La Comisión de Refugiados (CORE) negó el refugio pedido por el asesor jurídico del expresidente argentino Mauricio Macri, Fabián Pepín Rodríguez Simón, según informó el diario argentino La Nación y confirmó la diaria.

Fuentes judiciales allegadas a la causa señalaron a la diaria que el informe ya fue remitido a la jueza especializada en Crimen Organizado de primer turno Adriana Chamsarian, quien será la responsable de definir la suerte del empresario, sobre quien pesa un pedido de extradición de la Justicia argentina.

En mayo la jueza federal María Servini de Cubría emitió una orden de captura y pidió la extradición de Rodríguez Simón luego de que anunciara públicamente su intención de pedir refugio en Uruguay, por entender que es víctima de una persecución política. Servini de Cubría investiga a Rodríguez Simón por supuestas presiones a los dueños de C5N y otros medios bajo amenaza de sacarles sus empresas.

En la última audiencia que tuvo el caso, la jueza Chamsarian definió la suspensión del proceso de extradición, a la espera de una definición de la CORE y dispuso la medida cautelar de fijación de domicilio y prohibición de salir del país.

Según determina el artículo 41 de la Ley de Derecho al Refugio y a los Refugiados (18.076), la jueza Chamsarian deberá utilizar como insumo el informe de la CORE para decidir en primera instancia sobre la solicitud de refugio y, si confirma la negativa dada por el organismo, iniciará el proceso de extradición.

Las fuentes señalaron que la defensa del empresario tiene un plazo de tres días para responder el informe de la CORE y presentar nuevos elementos de prueba, y luego Chamsarian definirá su posición en función de la argumentación dada por la CORE, su nivel técnico y su sintonía con la Ley de Derecho al Refugio.

En caso de que Chamsarian niegue el refugio, la defensa del asesor macrista puede apelar esa decisión e incluso llegar a Casación, por lo que se estima que el proceso de discusión sobre el refugio podría durar unos dos años, y recién cuando la cuestión del refugio quede firme, se daría inicio al proceso de extradición. En esa instancia, Chamsarian deberá considerar si amerita la prisión administrativa, mientras se procesa el pedido de extradición, en función de la disposición de Rodríguez Simón para someterse a la Justicia y la evaluación que realice sobre un eventual riesgo de fuga.

Las fuentes expresaron su sorpresa por la filtración del informe de la CORE, dado que la Ley de Derecho al Refugio en sus artículos 17 y 18 establece la confidencialidad de la información vinculada a los solicitantes de refugio y toda la información aportada y dispone penas de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría por la violación de la confidencialidad.

La CORE, que este año está presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, está integrada por un representante de la Dirección Nacional de Migración, un representante de la Universidad de la República, un representante del Poder Legislativo, dos representantes de organizaciones no gubernamentales y el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Cuando el empresario argentino solicitó el refugio, presentó en su argumentación la opinión del excanciller Didier Opertti y el constitucionalista Martín Risso, quienes entendían que estaban dadas las condiciones para acceder al refugio a lo que entendían como falta de garantías en la Justicia argentina, “procesos judiciales arbitrarios” y “temores fundados de amenaza o persecución política”. También fue consultado el exsecretario de Presidencia, Gonzalo Fernández, quien dijo que Rodríguez estaba siendo investigado por “conminar a cobrar tributos estatales” y calificó como “ridícula” la situación.

Entre las condiciones que debe estudiar la CORE para acceder a la solicitud de refugio, se encuentra la existencia de “fundados temores de ser perseguida por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico o social, género, raza, religión, nacionalidad, u opiniones políticas”, y encontrándose fuera de su país de origen “no pueda o no quiera acogerse a la protección” de su país en función de dichos temores.

La causa por la que debía declarar Rodríguez Simón en Argentina fue abierta en 2019, e investiga al expresidente Mauricio Macri por asociación ilícita para desapoderar activos de los accionistas del Grupo Indalo.

En el pedido de extradición enviado al gobierno uruguayo la jueza Servini aseguró que los delitos por los que se investiga al empresario son “extorsión y amenaza”, que tienen penas de hasta 15 años de penitenciaría y descartó motivos “políticos o militares”.