Antes de que Alejandro Astesiano, exjefe del Servicio de Seguridad Presidencial, fuera detenido, estando al tanto de la investigación y de su inminente detención, borró la información de su celular. La Policía Científica sólo pudo recuperar menos de 2% de la información que tenía. Esa ínfima porción de datos que se recuperó rindió para identificar a dos jerarquías policiales que ahora están indagadas en el caso.

Gabriela Fossati, fiscal a cargo del caso, consignó que uno de los policías indagados tiene un cargo “jerárquico” y otro un cargo “muy jerárquico”. Se busca identificar quien es la persona a la que Astesiano se refiere como “el uno de la Dirección Nacional de Identificación Civil”. Se pudo confirmar que Héctor Ferreira, subdirector de la Policía Nacional, es uno de los indagados.

Para la fiscal, el manejo de Astesiano en lo que refiere a los “favores” que pedía a las jerarquías policiales involucradas “tienen todos los visos de ser ilícitos”. Por eso, se realizaron diligencias al Ministerio del Interior para conocer si las jerarquías policiales identificadas estaban habilitados para recibir y cumplir pedidos como los que les hizo Astesiano.

La fiscal hizo tres pedidos al Ministerio del Interior: saber si a Astesiano le correspondía dirigirse a jerarcas policiales para solicitar móviles y policías de apoyo para eventos privados en su barrio; conocer si el exjefe de custodia presidencial figura como titular de alguna empresa de seguridad -aunque se sospecha que no figura él sino un testaferro-; y contar con la información de cómo fue el ingreso de una mujer que entró a la Escuela de Policía a pedido de Astesiano.

El Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que planteó que “está sumamente comprometido en su trabajo auxiliando a Fiscalía en la causa de los pasaportes, habiendo puesto todos los recursos humanos y materiales necesarios para dar respuestas a las solicitudes fiscales”. “Cabe consignar que el arduo trabajo policial permitió desbaratar una organización criminal que operaba desde 2013 en nuestro país”, acotaron.

“Viendo el devenir de los acontecimientos preocupan las constantes filtraciones que vulneran el debido proceso, lo que entorpece el trabajo de análisis e investigación”, alertaron.

Desde la cartera se han negado a aportar información acerca de los jerarcas policiales indagados en la causa y han derivado las consultas a la Fiscalía. En el comunicado disparan contra la prensa: “Lamentamos la falta de rigurosidad al momento de manejar públicamente nombres de autoridades policiales, lo que lesiona la integridad y el honor de los funcionarios, exponiéndolos como culpables ante la opinión pública en clara contravención al principio de inocencia. Esta situación llevó a ciertos jerarcas a solicitar mediante carta pública el cese de las difamaciones de las que han sido víctimas”.

Sobre los jerarcas indagados “y con base en los elementos hasta ahora aportados por Fiscalía, el Ministerio del Interior resolvió, con fecha 19 de octubre, disponer una investigación administrativa”, comunicaron. Cabe consignar que Ferreira es un policía retirado que ocupa la subdirección de la Policía, un cargo de confianza cuya designación es una decisión política.

“Desde el 1° de marzo de 2020 se ha respaldado el buen accionar policial, en cuanto el policía es la ley actuando y, por tanto, deben tener el apoyo necesario para actuar. Es por esto que los jerarcas mencionados cuentan con el respaldo ministerial salvo que se demuestre lo contrario, momento en el que se actuará con todo el rigor de la ley”, afirmaron sobre los jerarcas policiales que se han negado hasta ahora a declarar ante la Fiscalía.