El juez de 1º Turno de Canelones, Luis Alberto Sobot, definió la prescripción del delito de tortura que se imputó a los policías retirados Hugo Guillén, Winston Vitale y Alejandro Ferreira, quienes operaron en el centro clandestino Los Vagones, que funcionó entre finales de la década del 60 y mediados de los 70.

La resolución de Sobot fue determinada en la audiencia de control de acusación, la instancia previa al inicio del juicio, en la que las partes buscan la admisión de las pruebas que presentarán.

Tras la audiencia, que culminó con Ferreira agitando una bandera nacional, tanto el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, como el abogado de las víctimas Pablo Chargoñia anunciaron que apelarán la sentencia.

En diálogo con la diaria, Chargoñia dijo que primero presentarán, en forma separada con la Fiscalía, un recurso de reposición, que plantea la revisión del fallo por parte del propio Sobot. Si se mantiene en la misma posición, llevarán al caso a un Tribunal de Apelaciones en lo penal.

Chargoñia destacó que la decisión del juez va en contra de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman, que inhibe a los jueces de no aplicar normas de prescripción para delitos contra la humanidad.

El abogado planteó que Sobot computó en el plazo de prescripción no sólo los años en que estuvo vigente la Ley de caducidad, sino también los años de dictadura, luego de la liberación de las víctimas. “Durante el período de facto no se podía presentar una denuncia por torturas porque el efecto era que el denunciante iba a ser torturado”, comentó el abogado.

María Julia de Izaguirre, integrante de la asociación civil denunciante Ágora, Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria, expresó la “desazón” de los denunciantes ante la resolución del juez de garantías y agregó que se enmarca “en lo que ha sido la Justicia de la impunidad en Uruguay”.

“El recurso es siempre el mismo, siempre son las mismas chicanas, con la diferencia de que ahora el propio juez se arroga el derecho de hacer esa contabilización de los tiempos, absolutamente absurda y aberrante”, comentó.

La audiencia que se concretó este miércoles iba a realizarse a finales de setiembre del año pasado, pero fue suspendida por Sobot, luego de que una de las defensas interpusiera un recurso contra el fiscal Perciballe y parte de su equipo, que finalmente fue desestimado.

“No es que se decretó la inocencia, estas personas no pasaron por un juicio, en el fondo se está reconociendo que el delito existió”, agregó Izaguirre.

El 24 de octubre el policía retirado Guillen se suicidó y luego de ese incidente dos de los denunciantes fueron amenazados de muerte por familiares del policía fallecido. En abril de este año Sobot dejó en libertad a los imputados, quienes estaban cumpliendo prisión domiciliaria desde marzo de 2020, luego de 120 días alojados en la cárcel de Domingo Arena.

El centro clandestino Los Vagones funcionó en la ciudad de Canelones y formó parte de la Operación Morgan, por la que se persiguió y desapareció a decenas de militantes del Partido Comunista. Se lo conoce de esa manera porque se recluía y torturaba a los detenidos dentro de dos vagones de AFE, ubicados en una primera etapa en el parque Artigas y luego en el barrio Olímpico.