El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) fue recibido este miércoles por el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas para analizar el cumplimiento de las obligaciones de Uruguay en esta área. La audiencia se produjo un día antes de la comparecencia de la delegación de las autoridades de gobierno que tendrá lugar este jueves en Ginebra, en la que participarán Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Lourdes Salinas, subdirectora técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación, y Fabián Rosano, director del Centro de Formación Penitenciaria. Aunque sin vínculo con el sistema carcelario, también forma parte de la delegación Eliphas Ferreira, directora de Género del Ministerio del Interior.
Debilitamiento de garantías
Wilder Tayler, en representación de la INDDHH, analizó los cambios que introdujo la ley de urgente consideración (LUC) sobre el sistema penal de adultos, con la particular situación de las mujeres presas con sus hijas e hijos y del sistema penal juvenil.
El MNP reportó que “se ha producido un debilitamiento de las garantías de las personas durante los primeros momentos de la detención”. Estas garantías son: la notificación a familiares de la persona detenida, el examen médico independiente, el derecho a la asistencia jurídica y la información sobre los derechos.
Según el MNP, “a partir de la aprobación de la LUC se ha vuelto aún más difícil verificar si ha existido un abuso, debido, entre otras cosas, a que se extendió hasta cuatro horas el período en que la persona detenida puede permanecer sin notificación al fiscal o juez; se estableció la posibilidad de tomar declaraciones voluntarias en las unidades policiales a efectos de ‘realizar averiguaciones, investigar, obtener evidencias y aclarar el presunto delito’; se dispuso una presunción relativa de legitimidad en la actuación policial, que representa una riesgosa inversión de la carga de la prueba en materia penal con afectación de los derechos fundamentales”.
Malos tratos en operaciones policiales
En la sesión se presentó también información que plantea un aumento durante el último año de las denuncias de malos tratos en operaciones policiales, incluyendo golpes, empujones, presiones y amenazas, e ingresos a la morada de las personas frecuentemente mediante la intimidación.
En este sentido, el MNP propuso al Comité contra la Tortura recomendar a Uruguay la adopción de un plan de trabajo para la implementación progresiva de los Principios Méndez en lo que respecta a las entrevistas e investigaciones eficaces y respetuosas de los derechos humanos. Según Tayler, estos principios “abordan de manera constructiva muchos de los problemas señalados durante las primeras etapas de la privación de libertad”.
Sobre las garantías en los primeros momentos de la detención y los casos de presunto abuso policial se reiteraron las recomendaciones ya formuladas por el MNP al Estado uruguayo, las que, según afirmaron, “aún no han sido atendidas”.
Las medidas son: garantizar la asistencia jurídica a toda persona que no cuente con los medios necesarios para recurrir a una o un defensor privado; modificar la tipificación del delito de tortura e incorporarla al Código Penal como un delito autónomo; crear y poner en funcionamiento un registro nacional de casos de tortura y/o malos tratos; regular el empleo de cámaras corporales de video para filmar operativos policiales en respaldo a los derechos de las personas detenidas.
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Mujeres privadas de libertad con sus hijas e hijos en cárceles
El MNP destacó que la LUC endureció las penas en los delitos que refieren al tráfico menor de sustancias psicoactivas. Esta modificación generó un aumento en la cantidad de mujeres privadas de libertad.
Según explicó Tayler, “la LUC agravó de manera significativa la situación de las mujeres privadas de libertad al establecer un aumento de la pena mínima para los delitos relacionados con el tráfico menudo de drogas, y haciéndolos inexcarcelables”. Además, “se dio un drástico endurecimiento en la forma de cumplimiento de dichas penas”. Esto “se produce en el marco de un aumento sostenido del número de personas privadas de libertad, que colocan a Uruguay como el país con una de las mayores tasas de prisionización de América del Sur”, subrayó.
Aumento desproporcionado
El encarcelamiento de mujeres en Uruguay ha aumentado desproporcionadamente en el último año. Mientras los varones, que representan el 93% de la población carcelaria aumentaron 9%, las mujeres aumentaron 28%. La mitad de las mujeres que están presas en Uruguay están por delitos asociados a estupefacientes.
Los cambios en la legislación al respecto ha producido este aumento dramático del encarcelamiento, que ha recaído sobre las mujeres que son las que cuidan en el ámbito doméstico y las que visitan en las cárceles. 95% de las personas encarceladas por ingresar drogas a las cárceles son mujeres, y 78% de quienes están presas con sus hijos lo están por delitos de drogas.
Menores garantías y violencia institucional contra adolescentes
En lo que respecta a los adolescentes en conflicto con la ley, se reseñó un informe sobre violencia institucional contra adolescentes publicado a fines de 2021.
Tayler planteó que si bien la violencia institucional precede a la LUC, “esta norma agravó las condiciones de vulnerabilidad de las y los adolescentes frente al sistema penal”. A su vez, “aumentó las facultades conferidas al Ministerio del Interior, incrementó los máximos penales para muchos delitos, al tiempo que disminuyó y limitó las medidas alternativas, lo que se traduce en un debilitamiento de las garantías y una amenaza real a los derechos humanos de estos adolescentes”. Por otra parte, se duplicaron los tiempos de sanción para determinados delitos, llegando al máximo de diez años.
Lo que más “preocupa” al MNP “es que no se brinde una información detallada sobre las razones de la detención y muy poca sobre los derechos individuales, así como el muy escaso contacto con la defensa legal”.
Estos datos surgen de testimonios de jóvenes, en los que se informa también sobre “utilización de esposas y grilletes, amenazas con armas de fuego al momento del arresto y el uso de lenguaje ofensivo, amenazante o inapropiado. También detallan prácticas de detención discriminatorias y arbitrarias, y haber sido víctima de algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica o simbólica”.
Se hizo un espacio para denunciar la “preocupación” del MNP sobre la aplicación del proceso abreviado para adolescentes, incorporado por la LUC. Indican que esta posibilidad “puede implicar una disminución de la protección a las y los adolescentes en el sistema penal juvenil” y que “se trata de una estructura propia del modelo acusatorio de adultos, que ignora las características de la edad como central al principio de especialidad”, tal como está estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño.
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Clínicas psiquiátricas
En lo que respecta a las clínicas psiquiátricas, el hacinamiento y las hospitalizaciones involuntarias, se planteó que “hay lugares con hacinamiento y una problemática de pacientes que se han convertido en ‘internos eternos’, que entraron hace muchísimos años y para los que es muy difícil salir de algunas colonias psiquiátricas, siendo la mayor causa de egreso de estas el fallecimiento del paciente”.
Se relató la situación de niñas y niños que están internados en centros psiquiátricos bajo la custodia del Estado que fueron ingresados por episodios agudos y permanecen hospitalizados a pesar de haber recibido el alta médica, situación que la INDDHH viene denunciando desde 2018. “Luego de varias gestiones infructuosas, el MNP presentó un recurso de amparo que fue acogido por la Justicia”, señaló Tayler en su intervención.
También se denunció que en algunos de esos centros se constataron hechos irregulares: “excesos de medicalización, uso excesivo de la fuerza y de los mecanismos de contención, y la inexistencia de un plan individual para cada caso para que puedan dejar de estar internados”.
Conclusiones
“La situación actual en relación a las personas privadas de libertad da cuenta de un incumplimiento de las recomendaciones formuladas por este Comité en 2014 y del Comité de Derechos del Niño en 2007 y 2015 para el caso de los y las adolescentes”, afirmó el MNP al cierre de su intervención.
Tayler habló sobre “una fuerte retórica de apoyo casi incondicional al accionar de las fuerzas policiales por parte de la jerarquía gubernamental”: “Ante casos de denuncia de abusos las autoridades de gobierno emiten frecuentemente consignas públicas que instan a la acción policial firme y determinada. Por ejemplo, se repite con frecuencia que ‘se terminó el recreo’, o se ha hecho una consigna de la frase ‘hay orden de no aflojar’”.
La INDDHH cerró su intervención planteando el ataque que han recibido desde el gobierno por denunciar estas situaciones: “Quienes formulan denuncias por abuso policial son acusados por las autoridades de gobierno de tener intenciones políticas o de prestarse a ayudar a la delincuencia. Este ha sido el caso en los dos últimos años en los que la INDDHH y el MNP fueron frecuentemente aludidos en este contexto”.