Representantes de la empresa UPM y de la organización Movimiento por un Uruguay sustentable (Movus) declararon por casi cuatro horas ante la jueza en lo civil de 15º turno Magela Otero, quien hizo lugar a un recurso presentado por la organización para suspender las obras de UPM II.
Durante la audiencia, que se realizó en una sala del Palacio de los Tribunales, la delegación de UPM, compuesta por tres abogados y el gerente de Medioambiente de la empresa, Gervasio González, argumentó que la firma cuenta con los permisos necesarios para las diferentes etapas de implementación.
En tanto, para la organización denunciante, que fue representada por el abogado Rodrigo Speranza, Víctor Bacchetta, Carlos Anido y Daniel Panario, la empresa no puede comenzar la construcción hasta no tener todos las habilitaciones por parte de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).
La causa fue iniciada a principios de noviembre con la presentación de un recurso de amparo por parte de Movus, entendiendo que la obra de UMP II vulnera derechos fundamentales de la ciudadanía. La jueza pidió a Movus que ampliara la información sobre los derechos que se estaban vulnerando y tras estudiar la demanda, habilitó el inicio del proceso.
En diálogo con la diaria, el integrante del Movus Raúl Viñas dijo que tras la audiencia quedó demostrado que la empresa no tiene todos los permisos y que la Dinama está omisa en exigirlos.
Cuando se conoció el inicio de la causa, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, informó a la diaria que esta semana la empresa presentó los informes de evaluación que tenía pendiente del Plan de Monitoreo, pero estos fueron devueltos con observaciones. El ministro destacó que en la medida en que la empresa retrase la entrega de la información se postergarán las habilitaciones, y descartó que se recorten los tiempos de monitoreo requeridos.
La jueza Otero citó a las partes para una segunda audiencia, que se realizará el martes 17 de noviembre a las 14.30.