El periodista Ignacio Álvarez divulgó material con contenido íntimo de la mujer que denunció haber sido sometida a una violación grupal en Cordón en su programa La pecera, emitido por Azul FM. Esto supone un delito según el artículo 92 de la ley 19.580, de violencia basada en género contra las mujeres, y por eso el fiscal de Corte ordenó una investigación penal de oficio, que quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6º turno, que dirige la fiscal Mariana Alfaro.
En el marco de esta investigación, se suscitó una polémica respecto de un allanamiento a la radio en la que Álvarez trabaja. También se pretendió incautar el celular del periodista y allanar su domicilio. Pero, luego de que Álvarez apelara por intermedio de su abogado defensor, Andrés Ojeda, la Fiscalía desistió de llevar adelante estos procedimientos porque se entendió que la finalidad probatoria que se perseguía se frustró y que se podía obtener evidencias sin poner en riesgo la libertad de expresión.
En paralelo, actuó la Justicia de Familia. Ignacio Álvarez tiene medidas cautelares hacia la víctima de la violación grupal, su hermana y una testigo, según detalla [el escrito que presentó la defensa de la mujer contra el fiscal Raúl Iglesias por “incumplimiento a los deberes y protección”. El escrito fue firmado por la víctima y por sus dos abogados, Juan Raúl Williman y Soledad Suárez, ambos representantes del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
La víctima pidió que se impongan medidas cautelares porque Ignacio Álvarez intentó comunicarse con ella, con su hermana y con la testigo del caso. Las medidas cautelares que pesan sobre Álvarez fueron impuestas por un Juzgado de Familia, que tiene competencia en género para la adopción de medidas cautelares de no contacto y no acercamiento a la víctima, y fueron ratificadas por un Tribunal de Apelaciones de Familia. Estas medidas se suman a la investigación penal que continúa contra el periodista a cargo de la Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia de Género de 6° turno.
Entre los planteos que hace en el escrito, la defensa cuestiona que Iglesias justamente haya ido a hablar sobre el caso al programa de Ignacio Álvarez, sobre quien pesan medidas cautelares respecto de la víctima y en el programa donde “se reprodujo al aire audios de videos de contenido sexual sin autorización de la víctima”.
“El periodista Ignacio Álvarez, uno de los periodistas elegidos por el fiscal para contar masivamente sobre su iniciativa de modificar la medida cautelar, tiene impuestas medidas de no acercamiento y comunicación hacia la víctima, su hermana y la testigo”, plantea el documento al que accedió la diaria.
En el escrito, la defensa cuestiona: “¿Consideró que la noticia llegaba a la víctima mediante una entrevista con un imputado del que ella es víctima por otra causa, pero relacionada a la que investiga el fiscal?”. Y agrega: “¿Acaso tomó en cuenta las medidas de protección que tiene la víctima respecto al imputado Ignacio Álvarez dado que ya con la investigación en curso se comunicó con la hermana de la víctima respecto a su propia causa?”. En este sentido, la defensa de la mujer pregunta: “¿Acaso dicha actitud fiscal no resulta obviamente intimidante para la víctima?”.
Se aclara que no se cuestiona el derecho del periodista, sino que “se cuestiona fuertemente la legalidad del proceder fiscal, quien, apartándose de una serie de deberes legales”, “informa, opina, maneja eventualidades contra la propia víctima, manifiesta su parecer respecto a la investigación, con una persona investigada por haber divulgado los videos del presunto delito que a su vez dicho fiscal debería investigar”.