Entre 2013 –primer año entero de implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)– y diciembre de 2022 se practicaron 95.733 abortos dentro del sistema de salud en Uruguay. Esto implica que, en promedio, se realizaron en torno a 9.500 abortos por año.

Las cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP), a las que accedió la diaria a través de un pedido de acceso a la información pública, muestran que los abortos fueron en aumento a partir de 2013 –una tendencia que se explica porque los casos empezaron a registrarse–, en 2019 comenzaron a disminuir, se registró un leve aumento en 2021 y se mantuvo al alza en 2022. Así, se pasó de 10.373 abortos legales en 2018 a 10.210 en 2019, 9.915 en 2020, 10.111 en 2021 y 10.505 en 2022, lo que lo convierte en el año con mayor cantidad de abortos realizados desde que se aprobó la ley.

Según explicó a la diaria Leonel Briozzo, profesor grado 5 de la Cátedra de Ginecotocología A de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y exsubsecretario de Salud Pública, “cuando se despenaliza el aborto, siempre hay un incremento no de los abortos sino de los registros de los abortos, porque los registros comienzan a hacerse en el sistema de salud”.

Después, hay una etapa de estabilización y luego comienza el descenso. “En Uruguay comenzó a descender en 2019 hasta el momento de la pandemia, cuando hay un incremento nuevamente. Creo que eso es lo que pasa generalmente y entendemos que es así porque, cuando se despenaliza el aborto, se logran algunos efectos colaterales que son que todos los actores sociales se concentran en prevenir el aborto mediante políticas educativas como las que había en Uruguay y se llevaban adelante en salud sexual y reproductiva integral para el ejercicio de una sexualidad placentera, responsable y, por lo tanto, evitar los embarazos no deseados, y en políticas de anticoncepción”, explicó el experto.

En su opinión, el hecho de que el número de abortos haya aumentado en 2021 y 2022 puede deberse a que “se está fallando en las políticas públicas globalmente” en materia “de educación y en anticoncepción”, o a la “falta de medidas de mitigación adecuadas para las poblaciones más vulneradas” ante la “crisis económica, social y psicológica que se vivió durante la pandemia”.

la diaria quiso consultar a especialistas del MSP para conocer el análisis del organismo rector de las políticas de salud pública, pero desde el área de comunicación dijeron que no estaban “dando notas por este tema”. En su lugar, el subsecretario José Luis Satdjian comentó a este medio que las cifras de las IVE “se mantienen en un margen estable” y que la cartera no tiene denuncias “sobre dificultades en el acceso a esta prestación”, lo que a su entender “habla de que se cumple con la normativa vigente y se respeta este derecho en nuestro país”.

¿Qué características tienen los abortos en Uruguay?

La información brindada por el MSP muestra otras características y variables que ayudan a entender cuál ha sido y es el panorama del aborto en Uruguay desde que es legal. En esa línea, uno de los datos que aporta es que la realización de IVE se ha dividido de manera bastante equitativa entre prestadores públicos y privados: 51,6% de las mujeres que abortaron entre 2013 y 2021 lo hicieron en el sector privado, mientras que 48,4% lo hizo en el público.

A la vez, revela que la gran mayoría de las mujeres que abortaron en Uruguay tenía más de 20 años. A modo de ejemplo, 88% de las que accedieron a un aborto en 2022 pertenecía a ese tramo etario. Los porcentajes son similares el resto de los años. Pese a eso, es importante resaltar que 13.135 niñas y adolescentes de menos de 19 años abortaron entre 2013 y 2022, lo que representa 14% del total. Dentro de este grupo, 4,7% (623) eran niñas y adolescentes de 14 años o menos.

Satdjian resaltó con preocupación el hecho de que se realicen “más de 1.000 IVE cada año en adolescentes de entre 15 y 19 años, y en menor cantidad en menores de 15”. En esa línea, enfatizó en la necesidad de “seguir trabajando en evitar el embarazo no deseado y en evitar las situaciones de abuso y violencia”, además de “seguir fortaleciendo la respuesta integral que se les brinda a las adolescentes y mujeres, sobre todo luego de la intervención, de manera de que puedan seguir adelante con buena salud en su sentido más amplio”.

Por otra parte, la enorme mayoría de las mujeres que consultaron por una IVE entre 2013 y 2021 mantuvo su decisión luego de la consulta de asesoramiento sobre el procedimiento (entre 92% y 95%). Esto confirma que los cinco días de reflexión que impone la ley son innecesarios, como advierten especialistas y organizaciones civiles ya que generalmente las mujeres que consultan para abortar llegan al consultorio con la decisión tomada. En el mismo sentido, el reporte del MSP también muestra que las mujeres que continuaron con el embarazo luego de esa primera consulta son minoría (entre 5% y 8%).

Otro dato que surge es que la principal causa alegada por las mujeres para acceder a un aborto fue su propia voluntad. En 2021, 10.101 mujeres lo hicieron por esa razón (99,9%), en tanto cuatro casos fueron por violación, en dos se invocó riesgo de salud de la mujer y cuatro situaciones correspondieron a anomalías fetales incompatibles con la vida. Un elemento que salta a la vista es que, durante los nueve años analizados, el número de abortos solicitados por anomalías fetales no superó los nueve, excepto en 2020, cuando se registraron 19 casos.

Según los datos de la cartera, de 2013 a 2021 hubo seis muertes maternas por aborto: una en 2013, una en 2016, dos en 2017, una en 2018 y una en 2020. La cifra contrasta si se compara con la registrada entre 2001 y 2012, antes de que el aborto fuera legal, un período en el que el MSP contabilizó 28 muertes maternas vinculadas con un aborto.

Fuera de la ley

En tanto, la Fiscalía General de la Nación recibió 19 denuncias por abortos realizados fuera de los plazos legales entre 2018 y lo que va de 2023, según datos a los que accedió la diaria en respuesta a un pedido de acceso a la información pública. Los datos corresponden a denuncias por dos tipos penales, “aborto con consentimiento de la mujer” y “aborto efectuado con la colaboración de un tercero con el consentimiento de la mujer”, como establecen los artículos 325 y 325 Bis del Código Penal. Las cifras pertenecen a los departamentos de Artigas (dos denuncias en total), Canelones (una), Colonia (una), Flores (una), Florida (una), Lavalleja (una), Maldonado (dos), Montevideo (seis), Paysandú (una), Rivera (una) y Salto (dos).

La Fiscalía detalló que sólo puede brindar información sobre denuncias realizadas a partir de noviembre de 2017, que es cuando comenzó a funcionar el actual Código del Proceso Penal, por lo que no se pudo acceder a información sobre los años anteriores.

Por otro lado, cuatro personas fueron imputadas entre 2019 y 2020 por los dos delitos de aborto que contempla el Código Penal. La información brindada por Fiscalía detalla que tenían 19, 21, 26 y 43 años. En este caso, el organismo señaló que eligió febrero de 2019 como inicio del período ya que es el primer mes en que se comenzaron a registrar en el sistema informático “los resultados de audiencia de cada persona estructurados, lo que permite el análisis estadístico posterior”.