Los cuatro emplazados en el caso de la violación grupal declaran ante Fiscalía

El programa La pecera de Azul FM, conducido por Ignacio Álvarez, divulgó material con contenido íntimo de la mujer que denunció haber sido sometida a una violación grupal. Cuatro varones fueron emplazados por este caso, que llevan adelante la fiscal Sylvia Lovesio, al frente de la Fiscalía de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género de 4º turno, y el fiscal Ricardo Chiecchi, de la Fiscalía de Adolescentes, porque uno de los emplazados tiene menos de 18 años.

En consecuencia, el fiscal de Corte, Juan Gómez, ordenó de oficio el inicio de una investigación penal por la presunta vulneración del artículo 92 de la Ley 19.580, de violencia basada en género contra las mujeres, que establece la imposibilidad de divulgar contenido íntimo de orden sexual sin el consentimiento de las personas involucradas. También por la vulneración del artículo 259.6 del Código del Proceso Penal, que impide la filtración de información reservada por parte de aquellas personas obligadas a guardar esa reserva.

• Leé más sobre esto: Dirigentes del FA promueven denuncia contra programa radial porvulneración de derechos; fiscal de Corte ordenó investigación

Hasta el momento, la defensa de los acusados no aportó como prueba las grabaciones publicadas sin consentimiento.

Martín Frustaci, abogado defensor de los emplazados, dijo a Telenoche que se les tomará declaración a los emplazados “porque hasta ahora no se ha tomado en cuenta la versión de mis defendidos”. También planteó que “se van a incorporar lo que lamentablemente se ha viralizado, que son videos y audios”. “Se va a ir por el camino que corresponde, que es aportarlo a Fiscalía, para ver qué versión prima, si la de la denunciante o la de los denunciados”, dijo el abogado. Reiteró que “lo que dicen ellos es que fue sin violencia y consensuado, con consentimiento de todos los participantes”.

Por otra parte, Juan Williman, abogado del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República que representa a la víctima, señaló a El País que fueron presentados antes en la prensa que en la Fiscalía. Afirmó además que “los audios por sí solos no indican nada”.

En diálogo con la diaria, Williman dijo que la investigación es reservada. El artículo 259 del Código del Proceso Penal plantea que la investigación preliminar que lleva adelante la Fiscalía es reservada y el acceso es exclusivo para quienes tienen autorización, que son las defensas de ambas partes. Además, el artículo 75 de la Ley 19.580, de violencia basada en género contra las mujeres, agrega que en estos casos incluso la audiencia no será pública si así lo solicita la víctima.

Con respecto a los audios, dijo que “si la defensa aporta los audios, será un elemento más que habrá que tomar en cuenta dentro de un cúmulo de evidencias”. Consignó que este análisis lo hacen cada defensa y la Fiscalía, “que debe hacerlo de forma reservada”.

Después de que la Fiscalía y el juzgado de garantías tomen una decisión sobre el caso, se podrá acceder a la información. “No obstante, hay cuestiones que deberían quedar resguardadas por una cuestión de integridad y dignidad de la víctima y de los acusados, porque la exposición recae sobre todos”, señaló.