El año pasado se cumplieron diez años de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Uruguay y el aniversario redondo sirvió de excusa para evaluar en distintos ámbitos –académicos, vinculados a la salud, promovidos por la sociedad civil– cómo impactó este hito en la vida de las mujeres durante esta década. También funcionó de puntapié para visibilizar algunos obstáculos que persisten.

Con el objetivo de hacer una puesta a punto sobre un tema que hoy divide las aguas en todo el continente, la diaria se propuso repasar cuál es la situación actual del aborto en nuestro país, qué consecuencias tuvo su legalización a nivel sanitario, social y cultural, y qué desafíos enfrenta.

La respuesta de las expertas y expertos a la pregunta de cómo evalúan los resultados obtenidos a casi 11 años de la implementación de la ley de IVE fue prácticamente unánime: hablan de impactos “positivos” y “beneficiosos”, de una ley “justa” que “corrió el velo de una desigualdad que existía” y, sobre todo, de “un avance importantísimo para la salud de las mujeres”. En materia sanitaria, en concreto, destacaron que legalizar el aborto impactó principalmente en la disminución de la mortalidad materna, la incorporación del tema al sistema de salud y el fortalecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva integral.

A nivel de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), en particular, se estima que en estos años “los servicios no sólo se han implementado en todo el país, sino que se han arraigado en la cultura de provisión y de uso de los servicios”, según afirmó a la diaria la ginecóloga Mónica Gorgoroso, referente técnica en Salud Sexual y Reproductiva de la institución. En ese sentido, aseguró que los equipos “han tomado gran experticia” en el tema y dijo que, “institucionalmente, es una estrategia que está totalmente laudada dentro de las prestaciones que la institución brinda”.

Además, la profesional afirmó que, 11 años después, “se alcanzó una meseta en lo que hace a los servicios” y, contrariamente a lo que sostenían algunos opositores a la ley, quedó demostrado que “el descenso de la natalidad no va atado al aumento de los abortos”, por lo que, “en definitiva, ese descenso nos está diciendo otras cosas y no es que el aborto sea una decisión pueril en la vida de las personas”.

Si bien hay consenso en que la ley de IVE vino a mejorar la vida y la salud de las mujeres que se enfrentan a un embarazo no deseado, las fuentes consultadas también están de acuerdo en que el proceso no está del todo libre de obstáculos y en que hay muchas cosas para mejorar.

Los efectos sanitarios y sociales

“En términos generales, la ley de interrupción voluntaria del embarazo ha mejorado la salud, la vida y la dignidad de las mujeres y de toda la sociedad”, resumió el ginecólogo Leonel Briozzo, que es profesor grado 5 de la Cátedra de Ginecotocología A de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y que cuando se aprobó la ley ocupaba el cargo de subsecretario de Salud Pública, desde donde tuvo un rol clave en su reglamentación.

El profesional recordó que, a principios de los años 2000, “el aborto era la primera causa de muerte materna” en Uruguay y “casi un tercio de las mujeres morían durante el embarazo, el parto y el puerperio por causas vinculadas con el aborto en condiciones de riesgo”. Sin embargo, a partir de la ley, “se consolida esta tendencia a la disminución de la mortalidad materna, tratando de llevar la tranquilidad a la mujer de que no tenía que buscar la medicación para el aborto en el mercado clandestino, sino que era el sistema el que la iba a acompañar durante todo ese proceso”, puntualizó Briozzo.

Para la psicóloga Cecilia Stapff, que integra la asociación civil Iniciativas Sanitarias y ha liderado equipos de capacitación en aborto para profesionales de la salud, además de significar un “avance importantísimo” en materia sanitaria, en tanto “los indicadores de salud han mejorado muchísimo”, la ley contribuyó sobre todo a que el tema se incorpore al sistema de salud, ya que, antes, “era un problema de salud que estaba por fuera, que no se contemplaba realmente dentro del sistema porque no había respuesta de los equipos”.

Cecilia Stapff.

Cecilia Stapff.

Foto: Camilo dos Santos

La profesional remarcó además que si bien la norma “tiene una serie de pasos y de requisitos que a veces hacen que el proceso sea un poco más engorroso”, “la realidad es que funciona, el proceso está aceitado y los equipos de salud han colaborado muchísimo para que esto funcione de la mejor manera posible”.

Por su parte, Gorgoroso aseguró que, además de impactar en la reducción de la mortalidad materna y en que sean “infrecuentes” los riesgos de morbilidad y de lesiones, “de la mano de la despenalización del aborto Uruguay también fortaleció otras líneas, como por ejemplo la salud sexual y reproductiva integral, la cobertura en anticoncepción, la reproducción humana asistida, es decir, otros derechos que son sustantivos y que es lo que ocurre habitualmente cuando los países despenalizan el aborto”.

Las personas consultadas coincidieron en que los impactos de la ley no fueron sólo en el terreno sanitario, sino también a nivel de la sociedad, que de a poco empezó a percibir el aborto como un problema de salud.

“Es un problema filosófico, religioso, jurídico, pero antes que nada es un problema de salud, y creo que con la despenalización se aportó más todavía en esa dirección”, consideró Briozzo. De todas maneras, el experto advirtió que estos avances “no son imposibles de revertir y, por lo tanto, es tan importante que las autoridades públicas, la rectoría de salud en particular, me refiero a las autoridades políticas electas por el pueblo, el gobierno, el MSP, se involucren en esta temática, con independencia de lo que piensen individualmente”.

Según Stapff, al incorporar el tema dentro del sistema de salud “hubo un cambio de poder hablar y poder sentirse más libre, más habilitada a hablar de esto, que es un problema de salud y que las mujeres lo van a hacer independientemente de lo que nosotros queramos o no queramos, porque no importa acá lo que el equipo de salud quiera, sino lo que la mujer realmente desea”.

Barreras para acceder al aborto

Si bien el balance en términos generales es muy positivo, tanto Stapff como Briozzo mencionaron algunas barreras que hoy persisten en el acceso al aborto. Muchas de ellas están establecidas en la propia ley, como la imposición del período de cinco días de reflexión para que la persona ratifique su decisión de seguir adelante con la IVE. “Las mujeres llegan a la consulta ya decididas, la mayoría tiene la decisión tomada de interrumpir el embarazo, entonces tener que esperar obligatoriamente cinco días realmente no sería necesario”, afirmó la psicóloga.

Briozzo, en tanto, dijo que la consulta obligatoria con el equipo interdisciplinario tampoco puede constituirse en un obstáculo, sobre todo “porque muchas veces es difícil conformar esos equipos multidisciplinarios” dentro de los plazos que requiere el proceso de IVE.

Y, hablando de plazos, también abogó por “flexibilizar” los que establece la ley para poder abortar. “La mayoría de las veces se puede lograr un diagnóstico en las primeras 12 semanas, pero no siempre, y no debería ser un obstáculo esa fecha para poder acceder a una interrupción del embarazo segura”, apuntó.

La objeción de conciencia es otra de las disposiciones normativas que pueden dificultar el acceso al aborto en tiempo y forma. Para Briozzo, en realidad, no es un problema “si es genuina”, pero dijo que lo que sucede es que hay profesionales que realizan ciertas “desviaciones”, como la “pseudo objeción de conciencia, que es cuando el profesional no hace la práctica del asesoramiento o del acompañamiento no por problemas filosóficos o religiosos, sino por problemas de conveniencia propia –porque no tiene ganas, porque no sabe, porque es ignorante– o [porque], como no lo pagan más que otra cosa, no lo hace”. Además, señaló que los profesionales pueden llegar a negarse “como una especie de desobediencia civil, porque quieren que se modifique la ley”.

Leonel Briozzo.

Leonel Briozzo.

Foto: Alessandro Maradei

En cualquier caso, Stapff consideró que el MSP como órgano rector “podría tener cierto control o registro de la utilización de este recurso, no simplemente tener la cantidad [de objetores]”, como sistematiza hoy en día, “sino poder tener un registro y poder ir monitoreando cómo se van desempeñando los servicios más allá de la cantidad de objetores”.

Gorgoroso reconoció que en ASSE no están “exentos” de que haya “profesionales o funcionarios que puedan tener conductas disuatorias de la decisión de interrumpir [el embarazo] o de juzgar a las usuarias”, pero insistió con que “no es la postura institucional ni es lo que la institución avala”.

La experta aseguró que “muchos profesionales que han realizado la objeción de conciencia son profesionales absolutamente respetados y respetuosos de los derechos de las usuarias, y realizan, como la norma lo dice, una referencia responsable de esa usuaria”. Agregó que si hay otros “que utilizan su lugar dentro de la institución o su lugar de poder con respecto a la usuaria para desestimular la interrupción, todas las veces que podemos tener comentarios de estas situaciones las hemos abordado para ver si efectivamente esto está ocurriendo y corregir esas prácticas, porque está totalmente reñido con la política institucional”.

La referente de ASSE dijo además que en los departamentos donde hay mayor número de profesionales objetores de conciencia la institución diseña “planes de contingencia” para prever situaciones concretas. Por ejemplo, planificar cómo se cubre el servicio si hay un único profesional que brinda la práctica y durante determinado período se acoge a su licencia reglamentaria.

Por otra parte, pese a los avances en el terreno social, el estigma sigue arraigado y constituye uno de los principales desafíos para quienes quieren abortar. “Creo que en algunos lugares sigue habiendo un estigma asociado importante, que es lo que hay que tratar de erradicar”, insistió Briozzo en ese sentido, y llamó a “comprender de una buena vez y sin hipocresías que el embarazo no deseado es una eventualidad por la cual puede transcurrir cualquier mujer, de cualquier clase social, religión, etnia, y en cualquier momento, y, por lo tanto, tiene que ser contemplado por el sistema integralmente”.

Gorgoroso reconoció que la estigmatización del aborto sigue siendo una de las barreras culturales a las que se enfrentan “mujeres o parejas que atraviesan por un embarazo no deseado” en distintos ámbitos de su vida cotidiana, y aseguró que, aunque “el sistema de salud no debe hacerse eco de esas barreras”, también “está conformado por personas que pertenecen a esas mismas comunidades”, por lo que “es una barrera con la cual hay que seguir trabajando”.

Lo que se puede hacer

Otro elemento en el que coinciden es que la ley debería actualizarse, aunque no es el momento, por lo que, mientras tanto, se pueden generar estrategias para facilitar algunos procesos. Una es capacitar a los equipos de salud. Al respecto, Stapff precisó que la capacitación se realizó “al principio, cuando se empezó a implementar la ley”, pero que después “fueron pocas las iniciativas que ha tenido el MSP y sabemos que hay mucha rotación de equipos de salud, entonces es importante mantener una capacitación continua”. También mejorar la difusión para que “la información llegue a todos lados” –“eso todavía no ha pasado”, opinó la experta– y que haya datos actualizados disponibles “para poder hacer un monitoreo exhaustivo de los servicios y saber cómo están funcionando”.

Gorgoroso, en tanto, propuso “regular la objeción de conciencia”. “Hay varias prácticas que por suerte podemos objetar los profesionales de la salud porque estarían reñidas con nuestra ética, pero requieren una reglamentación para que ese conflicto de derechos entre la conciencia del profesional médico y el derecho de la usuaria no entren en conflicto, y si entran en conflicto, que se pueda dirimir ese conflicto. En ese sentido, sí tenemos cosas para seguir haciendo”, manifestó la funcionaria.

Para la referente de ASSE, Uruguay parece estar lejos de percibir el aborto como “un evento de la vida sexual y reproductiva de las mujeres que se transita dentro del sistema de salud como se transita el parto o la cesárea”, pero aseguró que se han dado “muchos pasos”. “En los años 2000, cuando me formaba como ginecóloga, había prácticas punitivas dentro del sistema de salud: a las mujeres que llegaban diciendo que se habían hecho un aborto se las denunciaba a la Policía. Eso visto hoy, en 2023, parece totalmente y es reñido con la ética y con el deber ser del sistema de salud, o sea que fuimos capaces de dar importantes avances en un corto período de tiempo”, apuntó Gorgoroso, y aseguró que “es un camino para andar no finalizado”.

Briozzo, por su lado, abogó por “permanentemente unir los derechos con las evidencias y demostrar lo buena que ha sido la implementación de esta ley”, para “contrarrestar cualquier embate que trate de llevarnos nuevamente al pasado”.