El gobierno del presidente argentino, Javier Milei, prohibirá el uso del lenguaje inclusivo y “todo lo referente a la perspectiva de género” en la administración pública nacional, anunció este martes el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa. El portavoz detalló que la medida, que según señaló es una orden del propio mandatario, implica que “no se va a poder utilizar la letra e, el arroba, la x” y que habrá que “evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública”.

Consultado por una periodista sobre las razones por las que se busca prohibir un lenguaje que “contempla a todos los sectores” de la sociedad, Adorni respondió: “El lenguaje que contempla a todos los sectores es la lengua castellana, el español”. Y agregó: “Es un debate en el que no vamos a participar, porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política”.

El anuncio se produce días después de que el Ministerio de Defensa dispuso como obligatorio que el funcionariado de la cartera emplee el idioma castellano, “conforme a la normativa y reglamentación que rige cada área respectiva, bajo los términos y reglas fijados por la Real Academia Española”, y advirtió que el incumplimiento provocará sanciones.

La resolución, que está firmada por el ministro Luis Petri y que empezó a regir el viernes pasado, prohíbe el uso de terminologías como “generala”, “sargenta”, “soldada” o “caba”, así como el uso de estructuras neutras o no binarias.

El documento también adelanta que el ministerio lanzará una campaña de difusión sobre la prohibición del uso del lenguaje inclusivo y pondrá en marcha capacitaciones del nuevo código para el personal, según informó Página 12.

Cuando se dio a conocer el contenido de la polémica “ley ómnibus”, que Milei envió al Congreso a fines de diciembre y que hace unas semanas fracasó en la Cámara de Diputados, colectivos feministas y LGBTI+ habían advertido sobre las modificaciones de algunas leyes que implicaban (entre otros retrocesos) la eliminación del lenguaje inclusivo de la redacción vigente.