El abogado del Ministerio de Salud Pública (MSP), Gustavo Bordes, y una de las contadoras interventoras de Casa de Galicia concurrieron el miércoles a la Fiscalía para profundizar sobre los fundamentos de la denuncia contra el presidente del directorio de la mutualista, Alberto Iglesias.

La convocatoria responde a que la investigación policial, que realizó el departamento de delitos financieros de Interpol, no pudo establecer vínculos claros entre los delitos denunciados y los resultados del informe contable de la intervención del MSP, luego de que la institución médica llamara a concurso de acreedores y después de que el Estado le negara acceso a un Fondo de Garantía para gestionar un nuevo crédito.

El fiscal de delitos Económicos de 3° turno, Gilberto Rodríguez, busca reorientar la investigación y precisar si los delitos atribuidos a Iglesias en la denuncia -apropiación indebida, libramiento de cheques sin fondos y estafa, entre otros- están probados por el informe de la intervención.

La Fiscalía necesita información por parte de los denunciantes sobre los cheques supuestamente librados sin fondos, cuáles fueron, por quién fueron firmados y las constancias de falta de fondos, algo que, según la Policía, no surge de la documentación presentada en Fiscalía.

También se busca precisar las denuncias vinculadas a desvíos de fondos y presentar pruebas sobre los retiros de dinero por parte de las autoridades de la mutualista que no fueron reintegrados a la organización.

Otro de los puntos denunciados en los que no se pudo avanzar es el robo de varios muebles de la sede central de Casa de Galicia en Sayago. La Policía investigó las imágenes de las cámaras de seguridad del estacionamiento de la parte de Emergencias en las que se ve a una persona subiendo muebles y cajas a una camioneta, pero no obtuvieron mayor información o evidencia sobre el contexto de esos movimientos, quiénes lo hicieron, ni qué llevaban.

También se investigan irregularidades en las contrataciones realizadas por la mutualista y las condiciones en las que se le fueron otorgados los préstamos y quiénes los negociaban, particularmente un préstamo aprobado en 2019 y que se comenzó a ejecutar en 2020.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Salud del Senado del 3 de noviembre de 2021, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se refirió a algunas decisiones tomadas por las autoridades de la mutualista: “Llama poderosamente la atención que, con los problemas financieros y las deudas con particulares de la institución, se haya solicitado un fideicomiso de US$ 4.500.000 para atender [...] la cancelación de pasivos financieros no bancarios”.

En esa línea, Salinas también cuestionó que “dentro de este contexto de dificultad económico-financiero grave, de falta de liquidez, de falta de caja, a lo largo de este tiempo se haya participado en varias inversiones o compras –como parte de una emergencia móvil, un inmueble en el cruce de las avenidas Ocho de Octubre y Centenario, una clínica de radioterapia, una envoltura para el edificio– sin la debida solicitud de autorización” al MSP.

Otro de los puntos que necesita saber la Fiscalía es el rol de los miembros del directorio de la mutualista en la toma de decisiones, dado que si bien hay testimonios que señalan que Iglesias era quien resolvía, esa situación debe respaldarse con documentos para generar evidencia en la investigación penal.

La denuncia penal fue presentada en la Fiscalía a principios de diciembre, luego de la intervención de la mutualista que fue determinada por el Poder Ejecutivo en octubre de 2021. Luego de 34 días de investigación los interventores concluyeron que existieron “múltiples y presuntas irregularidades que habrían cometido las anteriores autoridades de Casa de Galicia y otros particulares, en detrimento del patrimonio de la institución”, según señaló el MSP en un comunicado publicado el 3 de diciembre.

El 18 de noviembre el juez de Concursos de 1er. Turno, Leonardo Méndez, resolvió que la mutualista pase a concurso y se levante la intervención del MSP y la administración fue derivada a la Liga de Defensa Comercial. El jueves 23 de diciembre el juez Leonardo Méndez dispuso el cierre de la mutualista, lo que fue cuestionado por las autoridades del MSP debido al impacto que tuvo sobre todo el Sistema Nacional Integrado de Salud.