Hace cinco años la coalición republicana llegó al poder de la mano del presidente, Luis Lacalle Pou. Así, por primera vez en la historia de Uruguay, la derecha tradicional –en este caso, en alianza con partidos del mismo signo y de ultraderecha– gobernó el país después de 15 años de mandatos de izquierda.
Durante los gobiernos del Frente Amplio (FA), las mujeres y disidencias conquistaron ciertos derechos. Algunos de los más emblemáticos se plasmaron en leyes como la de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en 2012, la de violencia basada en género (VBG) en 2017, y la que contempla políticas específicas para las personas trans en 2018.
A pocos meses de que la coalición termine su mandato, vale la pena hacer un repaso sobre cómo se posicionó el oficialismo ante los derechos conquistados por las mujeres y personas LGBTI+. Para eso, analizamos junto con expertas cuáles fueron los proyectos de ley más regresivos para estas poblaciones y qué discusiones parlamentarias generaron a su alrededor.
Estrategia asfixiante
En este gobierno “no hubo avances en el mismo sentido que en los 15 años anteriores, y a partir del programa de gobierno tampoco lo esperábamos. Más allá de que hubo algunas excepciones, fue todo planteado desde una visión muy conservadora”, dijo a la diaria la investigadora y doctora en Ciencia Política Niki Johnson.
Durante el período electoral de 2019, los partidos de la coalición ya daban mensajes contra lo que llaman “ideología de género”, un concepto que algunos de sus legisladores usarían a lo largo de toda esta administración. Ese año fue la primera vez que se utilizó el concepto como argumento principal de una campaña política en Uruguay, según concluyó la investigadora y comunicadora especializada en análisis del discurso Agustina Huertas en su tesis final de grado.
Se trata de la campaña que impulsó el dirigente nacionalista Carlos Iafigliola cuando promovió un prerreferéndum para derogar la ley trans. Si bien no tuvo éxito, marcó un gran precedente para las normativas y discusiones regresivas que vendrían luego.
En diálogo con la diaria, Huertas explica que esta campaña formó parte de las “estrategias políticas y discursivas de resistencia” de una derecha que en ese entonces funcionaba como oposición reaccionaria, pero que, una vez que asumió el poder en 2020, llevó las discusiones al corazón del Parlamento. Allí instaló discursos conservadores a través de nuevas iniciativas legislativas –como los intentos de modificar la ley de VBG– con el objetivo de asfixiar de a poco algunas leyes ya consagradas.
Gobierno “provida”
Previo a asumir, Lacalle Pou ya planteaba que lideraría un gobierno con una “agenda provida” que implementaría acciones para “desestimular los abortos”. Si bien la ley de IVE no se tocó durante estos cinco años, su implementación se vio obstaculizada a través de distintas acciones u omisiones –como no destinarle recursos– y algunas medidas que intentaron desplazarla, reformulando discusiones ya saldadas sobre el aborto y, por ende, sobre la maternidad y los cuerpos gestantes.
En 2021, Guido Manini Ríos presentó el proyecto de minuta de comunicación “Fomento de la natalidad”, que se elevó al Poder Ejecutivo. El senador de Cabildo Abierto (CA) planteaba estimular los nacimientos en un país con una tasa de natalidad muy baja. Según Huertas, la discusión en el Parlamento giró en torno a que “las parejas actuales no quieren tener hijos por el costo económico, por lo que propusieron darles ciertas exoneraciones y bajas impositivas”.
En esa discusión, poco se tuvo en cuenta el deseo de las mujeres o personas gestantes. Al decir de la investigadora, “para CA, el rol de la mujer es tener hijos. Con esta propuesta se le atribuye una carga de culpa a la mujer o persona gestante. Ellos dicen: si las mujeres no tienen más hijos, nuestra nación se va a pique”. Esta minuta no llegó a ser proyecto de ley, pero sí puso sobre el tapete la mirada conservadora sobre la maternidad, el rol de la mujer y, de fondo, la discusión sobre el aborto.
Olla Feminista, el 8 de abril de 2020, en el CES. Foto: Mariana Greif
El mismo año, las senadoras Carmen Asiaín del Partido Nacional (PN) y Carmen Sanguinetti del Partido Colorado presentaron un proyecto de ley, aprobado a fines de 2023 y no exento de discusiones polémicas, que reconoce el derecho de los progenitores a la inhumación, cremación e inscripción en el Registro Civil de los “nacidos sin vida”. Especialistas y organizaciones sociales vinculadas al tema cuestionaron el proyecto por “ignorar el criterio científico”, “contrabandear una agenda antiderechos” y, una vez más, “no considerar la voluntad de la mujer”.
“En realidad, este proyecto propone [entre otras cuestiones] que los padres y madres que pierden a su hijo antes de que nazca o inmediatamente después de nacer le puedan dar una sepultura adecuada y tener licencia por duelo. Lo cual corresponde, porque es una pérdida igualmente, y hasta ahora, como no estaba legislado, esos restos pasaban a ser residuos biológicos” en la órbita del centro de salud, explica Huertas.
Sin embargo, asegura que en este debate se volvió a plantear que “la vida comienza a partir de la gestación” y se retomaron discusiones ya saldadas cuando se legisló el aborto, como con qué cantidad de semanas y peso se reconoce la muerte fetal.
En palabras de Johnson, “en el momento en que a un feto se le da personería jurídica para darle un entierro y un certificado de muerte, se está asentando un precedente para fundamentar argumentos en contra del aborto voluntario”. Esta ley tuvo el beneplácito del cabildante Manini Ríos, por “ser un paso adelante hacia el reconocimiento de la vida desde la concepción”.
Por otra parte, el proyecto de ley que pretende habilitar la adopción prenatal y neonatal, presentado en mayo de 2023, también levantó críticas de organizaciones sociales y especialistas por calificarlo de “innecesario” y “regresivo”. Impulsado por las senadoras nacionalistas Asiaín y Gloria Rodríguez, plantea que toda persona embarazada tenga “derecho” a dar en adopción al bebé antes de que nazca o enseguida después del parto. “Va por el mismo lado que el de ‘nacidos sin vida’ o incluso peor. Acá hay una línea muy fina porque implica llevar adelante un embarazo que no deseás pero lo podés dar en adopción. Es muy riesgoso y no se tiene en cuenta que hay situaciones muy complejas”, explica Huertas.
Para ella, en vez de derogar la ley de aborto, una medida que “no iba a quedar bien públicamente”, el gobierno propuso leyes y retomó discusiones que pasaron por encima esta ley utilizando “discursos más amigables”. Discursos en los que el deseo de las mujeres y personas gestantes está anulado o no se concibe.
En tu contra
La ley de corresponsabilidad en la crianza es otra de las iniciativas que levantaron polémicas durante este período. Impulsada en el Senado por Asiaín, Graciela Bianchi y Sergio Abreu, del PN, tuvo prioridad por parte de Lacalle Pou. Fue aprobada en mayo de 2023, después de más de tres años de discusión parlamentaria, en los que se fusionó con el proyecto de ley de tenencia compartida presentado por tres senadores de CA.
Según se plasma en la legislación, la normativa pretende garantizar los derechos y hacer cumplir las obligaciones que tienen ambos progenitores en torno a la crianza de sus hijos e hijas una vez que se disuelve el vínculo de pareja o matrimonio. Johnson y Huertas investigaron las estrategias discursivas que hay detrás de esta ley y lo plasmaron en el artículo “Estrategias discursivas de la derecha uruguaya para impulsar la Ley de Corresponsabilidad en la Crianza”, publicado en la revista Encuentros Latinoamericanos.
Intervención por el Día Internacional de Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el 28 de mayo de 2020, frente al Palacio Legislativo Foto: Mariana Greif
Ellas concuerdan en que uno de los objetivos de esta norma fue abonar un terreno de suspicacias en torno a la ley de VBG. Es decir, establecer ciertos antecedentes legislativos que luego permitan cuestionar y modificar una ley fundamental para la autonomía y los derechos de las mujeres.
La estrategia discursiva que utilizaron fue la de primero poner el foco en proteger a las infancias y rápidamente desplazarlo para cuestionar el rol de la mujer. Una forma “encubierta” de tratar el tema para no plantearlo directamente, dice Johnson. Ella considera que se apeló a una base científica para argumentos que son del orden de las creencias y la fe: “Con ese discurso de la ‘ideología de género’ se trata de socavar lo que es una producción académica de más de medio siglo que comprueba la construcción social del género”.
A la par, en los discursos detrás de esta ley, las investigadoras identificaron el uso y apropiación de argumentos feministas. El mismo concepto de “corresponsabilidad” tiene su origen en el movimiento feminista de la década del 80. Ellas retoman un fragmento de un discurso de Asiaín en el Parlamento que explica uno de los pilares de la ley: “La posibilidad de la mujer de liberar tiempo y energías para poder desarrollarse profesionalmente en una sociedad que aún arrastra algunos rasgos tradicionales”.
Durante todo el debate se hizo referencia a que “las mujeres tienen que ser libres” y a que esta normativa apunta a subsanar el reclamo histórico de las feministas por la correcta división de las tareas de cuidados. Pero, según Johnson, “la ley no apunta a resolver nada de eso, y las personas que escuchan por encima el debate o que no les interesa la política quedan con un titular que es engañoso. Se hizo un uso de estos conceptos de forma cínica, dijeron que iban por un lado y fueron por otro”.
En el seno de esta discusión también estuvo el debate por las “denuncias falsas”, la idea de que las mujeres denuncian falsamente por violencia de género a sus parejas o exparejas para castigarlos y no permitirles ver a sus hijos. El fervor de este debate llevó a incluir en la ley, de la mano de la diputada colorada María Eugenia Roselló, el artículo 15 que prevé un agravante para las denuncias falsas entre progenitores que estén amparadas por la ley de violencia de género. Un debate que refuerza la idea de la “mala madre” o “mala mujer”.
“Las leyes se deben abordar en base a problemas reales, pero, si se mira el proyecto de ley de corresponsabilidad, en ningún lado hablan de datos concretos”, dice Johnson. Hasta ahora, el relato de las denuncias falsas se ha construido sin evidencia y con un manejo poco transparente de la información, porque no se produce estadística sobre estos casos. Se lo plantea en términos hiperbólicos alegando que existen miles de niños impedidos de ver a sus padres, “cuando no sabemos si son 20 o 20.000”, agrega la politóloga. En contraposición, pone como ejemplo las miles de denuncias que sí recibe el Ministerio del Interior cada año por parte de mujeres que sufren violencia basada en género.
Marcha por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2023 Foto: Laura Sosa
Una arremetida directa
Luego de sembrar dudas sobre la violencia de género e instalar el relato de que “las mujeres mienten”, se atacó directamente a la ley de VBG. En marzo de 2024, CA y el diputado colorado Gustavo Zubía presentaron dos proyectos de ley que apuntaban en esa dirección. Dos meses después, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento otro proyecto de ley con el fin de modificar cuatro artículos de esta norma. En líneas generales, los argumentos en contra de la Ley 19.580 se basan en que es injusta, perjudicial para los hombres y que no ha resuelto el problema de la violencia hacia las mujeres. Ninguna de las dos iniciativas ha tenido éxito.
Tres ataques en un mismo año, contra una misma ley, en un país en el que las denuncias por violencia basada en género hacia las mujeres no paran de crecer y la violencia recrudece. Alicia Deus, abogada y corredactora de la ley de VBG, insiste en que este accionar antigénero no es aislado de lo que ocurre en la región y el mundo, donde los discursos reaccionarios de Javier Milei y Donald Trump son legitimados.
La abogada asegura que esta administración no le adjudicó presupuesto ni tuvo voluntad política para aplicar la ley de VBG, y considera que se la carga particularmente porque, acompañada del nuevo Código del Proceso Penal, generó grandes modificaciones en el sistema penal: “La ley modificó la investigación de oficio, los nuevos delitos de abuso sexual que apuntan a la falta de consentimiento, las garantías en materia de prueba, las normas para la no revictimización de las víctimas en los procesos penales. Eso no gustó a muchos juristas que estaban acostumbrados a que los delitos sexuales eran los más impunes”.
Las mujeres
Hay un denominador común en estas normativas y es que la mayoría fue presentada por legisladoras oficialistas. Y no es que ellas no hayan participado en otras discusiones, pero sí fueron las que se embanderaron con estas causas.
Marcha por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2024 Foto: Ernesto Ryan
Huertas no cree que este sea un hecho aleatorio, sino más bien una estrategia. Por ejemplo, en la ley de corresponsabilidad en la crianza, “que ellas tomen postura y digan ‘yo también soy mujer y madre y pienso esto’ es una forma de deslegitimar a quienes están en contra de la ley”. La investigadora dice que, al apropiarse de conceptos teóricos de los feminismos, es como si dijeran “nosotras queremos promulgar una ley que va en pos de los derechos de las infancias; si no están a favor de esta ley, no son tan feministas”.
En su caso, Johnson no tiene evidencia de que sea una estrategia deliberada, pero que sean mujeres las que presentan los proyectos más regresivos para las mujeres los “hace más fuertes o ‘convincentes’”. La politóloga también considera que, siendo las mujeres la cara visible de estos proyectos, “se hace más difícil argumentar que son ideas patriarcales”.
Hay otros ejemplos de proyectos de ley regresivos presentados en este período por legisladoras mujeres, que finalmente no salieron adelante. Uno es el que pretendía prohibir el lenguaje inclusivo en los institutos de enseñanza y en los entes públicos, impulsado en 2022 por la entonces diputada cabildante Inés Monzillo. El otro es el que presentaron a mediados de este año legisladores de distintos partidos de la coalición –con Roselló a la cabeza– llamado de “tutela del trabajo sexual”, que fue cuestionado por organizaciones de trabajadoras sexuales.
Discusiones futuras
El 1° de marzo de 2025 asumirá un nuevo gobierno del FA. Para Huertas, “que asuma un gobierno progresista no quiere decir que estas discusiones no tengan disponibilidad para retomarse, porque muchos de estos proyectos de ley están en pausa”. “Es una incógnita cómo se van a dar esas discusiones”, agrega, “pero es muy probable que se retomen, porque muchas de ellas no han sido saldadas. Y si tomamos como ejemplo los gobiernos frenteamplistas anteriores, a la par de los derechos conquistados venía la reacción, y fue cuando hubo mayor cantidad de discusiones y repercusiones públicas”.