El periodista Ignacio Álvarez es investigado por la presunta comisión de un delito por la divulgación de contenido íntimo, de orden sexual, sin el consentimiento de una mujer que denunció una violación grupal. La investigación penal fue ordenada de oficio por Juan Gómez, fiscal de Corte, y está a cargo de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6º Turno, a cargo de la fiscal Mariana Alfaro.

En el marco de la investigación, se libró una orden de allanamiento en la radio Azul FM, que emitió el material sin consentimiento de la mujer. Cuando la Policía se presentó en la radio, hubo colaboración de las partes y entregaron los programas emitidos.

Este hecho generó múltiples reacciones. En conferencia de prensa, Gómez rechazó los allanamientos en medios de comunicación como instrumento de investigación penal.

Una de las críticas que apareció en estos días en medios fue que el fiscal de Corte no estaba al tanto de que se iba a solicitar una orden de allanamiento. En este sentido, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) emitió un comunicado en que plantea que “en la actuación de los fiscales de nuestro país, dado el marco normativo que la regula, es fundamental la consideración del principio de independencia técnica, que implica el derecho a no recibir órdenes ni recomendaciones de parte de ningún jerarca de la institución ni autoridad ajena a la misma, para proceder de una determinada manera en cada caso concreto, del cual exigimos su respeto por parte de las autoridades”.

Los fiscales también plantearon que su actividad “es reglada y está destinada a la investigación y litigación de casos penales a efectos de lograr la condena de personas imputadas como responsables de la comisión de delitos” y advirtieron que “todo ello debe ocurrir en los ámbitos establecidos por las normas, fundamentalmente en los juzgados”. Por eso, “rechazamos la proliferación de juicios paralelos en medios de comunicación y redes sociales, los cuáles resultan muchas veces en perjuicio de los intereses de las partes, las víctimas y los imputados y generan además el desprestigio del sistema de justicia”.

Además, reivindicaron que “todos somos iguales ante la ley y todos somos pasibles de persecución penal si eventualmente incurrimos en conductas que tienen apariencia delictiva”. En este sentido, resaltaron que “los fiscales, en el ejercicio de nuestra función, podemos y debemos usar todas las herramientas legales establecidas y que no estén prohibidas expresamente por las normas aplicables, a efectos del esclarecimiento de los hechos investigados”.