Fiscalía investiga el caso de un joven en una evidente crisis de salud mental que fue bajado por la fuerza de un ómnibus de Cotmi por una mujer policía y el guarda de la empresa. Ambos están emplazados y citados a declarar este miércoles, así como el chofer de la empresa.
El hecho ocurrió el sábado 23 de julio, luego de que el joven saliera de trabajar en un campo. Lo bajaron por la fuerza en el kilómetro 58 de la ruta 1 y, horas más tarde, fue atropellado a la altura del kilómetro 79, a donde se presume que llegó caminando. La mujer que lo atropelló se presentó en una seccional para alertar que no sabía si había atropellado a un animal o a una persona. Cuando la Policía fue al lugar, lo encontró al costado de la ruta.
El joven de 23 años pasó una semana en CTI, donde fue intervenido varias veces, y actualmente está internado en sala, a la espera de otra intervención. El hecho trascendió este fin de semana, luego de que se viralizara en Tiktok un video en el que se ve cómo lo bajan por la fuerza y cómo corre y queda atrapado con los pies hacia arriba en el alambrado de un campo. El caso es investigado por la Fiscalía de 2° Turno de Libertad, a cargo del fiscal adscripto Hugo Pereira.
Desde el Ministerio del Interior informaron a la diaria que se dispuso una “información de urgencia” -un trámite previo a una investigación administrativa- para determinar lo sucedido.
Según informó Montevideo Portal con base en fuentes de la Dirección de la Policía Nacional, la Jefatura de Policía de San José realizó la información de urgencia en la que se determinó que la actuación de la policía “estaba ajustada a derecho”. Por eso, “no ameritó” continuar con el próximo paso que corresponde dentro de la función pública: una investigación administrativa. Según consignó el mismo medio, la Jefatura de Policía de San José hizo una línea de tiempo y determinó que “hay muchos minutos entre que se lo bajó del ómnibus y el joven de 23 años tuvo el accidente y muchos kilómetros de diferencia”. Por eso, los encargados de la información de urgencia concluyeron que “lo que hizo la policía fue darle garantías al chófer del ómnibus, que entendió que esa persona, que estaba promoviendo desorden dentro del ómnibus, no podía seguir por quejas de los pasajeros; la policía respaldó lo que el chófer pretendía hacer y ahí se limitó la acción policial”.
La Federación de Organizaciones de Familiares por la Salud Mental, junto a la Asociación de Familiares del Centro Psicosocial Sur Palermo y la Federación Caminantes, emitieron un comunicado tras la situación, que entienden ha dejado “inquieta” e “indignada” a “gran parte de la ciudadanía uruguaya”.
“Desde las asociaciones de familiares de personas con padecimiento mental y sufrimiento psicosocial denunciamos con firmeza este hecho, que evidencia varias situaciones alarmantes”, indicaron.
La primera: “La falta de profesionalismo y empatía de la oficial de Policía y del trabajador del transporte”. “Una descompensación de la salud mental en el marco de un recorrido de bus debe ser encarada como cualquier otra descompensación de salud: acercar a la persona a un centro de salud, o eventualmente, dar cuenta al 911 para que brinde apoyo de traslado y/o ambulancia. Resulta muy preocupante que un agente de policía carezca de la capacitación básica para abordar situaciones como estas, considerando que sus servicios son requeridos como apoyo por los equipos de salud en casos de descompensación y/o agitación psicomotriz”, afirman.
La segunda: “La indiferencia absoluta de los pasajeros, frente a la violencia ejercida hacia otro pasajero”. En referencia a esto, señalan: “El egoísmo inhumano, se escucha un grito: ‘la mochila, tirale la mochila, arrancá nomás’, no se escucha voz alguna que intente poner límite a la injusta violencia”.
Exigen que “se investigue el hecho y se apliquen las sanciones pertinentes, que se elaboren y distribuyan protocolos vinculados a esta temática -para empresas de transporte y para la gestión policial- que aseguren que no se repetirán estas situaciones lamentables”.
Plantean que esta situación está vinculada con “la carga de estigma que tienen las personas que sufren descompensaciones mentales, produciendo temor y enojo por no saber cómo acercarse y brindar apoyo”.
Enumeran una serie de suicidios que se hicieron públicos para graficar la “terrible situación de los jóvenes” asociada a este tema. Y, en este sentido, se preguntan: ¿Por qué sigue habiendo actuaciones negligentes y violentas desde organismos e instituciones?
Finalmente, rechazan el juicio favorable de la Jefatura de Policía de San José respecto de la actuación policial: “Leímos con estupor que la Jefatura de Policía de San José arriba a la conclusión de que: ‘Lo que hizo la policía fue darle garantías al chófer del ómnibus. La policía respaldó lo que el chófer pretendía hacer’”.
“Nos preguntamos desolados: ¿Los derechos de los ciudadanos, los derechos de una persona cuya salud está en peligro, no existen?”, cuestionan, y lo catalogan como “un horror”.
Para concluir, plantean que “urge la realización de campañas de sensibilización hacia la comunidad en su conjunto, para brindar información acerca del sufrimiento psíquico, los derechos de las personas y cómo actuar para promover mejores acciones”. “El día que eso ocurra, todos seremos mejores seres humanos”, aseguran.