En noviembre del año pasado, la jJusticia le concedió prisión domiciliaria a Rafael Arcángel Álvarez, de 77 años, que había sido formalizado con prisión dos meses antes por haber matado a su excuñado, Daniel Lalinde, un empresario rural de Garzón.
La defensa de la familia de Lalinde se opuso a esta medida porque se trató de un crimen muy especialmente agravado por la premeditación y porque entendían que había riesgo de fuga. Los abogados plantearon que se le dio la prisión domiciliaria sin contar con pericias de salud que planten información sobre su salud física y mental. Además, recordaron que “su salud” no le impidió manejar más de mil kilómetros de ida y vuelta, atravesar campos y levantar porteras con el objetivo de matar a su excuñado, lo que concretó.
La defensa de Álvarez alegó razones de salud y “humanidad” para pedir su domiciliaria. Señalaron un tratamiento crónico en la próstata y que usaba bastón por una fractura que había tenido en la pierna. La Fiscalía si bien “entendió” los argumentos, planteó que los homicidios agravados quedan excluidos de la prisión domiciliaria por lo que solicitó prisión preventiva por 120 días. Pero, a su vez, plantearon no oponerse a una medida cautelar “menos gravosa” y el Tribunal de Apelaciones dispuso la prisión domiciliaria, la que debía ser monitoreada mediante tobillera electrónica.
Entre los riesgos procesales, además de la posibilidad de fuga porque estaba cerca de la frontera y tenía ciudadanía argentina, se planteó que su expareja, quien era víctima de violencia doméstica de su parte, y su hermana, pareja del hombre asesinado, temían por represalias y que “la tobillera electrónica no llegue a proteger sus vidas”. Finalmente, el agresor nunca portó tobillera electrónica, según informaron a la diaria familiares de la víctima.
Por recomendación de los abogados, la mujer intentó hacer la denuncia en la Unidad Especializada en Violencia de Género del Ministerio del Interior en Paysandú, pero la Policía la desestimó “por entender que con la tobillera electrónica es suficiente”. Por otra parte, Álvarez fue denunciado por abuso sexual contra una de las nietas de su expareja, denuncia que se archivó a pesar de las pericias técnicas realizadas a la niña.
Este miércoles, Álvarez prendió fuego el auto de su expareja, la casa de su excuñada y se suicidó. Según informó Subrayado, sobre las 2.00 de la mañana, fue a la casa de su expareja, de 74 años, e incendió su auto. Parte de la vivienda también fue quemada. Bomberos extinguieron el incendio. El hombre dejó un cartel: “Bagayera chorra, pagarás caro”.
Después, fue a la casa de su excuñada, de 78 años, y prendió fuego la entrada de la vivienda, foco ígneo que fue controlado por Bomberos. Ambos movimientos los hizo en taxi. El conductor dijo a la Policía que solamente lo había trasladado a estos lugares sin tener conocimiento de qué hacía.
Después, el taxista lo llevó a su casa y ahí el hombre se disparó en la cabeza. Fue trasladado a un centro de salud, donde se constató su fallecimiento.