El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) apelará las tres sentencias judiciales que obligan al Estado a dar una solución habitacional a tres familias del asentamiento Nuevo Comienzo. Una de las familias ya recibió una vivienda, y la apelación, según explicó el abogado Juan Ceretta, docente del consultorio jurídico de la Universidad de la República (Udelar) que llevó adelante las acciones de amparo, no suspende la resolución original de los juzgados de familia, por lo que se debe cumplir la entrega de soluciones habitacionales para las otras dos familias.
Según informó El Observador en base a fuentes del MVOT, el primer fallo, del 26 de marzo, fue apelado el miércoles 7, mientras que los otros dos también serán recurridos esta semana. La Justicia ordenó “brindar de forma inmediata una solución habitacional” a las familias, por la vulneración al derecho a la vivienda. En el marco de una investigación penal por usurpación y robo de energía eléctrica, las familias tenían una orden de desalojo, pero su alternativa era quedar en situación de calle en “el peor momento de pandemia por covid-19”, según se valora en una de las sentencias.
Según El Observador, el MVOT decidió apelar los fallos porque “no tienen precedente” y “brindan una señal” que se considera inadecuada, en el sentido de que el Estado “dé una vivienda cuando previo a eso hubo un delito”, en relación a la investigación por usurpación y robo de energía eléctrica.
Las sentencias judiciales toman en cuenta la falta de respuesta del MVOT ante las peticiones formales elevadas por las familias, así como la resolución del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en febrero de este año instó al Estado uruguayo a suspender los desalojos de las personas que viven en Nuevo Comienzo, lo que no fue tomado en cuenta, dado que la Justicia penal continuó con las intimaciones para que abandonen el terreno.
“Falta un espacio de diálogo y voluntad política”
Ceretta celebró las resoluciones judiciales pero aseguró que “nunca son el mejor remedio” para garantizar los derechos sociales. En entrevista con Desayunos informales de Canal 12, el abogado dijo que espera “ansiosamente que se abra un espacio de diálogo de solución global al problema de rediseño de las políticas públicas en materia de vivienda, que evidentemente están fallando en algunos sectores, de manera que se pueda encontrar una solución que signifique no pasar por los juzgados a todas las familias del asentamiento”. Aclaró que si bien las sentencias judiciales son apelables, “deben cumplirse” en los plazos estipulados, y que están “a la espera de que se cumpla con las otras dos familias”.
Insistió en que espera que se genere un ámbito de diálogo con el MVOT, la Intendencia de Montevideo y otros actores involucrados para encaminar una solución, y advirtió de los problemas que implica para estas familias el pasaje por la Justicia penal. “Son poblaciones que tienen dificultades para encontrar un trabajo. Aunque nosotros hayamos ganado un amparo para la vivienda, el antecedente penal puede quedar y con un antecedente penal es más difícil ingresar al mercado laboral”, aseguró.
Aseguró que, mientras no exista un ámbito para avanzar en las alternativas definitivas, “en la medida en que las situaciones se vuelvan a tornar dramáticas porque haya personas que tienen que elegir si ir a la cárcel o la calle, volveremos a actuar para encontrar una solución”.
Ceretta consideró que Uruguay debe tomar estos fallos “como una oportunidad” y no como un problema: “Uruguay tiene muy buena imagen a nivel internacional, sería una pena que se perdiera”, dijo, y opinó que la solución “está al alcance de la mano en Uruguay, no se requieren soluciones con plazos tan breves como establece la Justicia”, de 24 horas. Mencionó, por ejemplo, que se puede planificar una serie de realojos y también brindar soluciones alternativas como subsidios de alquiler, según los casos. “Falta un espacio de diálogo, y voluntad política para solucionarlo”, opinó.