La ley de presupuesto de 2020 habilitó al Ministerio del Interior a contratar hasta 1.000 policías retirados. Se pueden contratar jubilados policiales de hasta 65 años que serán destinados al “combate del delito” por un plazo de cuatro años, prorrogable por hasta dos años más. Los policías retirados podrán desempeñarse en comisarías, subcomisarías, seccionales policiales, destacamentos, garitas o quioscos policiales en todas las jefaturas departamentales.

Esta iniciativa fue rechazada por varios sindicatos policiales. El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay (Sifpom) planteó su disconformidad con que se reincorporen retirados porque “se está peleando por una jubilación digna donde no haya que volver a trabajar después de jubilado”. “Queremos que los funcionarios policiales se retiren antes, con menos años, dada la complejidad de la tarea y cómo desgasta al policía tanto físicamente como su salud psíquica”, señalaron en un comunicado.

Patricia Rodríguez, presidenta de Sifpom, dijo a la diaria que “desde el sindicato seguimos pidiendo irnos con menos edad y mejor jubilación” y “por eso no podemos estar de acuerdo con que reingresen con estas edades”. “Es ir a contrapelo de lo que estamos peleando”, afirmó. “Los hicieron ingresar por promesa de campaña, mano de obra más barata y aparte para demostrar que no es necesario irnos con menos edad como lo planteamos”, indicó la presidenta del sindicato policial. “Termina no siendo un reconocimiento a sus años dedicados a la institución como lo disfrazan; si no, para empezar, no le deberían pagar menos salario”, sentenció y concluyó planteando que “un sindicato nunca puede estar de acuerdo con que se vulneren los derechos laborales” y que esto “no es contra los compañeros; como sindicato no podemos estar de acuerdo con que se vulneren sus derechos laborales”.

Para la Asociación de Funcionarios de la Jefatura de Policía de Maldonado (Sipolma) fue un “pago” por haber votado a la coalición en las elecciones. Para Sipolma “no suman a la seguridad pública” y son contratados mediante un “régimen precario”. Por otra parte, según el Sindicato de Policías Agremiados Canarios (Sidepac), “se quitó la oportunidad laboral a 1.000 jóvenes para darle ingreso a personal retirado que ya cumplió su ciclo”. “El policía no debe trabajar más de 25 años y no debería pasar los 55 años de edad estando de servicio”, porque “es una actividad insalubre”, afirma Sidepac.

A pesar de las resistencias, en enero de este año, el Ministerio del Interior abrió un llamado a través del cual reingresaron 196 policías retirados. Los retirados que reingresaron tienen entre 50 y 66 años. Según los plazos de contratación que se manejan, podría llegar a haber policías en actividad que tengan hasta 72 años. Los jubilados fueron asignados a las localidades donde viven y trabajan de lunes a viernes en un régimen de seis horas.

Este viernes uno de los policías retirados que reingresó el 15 de marzo de este año y presta servicios en la Seccional 15 de Cerro Largo, ubicada en Melo, solicitó la baja por malos tratos.

Según fuentes policiales, el funcionario planteó “anomalías” en el trato hacia él asociadas a malos tratos, lo que le conlleva una situación de estrés que perjudica su salud, por lo que solicitó asistencia psicológica en la Dirección Nacional de Sanidad Policial. El funcionario entiende que “no ha sido respetado”, que sufrió “destrato personal y funcional”, y que “no se respetan las bases y condiciones del llamado” que se hizo para el reingreso de retirados, entre ellas, la realización de tareas relacionadas con la comunidad.

Por otra parte, afirmó que un compañero suyo atraviesa situaciones de “bullying” y “rechazo”, lo que ha impactado en su salud mental y por lo que está en tratamiento psicológico. También reclamó que no se le reconocieran las horas extra que estaba haciendo.

A su vez, el policía retirado que ahora está en actividad también se refirió a presuntas irregularidades que constató en la seccional en la que prestaba servicios. El funcionario sugirió que Asuntos Internos lleve adelante una investigación para analizar estas presuntas irregularidades.

Por otro lado, fuentes informaron a la diaria que hay departamentos en los que las condiciones no están dadas para que los policías retirados trabajen. Tal es el caso de la zona costera de Rocha, donde, según manifestaron, uno de los jubilados que reingresó pasó una guardia “muy expuesto al frío” hace menos de un mes y al llegar a su casa tuvo un preinfarto que lo mantuvo internado en un centro privado de salud del departamento. El funcionario fue dado de alta y en la próxima jornada retoma el trabajo y vuelve a estar a disposición del Ministerio del Interior.