La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo la primera sesión de la audiencia pública que investiga la responsabilidad del Estado argentino en el secuestro de Victoria y Anatole Julien, quienes fueron secuestrados el 26 de setiembre de 1976 en la provincia de Buenos Aires, traídos a Montevideo y abandonados en diciembre de 1976 en la plaza Bernardo O’Higgins de Valparaíso, en Chile.
Durante la primera jornada de audiencia, la vicepresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla, señaló que se trata de un caso “emblemático” de las violaciones a los derechos humanos en la dictadura argentina y el Plan Cóndor y refleja específicamente la coordinación represiva argentino-uruguaya en contra de uruguayos refugiados en Buenos Aires, a la vez que fue el primer caso que develó un plan sistemático de apropiación de niños y niñas en el marco del terrorismo de Estado.
El fiscal a cargo de la unidad especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, Pablo Parenti, quien declaró como perito propuesto por el Estado argentino, cuestionó la decisión de la Justicia uruguaya de no aceptar la entrega temporal de militares uruguayos investigados por la causa en la Justicia argentina. “La colaboración entre estados es fundamental para esclarecer estos crímenes. Un Estado tiene que hacer todo lo posible para obtener la declaración de personas que están en otro Estado, para eso están los tratados y las normas”, señaló Parenti, quien recordó que la figura de entrega temporal, que permite la declaración previa a concretar la extradición, es una medida que está prevista entre Uruguay y Argentina.
Parenti dijo que el Estado demandado tiene que colaborar con la investigación y que en el caso de Uruguay, si bien por un lado concedió la extradición [de Ricardo Arab, José Nino Gavazzo, Julio Silveira, Ricardo Medina, Gilberto Vázquez y Ernesto Ramas], supeditada al cumplimiento de sus condenas en Uruguay, negó la entrega temporal. “La respuesta fue 'no, porque ya se concedió la extradición'. Me cuesta entender la respuesta de Uruguay; no sé si es falta de voluntad o un error técnico en la respuesta”, señaló.
Anatole Julien recordó que su padre participó en la fuga de Punta Carretas, en 1971, y que a partir de ese momento estuvo en la clandestinidad con su familia, que se refugió en la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, donde fueron secuestrados. “Me acuerdo de estar de la mano con mi madre, que mantenía en brazos a mi hermana, escondidos en lo que era una especie de estacionamiento y de repente veo un fuego azul de metralla y llega un militar que nos apunta directamente y nos hace llevar a un lugar [...] Antes recuerdo a mi padre irse a otro sector y señalarnos con la mano que mantuviéramos silencio y que estuviéramos escondidos”, señaló.
“El otro recuerdo es mirar hacia atrás, cuando ya nos llevaban con mi hermana y ver a mis padres tirados en el piso y apuntados, uno de ellos le agarraba el pelo a mi madre”.
Anatole, que tenía cuatro años cuando fue secuestrado, recuerda también parte de su secuestro en un viaje en avión, cuando fueron llevados a Chile, y el día que fueron abandonados en Valparaíso: “El dueño de unos juegos mecánicos de esa plaza vio que nadie nos venía a buscar, yo estaba con mi hermana tomados de la mano y tuvo que llamar a la Policía”.
También habló sobre Gavazzo: “Recuerdo una persona que jugaba con nosotros, que nos llevaba dulces. No tengo certeza de quién era, pero justamente en una conversación personal con la señora Pilar Nores Montedónico a quien yo conocía como la tía Mónica, ella señaló que el comandante Gavazzo, que fue quien hizo el operativo en Argentina, [...] no me acuerdo si tenía tres o cuatro hijas y su intención era adoptarme, por mi edad y porque quería también un varón. Aquello no se concretó aparentemente por los recuerdos vívidos que yo tenía”.
Anatole señaló que, a diferencia de otros casos, sus padres adoptivos no tenían nada que ver con la represión. Recordó que un peritaje psicológico que le realizaron cuando fueron encontrados por su familia biológica, en julio de 1979, concluyó que “una segunda pérdida” podría ser “irreparable”, por lo que se determinó que se mantuviera en Chile.
También recordó que el expresidente Carlos Menem dictó las leyes de perdón: “perdonando a Gavazzo, a quien fue uno de los comandantes en jefe del operativo y quien, al parecer, no tengo certeza de ello, quería adoptarme a mí, no a los dos. Probablemente mi hermana, si es que yo terminaba siendo adoptado, iba a terminar en otra familia en Uruguay o Argentina, como pasó con Amaral [García] y con Mariana [Zaffaroni]”.
Además, Anatole recordó que Menem emitió un decreto en el que señalaba que su padre había sido visto en el Penal de Libertad, lo que modificó el curso de la investigación que realizaron en Uruguay. “Esa información era totalmente falsa, nunca dieron explicación y se pidió en los mejores términos, se entendió que era de buena fe, jamás fue contestado”.
Por su parte, Victoria Julien dijo que antes de los nueve años, cuando sus padres adoptivos le hablaron de su identidad, sufría pesadillas que la dejaban asustada por muchos días “pensando que mi mamá o mi papá podrían no volver a la casa, sin saber nada de la historia”.
Victoria, que tenía 16 meses cuando fue secuestrada, dijo que cuando comenzó a investigar quiénes eran sus padres buscó conocer sus características personales: “Yo quería saber cómo era el tono de voz de mi padre, cómo miraba mi madre, cómo caminaban, cómo hacían su arte, cómo se llevaban con la familia [...] 'Si yo quiero que mis hijos estén bien, también quiero lo mismo para los hijos de ustedes', esa era la idea [que tenían] de cómo debe vivirse la vida”.