Marcha por la Diversidad: con la demanda de que “sepan cumplir”, colectivos exigieron presupuesto para leyes que garantizan sus derechos

Las ráfagas de pelusas de plátano tan características de la primavera en algunos puntos de Montevideo quisieron ser protagonistas de esta tardecita de viernes soleada y templada, que se prestaba ideal para disfrutar al aire libre, pero al menos en la plaza Cagancha no pudieron. La convocatoria de la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad era a concentrarse a las 18.30, pero un poco más temprano ya había un ambiente de celebración a los dos lados de la avenida 18 de Julio, donde todavía quedaban activas algunas de las carpas de artesanías instaladas en la “Previa de la marcha”.

Ya más cerca del horario fijado, lo que habían sido pequeños grupos de personas diseminados por la zona se transformaron en una multitud que para las 19.00 incluía a centenares con sus outfits impecables, sus maquillajes elaborados y sus pancartas con consignas orgullosas. “No tenés que ser la causa para apoyarla”, “respetemos todas las familias”, “por una educación travesti y popular” y “el odio no nos hace menos gay” eran algunas de las que sobresalían.

Hay algo que siempre pasa en la Marcha por la Diversidad –que este año cumple 20 años– y es que el clima es de festejo, de alegría, de sentir seguridad y libertad para mostrarte como sos, pero a la vez con esa mezcla de épica que le dan los reclamos de una comunidad que, en un país con leyes pioneras en materia de diversidad, todavía no tiene garantizados algunos de sus derechos más básicos y sufre distintas formas de discriminación.

Por eso Juan (60) y Daniel (54), que están casados hace 11 años, viajaron desde la ciudad de Rocha especialmente para participar de la manifestación. De hecho, en conversación con la diaria, contaron que el suyo fue el primer matrimonio igualitario de esa localidad. “Marchamos porque si bien hay derechos adquiridos, todavía hay huecos, hay partes del colectivo que todavía sufren muchas cosas, falta de trabajo, falta de acceso a salud; eso todavía se tiene que cumplir”, dijo Juan. “Porque tiene que haber más tolerancia”, sumó Daniel.

Cuando el reloj marcaba unos diez minutos pasadas las 19.00, la multitud empezó a caminar por la avenida Rondeau, para después invadir la anchísima avenida Libertador. Este año, como en otros, tres chatas móviles acompañaron el recorrido con música pop, electrónica y ocasionalmente alguna plena. Como ya es habitual desde hace algunos años, la marcha guardó silencio al pasar frente al Instituto de Profesores Artigas, donde Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos alzaban las fotos de los seres queridos que siguen buscando.

En el medio del camino, dos adolescentes se sacaban fotos ostentando sus looks. “Vinimos a marchar por la diversidad y para decir que todos somos libres de ser lo que queramos ser y de amar como queremos amar, porque amamos por el amor, no por el género”, aseguró a la diaria Liam (15), que se identificó como un chico trans. Mayte (16), por su parte, contó que era su primera vez en la marcha y que iba “de acompañante”: “Yo soy hetero, pero vengo a mostrar mi apoyo”, afirmó. Unos metros adelante estaba Josefina (19), que sostenía divertida un cartel que, entre glitter y plumas, ponía: “Orgullo bi, porque el amor no entra en cajas”.

Al llegar a la plaza Primero de Mayo, representantes de la quincena de colectivos que integran la Coordinadora se acomodaron para leer la proclama de este año, que, como la marcha, estuvo atravesada por la consigna “Si hay derechos, que se note. Sepan cumplir”.

Lo que hay que cumplir

Durante la lectura de la proclama, la Coordinadora hizo alusión a la consigna y explicó que “los derechos no se agradecen, se exigen”. “Hace tiempo que venimos diciendo que no basta con leyes escritas: tienen que cumplirse. Tienen que cumplirse en la vida cotidiana de las personas, en el acceso a la salud, a la educación, al trabajo digno, en cada institución y en cada rincón del país”, ahondaron las personas voceras.

En esa línea, manifestaron “indignación” por el presupuesto nacional, cuyo incremento calificaron de “una miseria frente a las emergencias que vivimos todos los días”. “La salud, la educación, la vivienda, la violencia basada en género, la reparación histórica del racismo estructural y el capacitismo, el acceso a la Justicia, la búsqueda de la verdad y la precarización. ¿Qué hacemos con ese aumento, señor presidente? ¿Hasta cuándo el pueblo tendrá que vivir de migajas?”, enfatizaron, dirigiéndose directamente a Yamandú Orsi.

En lo concreto, denunciaron que “no se cumple el cupo laboral para personas trans, afro y en situación de discapacidad” y afirmaron que “no hay voluntad política para hacerlo”, a lo que se suma “la discriminación sistemática en las instituciones, la imposibilidad forzada de culminar los estudios y la dificultad extrema para conseguir trabajo”.

A la vez, reivindicaron el “derecho a una vivienda digna” y advirtieron que “los pocos servicios amigables” de salud mental con atención especializada para población LGBTI+ “no están pudiendo funcionar”. “La emergencia en salud mental no puede esperar más; no puede ser que no encontremos lugares seguros donde atendernos”, afirmaron en ese sentido.

Otro capítulo estuvo dedicado a los obstáculos para el acceso a una salud integral de calidad, sobre todo de personas trans. Denunciaron la “falta de atención de calidad y acceso real a los tratamientos necesarios”, lo que genera que “una persona deba viajar horas para atenderse o esperar años para una cirugía de afirmación de género”, y que “se siguen haciendo intervenciones sin personal capacitado”. “Las omisiones de asistencia, la mala praxis y los eternos tiempos de espera siguen siendo urgentes”, enfatizaron.

Ligado a esto, también denunciaron la discriminación que enfrentan las personas con VIH y los “sistemáticos obstáculos de parte del Estado para acceder al sistema de salud”, y exigieron que la profilaxis preexposición sea “accesible para todas, todos y todes, y no un privilegio capitalino”.

Hubo además lugar para las demandas de las personas afro LGBTI+, que abogaron por que “en este nuevo contexto político se implementen realmente políticas antirracistas y de promoción de derechos para las personas afrodescendientes”, y de las personas LGBTI+ migrantes, que exigieron al Estado “que garantice regularización migratoria real, acceso equitativo a la salud, al trabajo y a la educación, sin discriminación”.

En materia de violencias, la proclama repudió los recientes casos de violencia vicaria y respaldó la “conformación de una mesa de trabajo en Presidencia sobre violencia de género y hacia las infancias”, que “actúe para que cada mujer, disidencia, niñe o adolescente que pida ayuda encuentre asistencia real y no puertas cerradas”.

También marcó que la homofobia “no es ‘irse al pasto’, es violencia. Este año asistimos con preocupación y profunda vergüenza las expresiones homofóbicas de nuestro sistema político pronunciadas tanto en el ámbito parlamentario, como la campaña de ridiculización y hostigamiento transfóbicas en las últimas semanas”, en referencia a los dichos del senador Sebastián da Silva a Nicolás Viera, y a las críticas a la secretaria de Derechos Humanos Collette Spinetti. “Este ensañamiento no puede comprenderse por fuera de la reacción conservadora que se activa cada vez que ocupamos lugares que históricamente nos fueron negados”, señaló la proclama, y apuntó: “Sepan estar a la altura de la historia de lucha que les precede y que les trascenderá”.

Por otra parte, las organizaciones convocantes repudiaron la situación que vive la población palestina en la Franja de Gaza. “Nos parece indignante y no podemos entender que al día de hoy el Poder Ejecutivo de nuestro país no haya reconocido públicamente que es un genocidio. ¿Cuántas niñeces deben morir para que el Uruguay se pronuncie?”, cuestionaron, antes de agregar: “Rechazamos las políticas asesinas del Estado sionista, que perpetúan el apartheid, y exigimos a la comunidad internacional acciones concretas para garantizar justicia y libertad para nuestres compañeres palestines”.