La Intergremial Judicial, que reúne a funcionarios, administrativos, informáticos, actuarios, defensores públicos y jueces, envió una nota a los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para reclamar “en forma inmediata las medidas necesarias que garanticen la salud de los funcionarios judiciales”, ante el aumento de casos de coronavirus en el país.
Los gremios reclamaron una reunión urgente con el presidente de la SCJ, Tabaré Sosa, y evalúan un paro de 48 horas si no hay una respuesta adecuada.
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En diálogo con la diaria el presidente de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, Pablo Elizalde, señaló que la Intergremial quiere que la SCJ determine la feria sanitaria, tal como lo hizo en marzo de 2020 cuando la situación sanitaria era mucho mejor, y que la feria se mantenga hasta que los casos nuevos diarios estén por debajo de los 500 al menos por dos semanas,.
“Planteamos la feria judicial sanitaria en las mismas condiciones que se plantearon el año pasado, y cuando se corrobore un descenso sostenido en la cantidad de contagios, ahí se volverá, progresivamente, a la normalidad”, señaló Elizalde.
El presidente de la SCJ llamó a Elizalde para plantearle su acuerdo con el análisis de la situación, pero advirtió que existen problemas formales que le impiden a la SCJ decretar la feria.
Según indica el inciso segundo del artículo 1 de la Ley 19.879 -que le dio rango legal a la declaración de feria judicial sanitaria que decretó la SCJ el 14 de marzo- la decisión de levantar la feria corresponde a la SCJ “en función de medidas que se dispongan por el Poder Ejecutivo en atención al estado de emergencia sanitaria actualmente vigente, las posibilidades de prestación normal del servicio y las condiciones de efectivo acceso a la Justicia”.
La feria sanitaria fue levantada el 4 de mayo por decisión de la SCJ. Ahora, la SCJ entiende que para volver a decretarla debe tomar en cuenta los mismos requisitos que fueron considerados para levantar la medida y, en principio, sostiene que no hubo cambios en los lineamientos del Poder Ejecutivo -y particularmente del Ministerio de Salud Pública- que justifiquen el regreso a la feria.
Sobre este punto, Elizalde opinó que en la medida en que el Ejecutivo mantiene la emergencia sanitaria están dadas las condiciones para volver a la feria. Además, señaló que también están siendo afectadas las posibilidades de prestación del servicio y el acceso a la Justicia, y mencionó que hay 27 sedes cerradas luego de que se detectaran 41 casos en el Poder Judicial.
“Si el Poder Ejecutivo no está tomando las resoluciones que tiene que tomar, creo que es el momento de que el Poder Judicial le diga al sistema político que está equivocado”, afirmó Elizalde. Recordó que en el caso de la feria judicial anterior la entonces presidenta de la SCJ Bernadette Minvielle decretó la feria incluso de antes que el gobierno intensificara las medidas restrictivas.
Los ministros de la SCJ se reunieron este lunes para analizar la situación y darán una respuesta que será analizada el martes a las 17.00 por la Intergremial Judicial, que está integrada por la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, la Asociación de Magistrados del Uruguay, la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, la Asociación de Informáticos Judiciales del Uruguay y la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay.