La jueza penal de 33º turno, Beatriz Larrieu, dispuso arresto domiciliario para el único imputado que tenía prisión preventiva, luego de que se descubriera la existencia de un segundo celular de una víctima al que no habían accedido las defensas.

El abogado Santiago Alonso, defensor del ciudadano uruguayo-paraguayo que hoy salió de la cárcel, dijo a la diaria que la decisión significa “un cambio sustancial” en la causa, considerando que en varias oportunidades la anterior jueza había rechazado el arresto domiciliario, con tobillera y retención de pasaporte. Alonso explicó que si bien no estaba previsto discutir la vigencia de las medidas cautelares de los 36 investigados en la causa, pidió el arresto domiciliario para su cliente tras conocerse la existencia del segundo celular, lo que significaba que la etapa previa al juicio se extendería.

Según explicaron fuentes que participaron en la audiencia, la existencia de un segundo celular de la víctima se conoció cuando los efectivos de la Policía Científica, que habían ido al Palacio de los Tribunales a pedido de las defensas de los imputados para explicar cómo acceder a la prueba y cómo leer los archivos en los discos, abrieron un disco externo y constataron que sólo estaba la información de uno de los celulares, cuando la investigación policial cuenta con los datos de dos.

Ante esto, Larrieu accedió al pedido de las defensas de los imputados de suspender la audiencia en la que estaba previsto que se conformaría un cuestionario para la declaración de la víctima como prueba anticipada y además decidió que los teléfonos celulares de los 36 investigados en la causa, que ya fueron periciados, fueran devueltos a las defensas.

En diálogo con la diaria, Juan Raúl Williman, abogado de varias víctimas, expresó sus reparos con respecto a la devolución de los celulares a los abogados, porque se trata de un elemento que tiene relación directa con el delito, y el artículo 200 del Código Procesal establece que la Fiscalía sólo podrá devolver los bienes que no tienen relación directa con el delito.

Williman destacó que en la audiencia de hoy quedó demostrado que la información que tenía la Fiscalía no era la misma que tenían las defensas, ni de las víctimas, ni de los imputados.

La Policía Científica fue la responsable de entregar la información de la causa a los defensores de los imputados y de las víctimas. Si bien en un principio se mediaba con la Fiscalía, a pedido expreso de la fiscal Darviña Viera los abogados se contactaron directamente con la Policía Científica para obtener los datos.

Williman considera que la suspensión de las audiencias responde al criterio planteado por la anterior jueza, Adriana de los Santos, que planteó que la evidencia debía estar a disposición de las partes para acceder a la realización de la prueba anticipada.

Consultado sobre la concesión del arresto domiciliario, Williman opinó que si bien las causas que provocaron las medidas cautelares permanecen, la jueza pesó el hecho de que la investigación no está avanzando, después de diez meses de iniciada la causa.

Larrieu suspendió las audiencias que estaban previstas para esta semana y la causa no se retomará hasta que todas las partes tengan la información completa.