El comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, presentó ante la Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento el informe anual del organismo, que hace hincapié en la necesidad de una reforma del sistema carcelario que permita cumplir con la obligación del Estado en materia de rehabilitación, reducir el hacinamiento, impulsar medidas de rehabilitación en adicciones y bajar los niveles de reincidencia.

Entre las conclusiones planteadas en el informe se advierte que es “insostenible” el volumen de prisionización que tiene el país, que crece a un ritmo de 12% anual, y detalla que Uruguay es uno de los 15 países con mayor cantidad de presos por habitante, en una lista de 122 países.

“El sistema penitenciario uruguayo sigue siendo un sistema de gigantes proporciones, de débil intervención técnica, baja capacidad de rehabilitación, carencias materiales y de recursos”, sostiene. Plantea que, para detener su crecimiento, son imprescindibles “reformas de fondo en sus dos dimensiones: la privación de libertad y las medidas sustitutivas”.

El informe, que propone 63 medidas concretas, señala la existencia de un “punitivismo cultural”, que genera un sistema basado en la privación de libertad “y en la aplicación de condenas, aunque legales, a veces sin sentido, ya que ante un delito leve, sin daños a las personas, el autor no recibe en la cárcel tratamiento, sino violencia”.

En ese sentido, plantea que el sistema de medidas sustitutivas a la cárcel está colapsado, dado que hay unos 20 técnicos especializados para atender 10.000 casos, lo que impide aprovechar su potencial, ya que este tipo de medidas ha implicado “mucha menor reincidencia que la prisión”.

Además, cuestiona las soluciones legislativas de los últimos años, que redujeron las posibilidades de medidas sustitutivas y beneficios durante el cumplimiento de la pena, incrementando el hacinamiento y disponiendo una aplicación uniforme de las penas “sin tener en cuenta ni el quantum de la transgresión ni el contexto social del autor como factor determinante del delito”.

“La seguridad sin alianza con la rehabilitación crea paradójicamente un sistema inseguro, ineficaz y una fuente inagotable de delitos”, agrega el informe.

También plantea la violencia del sistema penitenciario uruguayo, en el que se registraron 48 muertes bajo custodia en 2020: 17 homicidios, 17 suicidios, un fallecimiento por accidente no aclarado y 13 por enfermedad. Esto significa una tasa de homicidios 14 veces más alta que la nacional y siete veces superior en el caso de los suicidios.

“La violencia se expresa en una alarmante cantidad de heridos, muchos de ellos de gravedad y a veces con secuelas de por vida, y amenazas y extorsiones cruzadas, entre internos, grupos de internos y sus allegados dentro o fuera de la cárcel”, sostiene el informe. “Es la circulación social del delito y la violencia sin filtros adecuados del Estado para ‘depurarla’, aminorarla o bien transformarla en inserción social”, agrega.

Otro de los puntos destacados del documento es la insuficiencia en la cobertura de salud, que califica como “una fuente inquietante de conflictos, patologías no resueltas a tiempo y tensiones que generan violencia”, particularmente en la atención a la salud mental y el tratamiento de adicciones.

El comisionado valoró el Plan Dignidad, que permitió acciones puntuales, como la construcción de camas, reparaciones, cierre de lugares en condiciones inadecuadas, nuevas áreas agrícolas y productivas y acuerdos institucionales con organismos públicos, y destacó el involucramiento de organismos públicos que implementaron políticas destinadas a la población carcelaria.