La Corte Electoral definió por unanimidad iniciar una investigación administrativa contra la funcionaria Graciela de Vecchio para saber si utilizó el sistema de la Corte Electoral para acceder a datos que habría aportado al senador Gustavo Penadés para favorecerlo en la causa en la que es investigado por delitos sexuales, según informaron a la diaria fuentes del organismo.

De Vecchio fue una de las tres personas allegadas a Gustavo Penadés que declaró como testigo la semana pasada ante la fiscal especializada en Delitos Sexuales de 5° turno, Alicia Ghione.

Las fuentes señalaron que uno de los ministros que no está en representación de partidos políticos pidió una sesión extraordinaria para definir sobre la situación, luego de que trascendieran conversaciones que forman parte de la carpeta de investigación de las que se desprenden que De Vecchio habría consultado el sistema de la Corte a pedido de Penadés.

Según publicó El Observador el 26 de mayo en una conversación entre De Vecchio y Horacio Tejera, otro de los secretarios de Penadés que fue a declarar a Fiscalía, Tejera le da el nombre de una persona de 22 años para conocer datos personales y de su madre.

En un momento, De Vecchio le informa a Tejera que una persona vio lo que estaba haciendo, pero intentó tranquilizarlo: “Tranquila, me dice, viste que si es para Gustavo sabés que no va a abrir la boca”.

Desde la Corte, señalaron a la diaria que la investigación administrativa fue dispuesta con carácter urgente, y que el punto central será determinar si se concretó esa búsqueda y si los datos que fueron aportados son privados o públicos.

Este martes, a las 14.30, se realizará la audiencia de formalización de Gustavo Penadés y el profesor de Historia Sebastián Mauvezin, que estará a cargo de la juez en lo penal de 36° turno, Marcela Vargas.

El equipo fiscal pidió la formalización del proceso contra el senador por varios delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, previsto en el artículo 4 de la Ley 17.815, que prevé penas de entre dos y 12 años de penitenciaría.

Vargas deberá definir si imputa a Penadés por los delitos solicitados por el fiscal, y si accede a la prisión preventiva como medida cautelar o si define otras medidas alternativas previstas en el Código del Proceso Penal como prisión domiciliaria, o mantiene las medidas que ya están vigentes para el legislador como fijación de domicilio y cierre de fronteras.