Washington DC– y 20 en los que el aborto es legal hasta las 24 semanas de gestación gracias a nuevas protecciones aprobadas para blindar el derecho en este nuevo contexto. Estas últimas abarcaron desde la promulgación de leyes que protegen a los médicos de los estados que intentan hacer cumplir las prohibiciones del aborto más allá de sus fronteras hasta medidas para consagrar el derecho al aborto en las constituciones de sus estados.

Esta semana, a pocos días de que se cumpla un año del fallo, el Instituto Guttmacher –una de las principales organizaciones de defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Estados Unidos– aseguró que investigaciones recientes muestran que casi 26.000 personas no pudieron abortar en los primeros nueve meses posteriores a la decisión.

La organización evaluó que el impacto de la medida “recayó más en las personas que ya tenían dificultades para acceder a la atención del aborto”, incluidas las mujeres “con pocos recursos, negras y marrones, jóvenes, inmigrantes, personas en comunidades rurales y personas con discapacidades”. Y detalló que “el agrupamiento regional de prohibiciones” en los estados del sur “ha empeorado la situación, obligando a quienes pueden pagarlo a viajar grandes distancias para recibir atención”.

El texto, publicado en la página web del instituto, destaca, en contrapartida, que “muchos estados progresistas fueron igualmente rápidos en responder” y que se registró un “aumento en las donaciones” destinadas a “fondos de aborto que aseguran que la atención reproductiva sea asequible”. En la misma línea, resalta el trabajo de las organizaciones civiles que en estos meses brindaron defensa legal “a las personas atrapadas en investigaciones y enjuiciamientos relacionados con el aborto”.

Principales cambios

La ginecóloga estadounidense Veronica Ades, vicepresidenta del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Centro Médico Jacobi de Nueva York, dijo a la diaria que la situación ya era complicada antes de la anulación de Roe vs. Wade, porque había “trap laws”, leyes “trampa”, que buscaban prevenir los abortos o hacer más difícil el acceso sin prohibirlos expresamente. Eso hizo que, para muchas clínicas, en algunos estados, fuera “muy difícil operar” y que se vieran obligadas a cerrar.

Para la profesional, que está especializada en abortos, el principal cambio a partir de la derogación de Roe vs. Wade es que ahora hay una criminalización no sólo de las mujeres que tienen abortos voluntarios, sino también de las que tienen complicaciones obstétricas y terminan perdiendo el embarazo. “Por cómo escribieron las leyes, en esos estados ahora no es un crimen solamente el aborto voluntario, sino también tratar un embarazo complicado, aunque sea peligroso para la mamá”, explicó Ades. “Hay muchos estados en los que vienen mujeres y rompen la fuente a las 16 o 20 semanas [de embarazo] y ya sabemos que ese bebé no va a sobrevivir, la única cosa que puede ocurrir es una sepsis, una infección, porque ya no puede desarrollar los pulmones, pero esas mujeres tienen que esperar hasta que desaparece el corazón del bebé, y eso es tortura”, apuntó.

La ginecóloga dijo que “las personas que escriben las leyes no entienden el espectro de situaciones que abarca un embarazo. Porque podés tener un embarazo que querés, pero lo perdés, o que querés, pero surgen problemas que ponen en riesgo la salud de la mamá o del feto”. “A veces la mujer rompe la fuente y no va a sobrevivir, y ellos no piensan en eso, piensan que es un problema político, cuando en realidad es un problema de salud”, agregó.

Ades consideró que otro de los problemas que trajo aparejado el fallo de 2022 es que, en algunos estados, incluso hablar de aborto puede tener consecuencias, sobre todo para el personal de salud. Esto se condice con lo que señalaron el 2 de junio en un comunicado expertas y expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que advirtieron que la decisión de la Suprema Corte tenía un “efecto amedrentador sobre los médicos y el personal sanitario, que podrían enfrentarse a consecuencias legales por sus decisiones asistenciales, incluidas las relativas a abortos médicamente necesarios o que salvan vidas, o a la extracción de tejido fetal de mujeres con abortos incompletos”.

A la vez, dijeron estar “especialmente alarmados por las crecientes denuncias de amenazas contra la vida de prestadores de servicios de aborto en todo el país” y aseguraron que “algunas clínicas se están absteniendo de prestar servicios relacionados con el aborto, incluso en estados donde sigue siendo legal”. Los expertos afirmaron que la “amenaza de criminalización en muchos estados” incluso “ha disuadido a mujeres y niñas de acudir al sistema de salud y buscar atención prenatal”.

“Todo el mundo se está moviendo en una dirección buena y nosotros en la contraria”, reflexionó Ades, y dijo que espera que las elecciones de 2024 en Estados Unidos tengan resultados que promuevan cambios a favor de los derechos de las mujeres: “Es mi única esperanza”.