La Justicia formalizó el proceso contra tres policías por abuso de funciones por el caso de un adolescente de 16 años que fue herido de bala por la espalda en una persecución policial en la ciudad de Artigas, en octubre de 2020. Al policía que disparó el arma de reglamento se le imputó el delito de lesiones graves.

El fiscal de Artigas de primer turno, Hermes Antúnez, explicó en una rueda de prensa que dispuso el delito de abuso innominado de funciones en casos no previstos por la ley, tal como prevé el artículo 162 del Código Penal, al constatar una “conducta notoriamente abusiva de los funcionarios policiales por cuanto no se justifica una detención a disparos de una persona”.

Antúnez dijo que si bien el conductor del vehículo “actuó de forma imprudente y no se detuvo ante la voz de alto”, la situación no ameritaba el uso de arma de fuego, “que es una medida excepcional”. “Sólo se justificaría si estuviéramos ante una situación equivalente, si el conductor o los ocupantes hubiesen disparado, algo que no ocurrió”, agregó.

En diálogo con la diaria, Antúnez explicó que si bien iban cuatro policías en el patrullero, la investigación —que implicó pericias de balística, declaración de varios testigos y la reconstrucción del hecho— logró determinar que uno de ellos nunca disparó, por lo que quedó eximido de responsabilidad penal.

La jueza penal de cuarto turno, Alejandra Corbo, dispuso las formalizaciones solicitadas por el fiscal con medidas cautelares de fijación de domicilio para que queden sujetos al proceso, considerando que los policías en ningún momento intentaron evadir la Justicia.

Por otra parte, Corbo condenó a dos de los ocupantes del vehículo perseguido. El conductor alcanzó un acuerdo abreviado con la fiscalía por un delito de desacato y cumplirá con ocho meses en régimen de libertad a prueba, cuatro meses con arresto nocturno y otro tanto con fijación de domicilio y realización de trabajos comunitarios. En tanto, uno de los acompañantes, que lanzó un extintor al vehículo policial durante la persecución, fue condenado a cuatro meses de libertad a prueba por el delito de agravio a la autoridad, que deberá cumplir con fijación de domicilio y tareas comunitarias.

El hecho ocurrió en la noche del sábado 10 de octubre, cuando un Peugeot en el que viajaban seis personas, dos mayores y cuatro menores, pasó por delante de un control de tránsito sin obedecer la señal de pare de los inspectores. El patrullero que oficiaba de apoyo, y en el que viajaban cuatro efectivos, comenzó a perseguir al vehículo, que aceleró.

Tras varias cuadras de persecución, los policías dispararon unas ocho veces y una de las balas impactó en la espalda de uno de los ocupantes del vehículo, que desde el inicio de la persecución intentó que el conductor detuviera la marcha.

“Íbamos todos agachados y escuchamos a mi compañero decir que le habían disparado, que le dolía; se estaba agarrando la espalda y tenía sangre en la mano. Ahí empezamos a decirle [al conductor] que parara el auto, le movíamos la mano, el brazo, pero no quería parar. Se quedó mirando el volante y no nos prestaba atención”, comentó tras el incidente uno de los ocupantes del vehículo, en declaraciones a Artigas Noticias. La bala afectó una vértebra y parte del intestino del joven, que debió ser intervenido quirúrgicamente para extraer el proyectil.

Tras conocerse el hecho, el jefe de Policía de Artigas, Adolfo Cuello, dijo a la diaria que los cuatro policías que participaron en el operativo no sólo incumplieron el procedimiento previsto para estos casos, sino que también desobedecieron las órdenes impartidas, por lo que fueron sumariados con separación del cargo.

El artículo 30 de la Ley de Procedimiento Policial (18.315) establece que “en toda circunstancia, el personal policial debe actuar de forma tal que, racionalmente, evite generar un daño mayor al que pretende impedir”.