La jueza penal subrogante de 27° turno, Sol Bellomo, tomó declaración a los militares retirados Roberto Cáceres, Gustavo Urban y Enrique Ribero, sobre quienes pesa un pedido de procesamiento con prisión por el delito de abuso de autoridad contra detenidos en la base de la Fuerza Aérea Boiso Lanza.
Durante la audiencia, la jueza informó del pedido de procesamiento realizado por el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, y ahora tiene 45 días para definir sobre el procesamiento.
En diálogo con la diaria el abogado denunciante, Óscar López Goldaracena, cuestionó la decisión de la Fiscalía por tipificar abuso de autoridad contra detenidos, previsto en el artículo 286 del Código Penal. “Como denunciante discrepo con ese pedido de procesamiento porque no se pide por el crimen de lesa humanidad, tortura y se recurre a una figura del derecho interno cuya pena máxima son dos años de penitenciaría”, expresó.
Goldaracena dijo que Perciballe debería haber acusado “con base en la doctrina jurídica de crímenes de lesa humanidad” y subrayó que en ese caso no se viola el principio de legalidad porque ya estaba previsto en el derecho internacional en el momento que ocurrieron los hechos.
La causa fue abierta en diciembre de 2010 por unos 50 denunciantes que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos en la base de la Fuerza Aérea entre 1972 y 1978. La base Boizo Lanza funcionó como centro de torturas entre 1972 y 1985. Se estima que más de 100 personas estuvieron detenidas en ese centro clandestino.