La Justicia italiana convocó a una audiencia preliminar para evaluar el inicio de un juicio contra el represor uruguayo Jorge Tróccoli a pedido del fiscal italiano Erminio Amelio, según informaron a la diaria fuentes allegadas a la investigación.
En la audiencia, que se realizará el 5 de mayo, el fiscal planteará la responsabilidad de Tróccoli en el asesinato y la desaparición de la maestra Elena Quinteros, secuestrada el 24 de junio de 1976 y asesinada a principios de noviembre tras ser torturada en el centro clandestino 300 Carlos, así como también en los homicidios de Giuliana Filipazzi y José Potenza, quienes fueron secuestrados en Montevideo el 27 de mayo de 1977 en un operativo comandado por el Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna), y luego trasladados y desaparecidos en diciembre en Paraguay.
En el pedido de la audiencia preliminar, al que accedió la diaria, Amelio destaca el rol del Fusna en los tres homicidios y particularmente de Tróccoli como oficial de inteligencia y enlace del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Además, señala que los delitos fueron realizados “con el agravante de haber cometido los hechos con premeditación, por motivos abyectos, utilizando tortura y actuando con crueldad, actuando con abuso de poder, actuando con medios insidiosos”.
Amelio se refirió a documentos del Fusna aportados por el abogado del Estado uruguayo Andrea Speranzoni en 2018 en la causa Plan Cóndor, por la que fueron condenados a cadena perpetua 14 represores. En esos documentos hay una ficha de Quinteros en la que figura como “fallecida” entre el 2 y el 3 de noviembre de 1976 y se dan detalles de la participación de Tróccoli en el operativo por el que fue secuestrada.
En tanto, en el caso de Potenza y Filipazzi, el fiscal señala que fue el Fusna el responsable de toda la coordinación con la dictadura de Alfredo Stroessner, en un caso paradigmático del Plan Cóndor.
La maestra Elena Quinteros fue secuestrada en su casa, en Ramón Massini 3044, en un operativo realizado por la OCOA y el Fusna. Cuatro días después de su secuestro, la militante del Partido por la Victoria del Pueblo fingió que entregaría un contacto en la zona de Bulevar Artigas y Palmar. Cuando llegó a la Embajada de Venezuela, logró escapar de sus captores e ingresar a los jardines de la sede diplomática para pedir asilo, pero dos oficiales ingresaron a territorio venezolano para volver a capturarla y la trasladaron al 300 Carlos. El hecho derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Uruguay durante casi diez años.
Según la información dada a la Comisión para la Paz, Quinteros fue ejecutada en noviembre. El 21 de abril de 2010 la Justicia condenó a 20 años de penitenciaría al canciller civil de la dictadura Juan Carlos Blanco por coautoría del homicidio muy especialmente agravado.
Filipazzi y Potenza fueron secuestrados en el hotel Hermitage, ubicado en Benito Blanco, en el barrio Pocitos. La pareja fue trasladada al centro clandestino del Fusna, que funcionaba en el puerto de Montevideo, y el 8 de junio de 1977 la inteligencia uruguaya los entregó a la Policía paraguaya, que los trasladó en el vuelo 303 de Líneas Aéreas Paraguayas a pedido de la dictadura de Stroessner.
Estuvieron varios meses detenidos en la sede del Departamento de Investigaciones de la Policía Federal paraguaya. “Nosotros estábamos secuestrados clandestinos y los vimos llegar, ahí los conocimos. Ella estaba sola en el tercer piso y yo en la planta baja, al lado de la cocina. Una vez la Policía bajó a Potenza para limpiar el baño, y como yo estaba enfrente del baño, en un descuido de la guardia él se acercó y me habló. Me dijo que era sindicalista argentino, estaba súper nervioso, me iba a decir más cosas, pero vino la guardia y no me pudo hablar más”, comentó a la diaria la dirigente comunista paraguaya Lidia Cabrera cuando se conoció la inminente culminación de la investigación preliminar, en febrero de este año.
Filipazzi y Potenza fueron trasladados junto con unas 70 personas a un paradero desconocido, días antes de una visita de la Cruz Roja al centro de detención clandestino. Sus restos fueron encontrados en una fosa común de una dependencia policial en el predio de la Agrupación Especializada de la Policía paraguaya e identificados en agosto de 2016.