La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) comenzó este lunes a sesionar en Uruguay, en un período en el que habrá varias audiencias, entre ellas, la que supervisará el cumplimiento de la sentencia de condena al Estado uruguayo por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos vinculados al caso Gelman y la audiencia pública en el caso contra el Estado argentino por incumplimiento de la debida diligencia en la investigación judicial del atentado de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994.
La audiencia en la que se discutirá el estado del cumplimiento de la sentencia del caso Gelman, emitida el 24 de febrero de 2011, se realizará en Colonia del Sacramento, el 20 de octubre.
Fuentes del Ejecutivo señalaron a la diaria que uno de los principales puntos pendientes para el cumplimiento de la sentencia es el hallazgo de los restos de María Claudia García, por lo que durante la audiencia privada se presentarán las acciones tomadas por el Estado para el hallazgo de los restos. Las fuentes señalaron el rol de la Ley 19.822, que en 2019 otorgó a la Institución Nacional de Derechos Humanos y defensoría del Pueblo la competencia sobre las excavaciones.
El director de la Institución Nacional de Derechos Humanos Wilder Tayler dijo a la diaria que están trabajando en la presentación que realizarán ante la Corte y recordó que a la institución le compete, además de las excavaciones, el acceso “irrestricto” a los archivos de los servicios de inteligencia e instituciones públicas y privadas, algo que está previsto en el artículo 6 de la Ley 19.822, pero que aún no se ha cumplido.
El último informe de la Corte IDH sobre el cumplimiento de la sentencia se realizó en noviembre de 2021. Entonces el órgano del sistema interamericano de Justicia denunció el incumplimiento de siete de las 12 medidas de reparación dictadas en la sentencia.
Además del hallazgo de los restos de María Claudia García, la Corte IDH advirtió que aún no se cumplió la responsabilidad de investigar sobre los hechos ocurridos y, si bien valoró la condena a los militares responsables de la desaparición, marcó las dificultades que hubo en el proceso para que la sentencia de condena quedara firme.
Otro punto mencionado en la última evaluación fue la declaración de inconstitucionalidad de dos artículos de la ley interpretativa de la Ley de Caducidad, que determina la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, algo que fue revertido este año en las últimas sentencias de casos vinculados a violaciones de los derechos humanos, a partir de la nueva integración de la corte.
Además, la corte señaló que está pendiente de cumplimiento la implementación de programas dirigidos a fiscales y jueces sobre derechos humanos y el acceso a información sistematizada sobre violación de derechos humanos que se encuentra en poder del Estado, así como la revisión y evaluación del protocolo elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos para la recolección de información de restos de personas desaparecidas.
El 153° período de sesiones será inaugurado este martes en un acto en el Palacio Legislativo, y luego los jueces de la Corte IDH, Ricardo Pérez Manrique, Humberto Sierra, Eduardo Ferrer, Nancy Hernández, Patricia Pérez, Verónica Gómez, Rodrigo Mudrovitsch, se reunirán con la vicepresidenta, Beatriz Argimón. En la tarde, se realizará el seminario “Corte Interamericana de Derechos Humanos, Estado de Derecho y control de convencionalidad”.
Además del caso Gelman y el de la AMIA, la Corte IDH actuará en otros dos casos contenciosos: el que investiga la responsabilidad internacional del Estado peruano por daños causados a la comunidad de La Oroya por la actividad de una empresa metalúrgica, y el caso que investiga la responsabilidad del Estado argentino en la entrega en adopción de “Mariano”, un niño que fue separado de su madre biológica, “María”, sin las debidas garantías del proceso de adopción.
La Corte IDH también discutirá la sentencia del caso Tzompaxtle Tecpile contra México, que investiga la responsabilidad del Estado mexicano en la detención ilegal de tres personas por parte de la Policía en una carretera entre Veracruz y Ciudad de México, el caso de la responsabilidad del Estado boliviano en una serie de allanamientos ilegales contra 22 personas que fueron víctimas de abuso policial y abusos sexuales, y el caso que investiga al Estado ecuatoriano por detenciones ilegales y torturas contra el exmilitar Gonzalo Cortez.