El juez penal de 30° turno, Marcelo Souto, que subroga a Alejandro Astegiante durante la feria judicial, decretó la reserva de los chats entre el presidente Luis Lacalle Pou y su exjefe de seguridad Alejandro Astesiano hasta el 23 de junio, según informó este jueves El Observador.

Los chats ingresaron a fines de diciembre a la carpeta de investigación, luego de versiones cruzadas entre la Fiscalía y la Presidencia de la República sobre los motivos por los que quedaron excluidos de la evidencia al principio de la investigación.

El 23 de diciembre la fiscal Fossati pidió la reserva al juez Astegiante, quien la otorgó por 40 días. Ahora Souto extendió el plazo por el máximo previsto en el Código de Proceso Penal.

Al solicitar la reserva, Fossati planteó que se trata de información que puede contener “aspectos privados” y que su difusión puede comprometer la seguridad del presidente y su familia, y recordó que ya ha habido varias filtraciones a la prensa de documentación y conversaciones que forman parte de la evidencia.

Para fundamentar el pedido del máximo plazo legal, Fossati planteó que se trata de un expediente voluminoso por lo que llevará tiempo procesar y analizar la información.

El artículo 259.3 del Código de Proceso Penal establece que “previa autorización judicial” la fiscalía puede determinar la reserva de las actuaciones, registros o documentos que pertenezcan a la carpeta de investigación respecto a los imputados, sus abogados y los demás participantes en la causa “para asegurar la eficacia de la investigación”. En una primera instancia la reserva puede otorgarse hasta por 40 días y luego se puede pedir una prórroga hasta seis meses, desde que ingresó la documentación a la carpeta de investigación.

La reserva no puede alcanzar a los directamente implicados en los documentos ni a sus abogados. A su vez, los abogados e imputados para los que rige la reserva pueden pedir la reducción del plazo o limitar la documentación que la comprende.

La exclusión de los chats entre el presidente Lacalle y su exjefe de seguridad Alejandro Astesiano de la evidencia utilizada en la investigación penal se conoció el 29 de noviembre, a través de la fiscal Fossatti, quien manifestó a El Observador que fue un pedido de Presidencia de la República para entregar el celular de Astesiano.

“El requisito que me indicaron desde Presidencia para hacer una entrega voluntaria es que no estuvieran los mensajes del presidente con Astesiano y teniendo en cuenta su investidura, y que era una entrega voluntaria, me pareció sumamente razonable [...] La entrega del celular fue voluntaria del presidente. Yo no tenía ningún elemento para pedir la incautación en ese momento”, expresó Fossati.

Al día siguiente, el presidente Lacalle negó esa versión en conferencia de prensa y dijo que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, sólo transmitió a la Fiscalía la preocupación por una eventual difusión de las comunicaciones entre la familia Lacalle y el jefe de seguridad.

Lacalle también señaló que la Fiscalía, durante el operativo de detención de Astesiano, realizado el 25 de setiembre, no tenía potestades para llevarse el celular: “Se llevan el teléfono, que podríamos haber dicho ‘no, el teléfono nos lo quedamos’”.

Tras el entredicho, Fossati comunicó que el apartamiento de esas conversaciones “partió de una mala comunicación de los intermediarios, particularmente del personal de Inteligencia que estuvo en la noche de la detención”.

El 4 de diciembre Fossati anunció que los chats se incorporarían a la carpeta de investigación, “por ofrecimiento de la propia Presidencia” y anunció que Policía Científica iniciaría el proceso de recuperación, dado que la información había sido borrada, presuntamente por el exjefe de seguridad antes de su detención.

“Voluntariamente se ponen a disposición los elementos y se va a tratar de recuperar lo que se puede recuperar de esas comunicaciones”, expresó. “Nadie tiene coronita en la investigación”, afirmó la fiscal y aseguró que solo investiga a quienes tiene elementos para investigar.