El jueves, el presidente de Argentina, Javier Milei, dedicó su discurso de media hora en el Foro Económico de Davos a atacar a la comunidad LGBTI+ y a las mujeres, con información falsa y tergiversada. No es la primera vez que el mandatario utiliza un escenario internacional para manifestar su postura antigénero, antifeminista y homotransodiante, pero esta vez sus declaraciones fueron interpretadas por organizaciones sociales como “más violentas” y estuvieron seguidas por el anuncio de que el gobierno presentará un proyecto de ley que justamente recortaría derechos conquistados por estas poblaciones.

Frente a esta arremetida libertaria, el activismo LGBTI+ y feminista convocó a una asamblea “urgente”, que se celebró el sábado en el Parque Lezama de Buenos Aires, con el objetivo de definir acciones y estrategias colectivas. Después de cinco horas, las cientos de personas que participaron definieron la convocatoria a una “Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista” para el próximo sábado 1º de febrero, a las 16.00, desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. La movilización se desarrollará bajo la consigna: “La vida está en riesgo. ¡Basta! Al clóset no volvemos nunca más”.

“Es totalmente necesario poder constituir un cordón democrático para ponerle un límite a esta política reaccionaria. Por eso el principal reclamo está orientado al Parlamento”, dijo este lunes Martín Canevaro, presidente del colectivo 100% Diversidad y Derechos, a la Radio AM 750 de Argentina. El activista aseguró que la marcha será en rechazo al discurso del presidente, que incluyó “conceptos que tienen que ver con un pensamiento totalmente facho” y “de una negación del otro”, y contra el anuncio de un “paquetazo reaccionario”.

Según informaron distintos medios argentinos, el proyecto de ley en cuestión lleva como nombre “Igualdad ante la Ley” y será presentado en la apertura de las sesiones legislativas el 1° de marzo. Entre los distintos puntos que incluiría está la eliminación del cupo laboral para personas trans, los documentos de identidad para personas no binarias, el cupo de representación de género en las listas electorales y el cupo laboral para personas con discapacidad. A su vez, buscará modificar el Código Penal para eliminar la figura de femicidio como agravante del homicidio, tal como adelantó el viernes el ministro de Justicia argentino, Mariano Cúneo Libarona.

Lo que dijo Milei

Muchas de estas propuestas van en línea con lo que dijo el líder libertario en Davos. Criticó, por ejemplo, que “muchos países supuestamente civilizados” hayan “normalizado” que “si uno mata a la mujer se llama femicidio” porque “eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre”, lo que, a su entender, significa “legalizar, de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”.

Respecto de la diversidad, apuntó concretamente contra los varones homosexuales y las personas trans. Para lo primero, utilizó el caso de una pareja de homosexuales que el mes pasado fueron condenados en Estados Unidos por abusar sexualmente de sus hijos adoptivos, para concluir que todos los homosexuales “son pedófilos”. Y remató que, “en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil”.

Por otra parte, en referencia a las infancias trans, señaló que “están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de cinco años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa”.

Los dichos de Milei no sólo generaron la respuesta desde el activismo social, sino que además fueron denunciados. El diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista, presentó el mismo jueves una denuncia penal contra el presidente por los delitos de incitación al odio, amenazas, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, abuso de autoridad y contravención por discriminación, según se lee en el documento que el legislador difundió por X.

Por su parte, la agencia Presentes reportó que, tras el discurso de Milei, la Federación Argentina LGBT presentó un habeas corpus preventivo para proteger a las personas que defienden los derechos humanos en el país.