Tres personas fueron imputadas por asociación para delinquir y trata de personas con fines de explotación laboral. El caso estuvo a cargo del fiscal Andrés Moller, en representación de la Fiscalía del Chuy, en Rocha. Se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva por 150 días mientras continúa la investigación. Hay 11 víctimas, entre las cuales hay cinco niñas, niños y adolescentes.

Las víctimas, que son todas de Venezuela, eran captadas por internet con la promesa de un trabajo. Según informó Fiscalía, las personas eran alojadas en un hostel y obligadas a salir a la calle a pedir donaciones para una protectora de animales. La recaudación diaria de estas personas, que se estima era de 20.000 pesos, retornaba a los explotadores, quienes a cambio de su trabajo les daban alojamiento y comida.

La Fiscalía declaró a la prensa que, dada la extrema vulnerabilidad de estas personas, “en ningún momento se visualizaban como perjudicados”. Esto mereció la intervención de la Unidad de Víctimas de Fiscalía, que trabajó en el acompañamiento de estas personas y en el reconocimiento del delito al que eran sometidos.

El caso tomó especial relevancia pública porque dos de los imputados son ecuatorianos y el tercero es venezolano. Desde Fiscalía se plantea que esta es una organización “piramidal” y que se trabaja para encontrar a los líderes de la organización delictiva. El carácter de migrantes de los imputados generó un debate acerca del delito y la extranjería.

La propuesta del Ministerio del Interior

Luis Alberto Heber, ministro del Interior, dijo al respecto: “Es una barbaridad. En este caso especialmente, porque son extranjeros”. “El Uruguay abre sus puertas a gente para que venga a trabajar a Uruguay, con las mejores tradiciones de acá, y delinquen”, agregó.

Asimismo, Heber planteó la voluntad de expulsar a aquellas personas migrantes que cometen delitos: “Nosotros queremos tener una ley mucho más eficaz, para que aquellos que delinquen se los expulse del país. Expulsados. Con condena, naturalmente”.

El ministro cuestionó el accionar de las personas relacionadas con este caso: “Les abrimos la puerta, los recibimos bien, y tenían personas menores casi esclavizadas”. Y reprochó que ahora signifiquen un costo para el Estado: “¿Y ahora qué? ¿Nos van a costar en el sistema carcelario nuestro?”.

En ese sentido, planteó su estrategia: “Vamos a ir por una ley de migraciones al Parlamento”. “Nosotros vamos con un criterio, que es que a aquel que generosamente Uruguay le abre sus puertas para venir a trabajar y opta por la delincuencia, es totalmente inadmisible”, explicó. Y por eso, dijo: “Tenemos que tener un arma jurídica para expulsar a esta gente, que no la queremos en Uruguay. Ni siquiera en las cárceles”.

Al respecto, Pedro Castillo, presidente de Perú, en su discurso de asunción, propuso lo mismo que Heber.

La normativa ya existe

La Ley 18.250, también llamada “ley de migraciones, fue aprobada en el año 2008 y establece varios de los puntos que plantea el ministro del Interior como necesidades normativas: los impedimentos para el ingreso y la permanencia en el país, entre los que está explícitamente como causal de rechazo “haber sido objeto de condena por delitos relacionados al tráfico y trata de personas, lavado de activos, tráfico de estupefacientes y tráfico de armas en el país o fuera de él”.

También figura como causal denegatoria de la residencia, que quienes la solicitan hayan “sido procesadas o condenadas por delitos comunes de carácter doloso cometidos en el país o fuera de él” para los que se apliquen penas privativas de libertad mayores a los dos años. Además, se plantea como condición que la persona no reitere la comisión de un delito, es decir, que no reincida, en un plazo de cinco años.

El artículo 47 de la Ley 18.250 plantea, asimismo, específicamente que “el Ministerio del Interior podrá cancelar, en todos los casos, la residencia que hubiese otorgado, y disponer su consecuente expulsión cuando: La persona extranjera que en el territorio nacional cometiere delito de carácter doloso y fuera condenado con pena de penitenciaría o registrase una conducta reiterante en la comisión de delitos”.

El mal asesoramiento y la vuelta a la dictadura de Terra

En marzo de 1933, Gabriel Terra, con el apoyo de la Policía, del Ejército y del sector mayoritario del Partido Nacional, en ese momento dirigido por Luis Alberto de Herrera, dio un golpe de Estado. Durante su dictadura impulsó varias leyes, entre ellas la 9.604, asociada a las migraciones.

Esta ley, en su artículo 3, indicaba la expulsión del territorio nacional de “todo extranjero, aunque posea carta de ciudadanía legal, que tenga menos de tres años de residencia en el país” y que haya sido condenado por delitos. También en esa ley se planteaba que, como complemento de la pena, la Justicia debía pronunciarse “respecto de la expulsión del extranjero o ciudadano legal delincuente, atendiendo la naturaleza del delito”.

Juan Ceretta, abogado y docente de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, explicó a la diaria que la Ley 18.250 establece modificaciones en este sentido y adapta esta normativa. “La Ley 9.604 era mucho más genérica; la Ley 18.250 plantea supuestos mucho más concretos”, comentó.

Según Ceretta, lo que Heber plantea “es lo que establecía la ley de Terra que derogó la ley 18.250”; “es como volver a 1936”, dijo, y agregó que para eso “primero habría que derogar parte de la Ley 18.250”.

Por su parte, Valeria España, abogada especializada en cuestiones de migraciones, dijo a la diaria que “el ministro Heber claramente está siendo mal asesorado en temas de migraciones, porque cada vez que se expide sobre el tema muestra un profundo desconocimiento”.

España, al igual que Ceretta, señaló que “la Ley 18.250 ya establece cuestiones vinculadas a personas que han tenido algún conflicto con la ley y específicamente en situaciones relativas a la trata de personas”. “Si se ve el texto frío de la ley, podemos ver que la comisión de delitos ya puede ser un motivo de rechazo de ingreso al país, también los antecedentes vinculados al delito de trata. Se puede cancelar la residencia y la permanencia. Y por supuesto que también se denega el trámite de residencia”, explicó.

“Entonces, en realidad, el ministro Heber habla del tema sin conocer que ya hay una normativa que establece ciertos criterios vinculados a las personas no nacionales que cometen algún tipo de delito o que ya tenían algún antecedente”, apuntó. “Lo que plantea el ministro Heber no solamente carece de fundamentos, por lo que tendría que estudiar un poco más, sino que además muestra que tiene un desconocimiento profundo de la normativa vigente en el país”, insistió.

La abogada sugirió que “claramente parecen sus manifestaciones una forma de distraer la atención del foco: la porosidad de las fronteras de Uruguay y la falta de controles con relación a los seres humanos”. Fue enfática: “Hay que decirlo, Uruguay es un país de origen, destino y tránsito de personas que son víctimas de trata. Llama poderosamente la atención que esté poniendo el foco en eso y no en las 11 víctimas, todas personas migrantes, que fueron estafadas, violentadas. Y en las otras tantas víctimas de explotación laboral y sexual en el marco de delitos vinculados a los temas migratorios”. Según España, “sabemos hoy que muchas personas migrantes no han sido protegidas adecuadamente por el país, y por lo tanto sabemos que el problema tendría que ser otro”.

Por otro lado, España reclamó “la efectiva implementación de las políticas migratorias con enfoque de derechos humanos, a las cuales Uruguay se ha comprometido” y “la adecuada implementación de la ley de trata, que justamente está orientada a proteger a las víctimas”.

Para terminar, señaló sobre los dichos de Heber: “Claramente este tipo de mensajes, lejos de contribuir a la prevención y a la erradicación de delitos graves, como es la trata de personas, lo único que contribuye es a que se naturalicen por parte de jerarcas y personas de alto nivel, como es un ministro”. Y agregó: “Son discursos de odio y de miedo, en los que se asocian las migraciones y la comisión de delitos, y que al ser acompañados de un discurso nacionalista lo que generan obviamente son situaciones de xenofobia”. Además, resaltó que “la situación va por otro lado. Incluso por el tipo de comentarios que hace el ministro da la sensación de que hay un desborde absoluto, en el cual se asocian extranjería y delitos, y eso evidentemente no corresponde a la realidad.

Según la abogada, esto “no va al fondo de la situación”. “Evidentemente es necesario pensar y problematizar con mayor profundidad las políticas migratorias en Uruguay; eso es un desafío”. Sin embargo, destacó que “también lo es poder implementar la normativa y los compromisos asumidos por Uruguay en términos de prevención y combate a la trata de personas”.

“Es un tema complejo, que se habla a la chabacana, no genera ningún tipo de contribución y lo único que hace es que lejos de acercarnos a una comprensión profunda del tema migratorio o eventualmente a una consciencia social sobre lo que implica la trata de personas en tanto delito grave, en tanto esclavitud del siglo XXI, estamos lejos de eso con este tipo de expresiones que deben preocuparnos profundamente”.