Luego de que el juez Alejandro Recarey condenara al Estado a suspender la vacunación contra la covid-19 en menores de 13 años hasta que no se conozcan “íntegros todos los contratos de compra de estas vacunas, así como todo documento adjunto a ellos, en especial todos aquellos que detallen la composición de las sustancias a inocular”, fueron varias las voces del sistema político que se alzaron para criticar la sentencia. El viernes la farmacéutica Pfizer -una de las principales proveedoras de la vacuna al Estado uruguayo- lanzó un comunicado institucional en el que lamenta “la decisión tomada a nivel judicial”.
“La inmunización es una herramienta fundamental para ayudar a combatir enfermedades, incluyendo la pandemia causada por el covid-19”, reza el texto, en el que se asegura que “los medicamentos y vacunas de Pfizer siguen estrictos procesos de seguridad y calidad” y, en particular, “la vacuna contra el covid-19 de Pfizer/BioNTech” recibió “la autorización de uso de emergencia o la completa autorización de comercialización por parte de las agencias reguladoras de Europa, Estados Unidos y muchos otros países de la región latinoamericana y de todo el mundo”.
Según el comunicado, “se han suministrado más de 3.500 millones de dosis, incluidas las destinadas a la población pediátrica, en 180 países”. En particular, en América Latina, “más de 500 millones de dosis de la vacuna de covid-19 han llegado a 33 países”, indica Pfizer.
En Uruguay, sostienen desde la empresa, se ha dado respuesta “a las solicitudes de información como un testigo externo”. Hacia el final del texto, Pfizer se pone a disposición y aclara que, “debido al proceso judicial en curso”, no pueden “proporcionar más detalles”.