“Nadie es demasiado rico ni demasiado poderoso para estar por encima de la ley”, dijeron expertas y expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el mes pasado en referencia a los involucrados en la trama de abuso, explotación y depredación sexual que develan los “archivos Epstein”. Sin embargo, de alguna forma, durante años lograron abusar y explotar a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes con total impunidad. Incluso ahora, que los delitos son inocultables tras la publicación masiva de documentos por parte del gobierno de Estados Unidos, tampoco hay garantías de que todos los responsables pagarán ante la Justicia.

El caso de Jeffrey Epstein y sus secuaces es impactante por el número de agresores (y de cómplices), por la cantidad de víctimas, pero, sobre todo, porque los responsables son hombres que ostentaban un gran poder político, económico y simbólico. Presidentes, ministros, dueños de las empresas tecnológicas más millonarias del planeta, jeques, figuras del espectáculo y hasta príncipes.

Uruguay tuvo sus casos autóctonos. Quizás el más emblemático es el de Operación Océano, que involucró a 33 hombres (entre los que había políticos, empresarios, docentes y hasta un juez) acusados de explotar sexualmente a 20 adolescentes de entre 13 y 17 años. La investigación judicial empezó en mayo de 2020 y el juicio cinco años después, en junio de 2025. Hasta el momento, nueve fueron condenados en procesos abreviados, dos fueron condenados, 13 absueltos y otros nueve continúan como acusados en el juicio.

Otro caso es el del exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés, imputado en 2023 por 20 delitos sexuales contra 13 personas (diez de las cuales eran adolescentes) –y que desde entonces se encuentra en prisión preventiva a la espera de una condena–, o incluso el de la “Casita del Parque”, por el que fue condenado en 2013 el exsecretario general de la Intendencia de Paysandú Horacio de los Santos como coautor de un delito de promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos.

Especialistas, activistas y sobrevivientes de violencia sexual consultadas por la diaria aseguraron que estos casos, lejos de ser excepcionales, exponen lógicas patriarcales universales, extendidas y endémicas, que se reproducen todos los días, en todas partes del mundo y en todas las clases socioeconómicas. Aun así, identificaron rasgos particulares, como la posibilidad de mayores niveles de impunidad y más riesgo de exposición de las víctimas. En última instancia, resaltaron que su mediatización puede contribuir a instalar el tema en la sociedad y a que cada Estado revise, puertas adentro, cómo aborda el problema y qué más puede hacer para transformar prácticas profundamente arraigadas.

Cuando los agresores son (super)poderosos

No importa si el agresor es un miembro de la realeza, un presidente, nuestra pareja o un compañero de trabajo: la violencia sexual siempre es un crimen de poder. Como explica Rita Segato en Contrapedagogías de la crueldad (2018), “la motivación de estos crímenes no es sexual, aunque sí son crímenes perpetrados por medios sexuales”, porque “por medio de la sujeción sexual se mata moralmente a la persona y a la sociedad que la cobija”. En esa línea, la antropóloga argentina plantea que este tipo de violencia “no remite exclusivamente a la relación del agresor con su víctima, sino que lo hace, y principalmente, a la relación del agresor con sus pares, los otros hombres”.

“Siempre, del otro lado, hay alguien con poder. En el caso de Epstein era obvio, pero en los casos más cotidianos el poder es el poder del que tiene la plata para pagar el abogado o para dejarme sin trabajo”, señaló en diálogo con la diaria María Delia Cúneo, integrante del colectivo ¿Dónde Están Nuestras Gurisas? (DENG), que se dedica a la búsqueda de mujeres desaparecidas, muchas en contextos de trata y de explotación sexual.

Pero ¿qué pasa cuando estos crímenes son cometidos por hombres que, además, controlan agendas políticas, mercados financieros, medios y alianzas geopolíticas internacionales?

El impacto y los daños que genera la violencia sobre las víctimas no cambia según quién la ejerza, pero sí puede haber diferencias en el acceso a la Justicia, los niveles de exposición y también los grados de impunidad. “Creo que a más poder social, político, económico, hay más posibilidades de impunidad y de que el propio sistema proteja al agresor”, analizó en diálogo con la diaria la socióloga Cristina Prego, directora de la asociación civil El Paso, que desde hace años trabaja en contacto con situaciones de trata y explotación sexual en nuestro país.

Para Prego, esto también aparece “si vemos los procesamientos por explotación sexual en Uruguay”, en tanto “los que siguen siendo procesados y ‘caen’ en manos de la Justicia son los menos poderosos, los que tienen menos dinero y pocas posibilidades, incluso para una defensa calificada”.

A su entender, esto refleja una “violencia institucional de género, que es parte de este proceso y que es parte de la impunidad”, y que muestra “cómo, cuando estas situaciones pasan, las instituciones no responden de forma igualitaria para todas las personas”. “¿Por qué sigue pasando esto y por qué se sabía desde hace tanto tiempo? Porque el Estado de alguna forma lo permite, lo hace invisible, no se accede a la Justicia, y la persecución del delito tiene un sesgo de clase, de género y de poder”, aseguró la socióloga.

El riesgo de exposición de las víctimas, y por lo tanto de revictimización, también crece cuando este tipo de casos llegan a la luz pública. El manejo en el caso de Epstein fue paradigmático en ese sentido de lo que no hay que hacer como Estado: muchas de las víctimas denunciaron la filtración de datos de sus identidades, que no fueron protegidas cuando el Departamento de Justicia desarchivó los documentos a fines de enero.

La violencia y la explotación sexual en Uruguay

“Por las dimensiones, por quiénes están involucrados, el caso de Epstein tomó un estado público que capaz que otros casos no tienen, pero la raíz que lleva esto es la misma que nosotras venimos encontrando en cada una de las gurisas que ha desaparecido, en algunas que han desaparecido y han vuelto a aparecer, en ese entramado de redes organizadas en algunos casos, cuestiones más cotidianas y familiares en otros, del abuso sexual y la explotación sexual sobre nosotras”, resumió Cúneo.

“Este caso nos tiene que permitir visibilizar los vínculos con el poder y la impunidad, pero lo que reproduce son prácticas universales, que se dan en distintos sectores sociales y que, si bien hay redes con distinta envergadura y con distintas características, todas involucran alguna desigualdad de poder”, puntualizó Prego. La trama liderada por Epstein “muestra cómo funcionan las estructuras de poder en relación con las desigualdades de género y de clase, y también a todo lo que tiene que ver con las estructuras y la complicidad institucional, porque la primera denuncia de esta situación fue en 2005 y se empieza a conocer más en este tiempo a partir de mucha presión. Eso deja claro las dificultades para las víctimas, para que se les crea, para que los procesos judiciales y los procesos reparatorios sean reales, y eso también pasa en nuestro país”, ahondó la directora de El Paso.

En Uruguay, casi nueve de cada diez víctimas de explotación sexual infantil y adolescente son niñas y adolescentes mujeres, mientras que seis de cada diez casos ocurren en el ámbito doméstico, según el informe del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia de 2023. Ese año, el organismo registró 346 casos. De ese total, 36% estaba a cargo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, de acuerdo con información a la que accedió openDemocracy.

Los datos sistematizados por el Ministerio del Interior nos dicen que, en los últimos diez años, hubo 23.934 denuncias por abuso sexual, atentado violento al pudor y violación, de acuerdo con el informe publicado en el marco del 25 de noviembre de 2025. Son, en promedio, unas 2.400 denuncias por año. A su vez, en ese período se registraron 984 denuncias de contribución, retribución o promesa de retribución a la explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes. Casi 100 cada año. En esta década, la cartera también recibió 714 denuncias de contacto informático con niñas, niños y adolescentes con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual.

Por su lado, entre 2020 y octubre de 2024 la Fiscalía General de la Nación recibió 17.570 denuncias de delitos sexuales –alrededor de 3.500 por año–. La mayoría fueron por abuso sexual (55%), seguido de atentado violento al pudor (14%), violación (6%) y divulgación de imágenes o grabaciones con contenido íntimo (4%), según indicó el organismo en respuesta a un pedido de acceso a la información pública que hizo la diaria en 2024.

En esos casi cinco años, la Fiscalía recibió 355 denuncias de contribución a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (casi una por día), 152 por retribución o promesa de retribución, 96 por trata de personas con fines de explotación sexual y 20 por tráfico de personas.

Del total de denuncias de delitos sexuales en el período, solo 1.607 tuvieron condena; esto es apenas el 9%.

En primera persona: la voz de las sobrevivientes

Carolina Ferrari y Camila Barreiro son integrantes del colectivo Proyecto Ikove y sobrevivientes de trata y explotación sexual en la infancia y adolescencia. Entrevistadas por la diaria, afirmaron que el caso de Epstein “desnuda que existe un sistema, una estructura de poder que cuenta con todo lo necesario para legitimarse, sostenerse en el tiempo, que cuenta con la complicidad y el silencio de referencias de muchísimo poder político-económico y su base es un manual de esclavitud de mujeres y niñas, donde vale todo y reina el pacto de silencio entre varones”, en palabras de Ferrari.

Barreiro señaló que un diferencial, en comparación con todos los demás casos, es que “el poder ofrece recursos, redes de respaldo y, muchas veces, una imagen pública que actúa como blindaje”. “Eso impacta directamente en las sobrevivientes, que no solo deben enfrentar el daño sufrido, sino también una estructura que puede desacreditarlas o exponerlas públicamente”, consideró. A nivel social, dijo que estos casos “generan una tensión particular”, porque provocan “indignación” y a la vez “negación o resistencia a aceptar que la violencia puede estar presente en espacios considerados ‘respetables’”. “El daño no es distinto según la posición social del agresor. Lo que cambia es la capacidad de protección y encubrimiento que lo rodea”, apuntó.

En la misma línea, Ferrari dijo que “utilizan todo ese poder político, económico, simbólico, jurídico y de clase para, por un lado, seguir gozando de impunidad estructural –puesto que siguen teniendo trato especial, acceso a micrófonos, a un sistema de salud integral de primera línea, a asistencia letrada calificada”– y a la vez “ridiculizar a las víctimas, cosificarlas y anularlas con el escarnio de investigar cada esquina posible de sus vidas, haciendo pública su intimidad, estigmatizando sus existencias desde enfoques marginalizantes, racializantes, capacitistas, homófobos y sobre todo criminalizantes”.

Las deudas del Estado uruguayo con las víctimas de explotación sexual

Consultadas sobre si creen que la Operación Océano marcó un antes y un después en el abordaje de la explotación sexual en Uruguay, las entrevistadas no fueron muy optimistas. “Son casos que ponen sobre la mesa las situaciones, que nos las muestran, pero todavía seguimos con muchas dificultades para transformar las realidades de los procedimientos judiciales, de las instituciones, del acompañamiento de las víctimas”, consideró Prego.

“Todavía no estamos llegando a la altura de lo que el problema requiere, necesitamos muchísima más formación e inversión para la persecución del delito, para la reparación de las víctimas y para la construcción de una cultura alternativa, donde la igualdad sea el eje rector, donde las niñas y las mujeres no sean un objeto de propiedad y del placer de los varones, donde podamos transformar la cultura de la violación, que está muy instalada en nuestra comunidad”, completó la directora de El Paso.

Para Barreiro, Operación Océano “generó un momento de visibilización importante” que “permitió que una parte de la sociedad reconociera que estas prácticas existen y que no se trata de situaciones marginales ni excepcionales”. Pese a eso, aclaró que “la visibilización por sí sola no implica una transformación estructural”. En ese sentido, dijo que desde Proyecto Ikove siguen observando “revictimización, exposición mediática, procesos judiciales extensos y una tendencia a fragmentar los hechos, tratándolos como episodios individuales y no como parte de un fenómeno estructural de explotación”.

La activista y sobreviviente apuntó que el Estado está en deuda “en varios niveles”. “En prevención y detección temprana, porque muchas señales de abuso y explotación continúan pasando inadvertidas. En formación especializada, ya que la trata y la explotación sexual requieren abordajes con perspectiva de trauma complejo y comprensión de cómo operan las redes” y “también en la investigación” una vez que se hace la denuncia, en tanto “el Estado tiene la obligación de avanzar, aunque la información esté incompleta, de destinar recursos reales a desarticular redes y de garantizar que las sobrevivientes no carguen solas con el peso de probar lo que vivieron”.

Otra deuda es en materia del reconocimiento público y político del problema. “Negar o minimizar la existencia de la trata en Uruguay no es una postura neutral, es una forma de perpetuar la invisibilidad y la impunidad”, enfatizó Barreiro; “no es un tema del pasado ni un caso aislado, es una deuda vigente”.