La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo(INDDHH) hizo público este miércoles su Informe Anual 2020, que fue elevado el martes a la Asamblea General y contiene un resumen de la actuación del organismo el año pasado. Entre otros datos, del reporte surge que el Ministerio del Interior fue el organismo con más procedimientos de recomendación o derechos vulnerados, que surgen a partir de denuncias, siendo el tema más reiterado el abuso policial. A su vez, esta secretaría de Estado es la primera en resoluciones de no colaboración, en las cuales el organismo denunciado no presta ayuda durante el proceso.

El documento repasa que la INDDHH representa “la garantía no jurisdiccional de los derechos humanos frente al poder de la Administración”, por lo que la recepción y tramitación de denuncias o quejas es “la piedra angular de sus actuaciones”. En virtud de sus competencias, frente a una situación irregular el organismo debe “proteger a la persona y promover los actos de reparación correspondientes”; “identificar prácticas, omisiones institucionales y vacíos normativos que vulneran derechos”, y “aportar guías y recomendaciones generales para hacer cesar o prevenir situaciones iguales o semejantes a las que motivaron la denuncia”.

El procedimiento ante las denuncias es “informal” en comparación con las exigencias a nivel administrativo o judicial. Además, es de carácter gratuito y no requiere asistencia letrada. La INDDHH definió cuatro etapas para el procedimiento: la recepción, la investigación, la resolución y el seguimiento de la resolución. Parte de las presentaciones son tratadas como asesoramiento o consulta y no llegan a configurar una denuncia, ya que para que exista, la “INDDHH debe identificar el acto u omisión estatal que lo genera, puesto que su intervención se centra en la actuación de la Administración”.

Según el reporte, en 2020 el Área de Denuncias e Investigación realizó un total de 610 intervenciones: 60% por asesoramientos y consultas vinculados a la protección y defensa de los derechos humanos, y 40 % de denuncias de vulneración de derechos. La cifra es mayor a la registrada el año previo (575 intervenciones), pero inferior a los dos años anteriores (755 fueron en 2018 y 649 en 2017).

La INDDHH señaló en el balance anual que hubo un “aumento de las instancias de consulta y asesoramiento”, que incluyen “un abanico amplio de intervenciones, tales como solicitud de información, derivaciones y gestiones de buenos oficios”.

Pasando a las resoluciones del organismo, que es la consecuencia final de las denuncias admitidas, se clasifican de distintas maneras: con recomendación o de vulneración de derechos, cuando la INDDHH plantea a las autoridades competentes “la adopción de las medidas que considere pertinentes para poner fin a la violación de derechos humanos que hubiere constatado”; solución satisfactoria, cuando “en el transcurso de la investigación el organismo adopta medidas para reparar la violación denunciada”; no vulneración, cuando “no se encuentren méritos para comprobar la violación denunciada”; no admisibilidad o rechazo; y no colaboración, que refiere a la negativa de brindar información por parte de los organismos denunciados; suspensión de actuaciones; y otras.

Del total de 99 resoluciones emitidas en el año, 28 son recomendaciones, 16 de solución satisfactoria, seis de no colaboración, 30 en las que no se constató vulneración de derechos, 12 de seguimiento, cuatro en las que se suspendió el proceso, una que no fue admitida y, por último, dos en las que los denunciantes abandonaron el procedimiento.

28% de las resoluciones terminaron en recomendaciones o constatación de derechos vulnerados, y la mayor cantidad de casos se concentran en el Ministerio del Interior, que estuvo involucrado en ocho. Lo siguen el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con tres casos, y otros 21 organismos (ministerios, intendencias, organismos de la enseñanza, Corte Electoral), implicados en uno o dos episodios de denuncia.

Si se analiza esta categoría por derecho vulnerado o tema, se constata que hubo seis casos que refirieron a abuso policial o afectación de la integridad física, cinco a discapacidades, y cuatro a condiciones laborales.

Sobre las resoluciones de solución satisfactoria, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) fue el organismo involucrado en más casos (cuatro). El tema más reiterado fue “igualdad y no discriminación”.

En lo referente a las soluciones de no colaboración, el Ministerio del Interior estuvo involucrado en tres casos bajo esta denominación, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, en dos, y la ANEP, en uno. El INDDHH indicó que en este asunto “suele priorizarse la obtención de la información y la búsqueda de soluciones por sobre la aplicación estricta de los plazos conferidos a los organismos para responder”, y “se reserva como último recurso la declaración de negativa de colaboración”. Dos de los casos refieren a denuncias de abuso policial, dos a salud mental, otro a procesos administrativos y el restante a violencia institucional.