La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) aseguró que “el Estado es responsable” por la “ineficaz e ineficiente actuación desplegada ante la desaparición temporal, intermitente o definitiva” de niñas, niños y adolescentes institucionalizados en centros de protección 24 horas del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). La conclusión surge de una investigación de oficio que inició el organismo el 9 de julio de este año por la situación de una adolescente que está ausente de un hogar del INAU de Rivera desde abril y que, se presume, estaba en un contexto de explotación sexual.

La resolución, que está fechada el 1º de octubre, pretende tener “una vocación transformadora de prácticas que no han sido protectoras ni garantes de derechos”. Por eso, además de dar detalles sobre distintas negligencias y omisiones en la respuesta interinstitucional a esta situación específica, plantea recomendaciones para las instituciones destinatarias, que son la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior, el Parlamento y el propio INAU.

La grave situación que atraviesan niñas y adolescentes que están al amparo del INAU quedó al descubierto después de que trascendiera en la prensa la muerte de una adolescente de 16 años que estaba embarazada, se encontraba bajo protección del INAU en Rivera y era víctima de explotación sexual en el marco de salidas no acordadas. Esto derivó en una interpelación del Frente Amplio a las autoridades del INAU y del Ministerio de Desarrollo Social, que expuso a la vez la situación extremadamente crítica de los centros de Rivera. En esa instancia, la senadora interpelante, Silvia Nane, aseguró que del total de situaciones de explotación sexual que se registran en ese departamento, 75% “se da con niñas, niños y adolescentes que viven en hogares del INAU”.

El caso puntual

La INDDHH alerta sobre el contexto familiar vulnerable en que vivía la adolescente desaparecida en abril y advierte de la “existencia de elementos que indicaron presuntas situaciones de explotación sexual y la falta de verificación de la situación de sus hermanos/as”, que se encuentran a cargo de la madre. Además, da como “plenamente probado” que “las medidas de protección vinculadas a una eventual situación de riesgo no brindaron las garantías necesarias para la protección” de la adolescente ni de sus hermanos, de acuerdo con el documento, consignado por El Observador y al que accedió la diaria.

Describe, además, la actitud omisa de las instituciones que estuvieron involucradas. Dice, por ejemplo, que “la ausencia de respuesta del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General de la Nación no permiten brindar un análisis a cabalidad” sobre los hechos de violencia y/o delitos sexuales, pero que lo que sí está “plenamente documentado” es que la adolescente “concurrió en reiteradas oportunidades en busca de ayuda para protegerse y proteger a sus hermanos”. Detalla así una serie de denuncias por violencia que ella hizo entre abril de 2021 y mayo de 2023 que no avanzaron, excepto la última, que derivó en una comunicación con un Juzgado de Familia Especializado, el 15 de junio de 2023.

La institución también da cuenta de la falta de un abordaje integral a todo el núcleo familiar. En ese sentido, informa que el Centro de Estudio y Derivación (CED) del INAU de Rivera expresó que “si hubo denuncia en abril 2021, no ha llegado ninguna petición oficial” al servicio de intervención y, por otra parte, manifestó que en el expediente judicial se refiere exclusivamente a la situación de la adolescente y no a la de sus hermanos, una afirmación que la INDDHH califica de “reduccionista”, ya que “no permite brindar una respuesta institucional adecuada”.

La adolescente “forma parte de un núcleo familiar que ha requerido múltiples intervenciones institucionales del INAU, del Ministerio del Interior, del Poder Judicial, de salud y de la educación”, insiste la institución, y señala que ella misma le manifestó a una funcionaria del INAU la “preocupación por la integridad personal de todos sus hermanos” en la denuncia realizada el 30 de enero de 2023.

Por su parte, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia respondió que para su intervención se requiere que un programa u organización del territorio presente la solicitud ante el Comité de Recepción Local y que en este caso no se produjo.

“Si bien es posible que la situación haya variado en relación al riesgo, producto que el padrastro se suicidó en noviembre del 2023, los antecedentes familiares, el hecho de que una de sus hijas se encuentre desaparecida, los indicadores de eventual situación de explotación sexual, entre otros aspectos, no hacen compartible las valoraciones realizadas”, cuestiona la INDDHH.

El problema con las salidas no acordadas

De la investigación de la INDDHH surge que las “salidas no acordadas” son frecuentes en el centro adolescente de mujeres de Rivera. De hecho, el documento señala que técnicos de ese hogar “han presentado denuncias en reiteradas oportunidades ante posibles situaciones de explotación sexual vinculadas a las salidas no acordadas, que no han sido debidamente investigadas”, y resalta que, a pesar de las advertencias, la Unidad de Trata de la ciudad de Rivera no tenía “ninguna investigación en curso por estos hechos” cuando sus integrantes fueron entrevistados por la INDDHH.

En el caso analizado, el organismo puntualiza que, “pese a las reiteradas salidas no acordadas registradas, y ante indicadores claros de riesgo, no se lograron diseñar estrategias adecuadas y protectoras de derechos”, y “tampoco se puede visualizar un accionar diligente tendiente a su ubicación”.

Al mismo tiempo, apunta que “no se han cumplido con los estándares internacionales de protección de derechos humanos”, ya que la adolescente ingresó al registro de personas ausentes del Ministerio del Interior “varios meses después de su desaparición”. También agrega que “no surgen elementos de que se esté realizando una investigación en tal sentido pese a los riesgos denunciados”.

Cuando una niña, niño o adolescente desaparece, “no alcanza con la mera formulación de la denuncia ante la seccional de policía competente”, recuerda la INDDHH. “Aun cuando la desaparición sea de manera temporal, hay un conjunto de derechos que corren riesgo de ser vulnerados como ser la integridad psicológica, física, sexual, la vida”, por lo que “la determinación del riesgo en cada caso es responsabilidad del INAU, quien además debe realizar un abordaje individual, analizando las razones por las cuales se dan estas salidas, buscando estrategias de abordaje y prevención”, expresa el organismo.

Recomendaciones

Además de exigir que se tomen medidas para una “búsqueda permanente y activa” de la adolescente desaparecida en abril y para su “protección y reparación integral”, la INDDHH plantea recomendaciones para el sistema de protección de las infancias en general.

Una de las cosas que propone es diseñar una herramienta de evaluación de riesgo para las salidas no acordadas, así como un mapa de ruta ante estas salidas, “que involucre al sector salud, educación, Poder Judicial, Fiscalía, Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, sociedad civil organizada, la INDDHH y el Consejo Asesor Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes del INAU”.

A la Fiscalía le recomienda “fortalecer la investigación en los casos donde se denuncie riesgo de explotación sexual por INAU de manera pronta y eficaz, tendiente a la ubicación de la víctima” y a la “sanción a los responsables materiales e intelectuales”. Al Poder Judicial, que los jueces, al recibir comunicaciones de desapariciones de niños, niñas y adolescentes, “tomen medidas en coordinación con la Fiscalía competente” para lograr su ubicación y que, una vez hallados, “se les garantice su derecho a ser oídos con las debidas garantías, articulando con INAU estrategias de prevención de salidas no autorizadas respetuosas de sus derechos y de los procesos restitutivos en los que se encuentran”.

En paralelo, sugiere al INAU que inicie una investigación administrativa a las autoridades departamentales de Rivera y del funcionariado del centro adolescente de mujeres de ese departamento, y exhorta al Parlamento a que apruebe el Protocolo Alba, vigente en países como México, que establece un mecanismo de coordinación inmediata entre distintos niveles del Estado para la búsqueda y localización de mujeres, niñas, niños y adolescentes.