El sábado, el senador del Partido Nacional Jorge Gandini llamó al fiscal de Corte, Juan Gómez, según supo la diaria. Ese día, El Observador publicó, con base en escuchas telefónicas incluidas en la investigación por explotación sexual de menores contra el exsenador nacionalista Gustavo Penadés, que este les pidió a sus colaboradores que “limpiaran” sus teléfonos antes de ir a declarar a Fiscalía. Tres colaboradores del exlegislador aseguraron que Penadés les ordenó borrar las conversaciones que mantuvieron con él.
Gandini le expresó a Gómez su “preocupación” por las filtraciones y este le respondió al senador nacionalista que la filtración no había sido desde esa institución. Además, el fiscal de Corte hizo notar que la filtración “no favorecía la estrategia de la fiscal” del caso, Alicia Ghione, porque la publicación de las escuchas de alguna forma “quemó” antes una información que la fiscal iba a manejar en la audiencia.
Consultado al respecto, el fiscal de Corte confirmó a la diaria que Gandini lo llamó a las 14.20 del sábado, cuando él todavía no había leído la nota. “Cuando me lo plantea, de inmediato compartí la preocupación”, comentó Gómez. De todos modos, le dijo a Gandini que “descartaba primariamente” que la filtración hubiera surgido de la Fiscalía. Además, Gómez recordó que el Código del Proceso Penal, en su artículo 259, dispone que “el imputado y su defensor, así como la víctima, podrán examinar los registros y documentos de la investigación fiscal”.
Acotó que toda la evidencia que se sube a la carpeta investigativa debe ser puesta en conocimiento de los abogados de la defensa y de las víctimas, a lo que se suma que algunas de las evidencias tienen origen en la actividad policial, por lo que “es muy difícil establecer un seguimiento de cuál es la persona que utilizó esa información poniéndola en conocimiento de un periodista”. Gómez precisó, de todos modos, que en la conversación con Gandini no se planteó y que él tampoco se plantea “andar pretendiendo saber la fuente de tal o cual periodista”.
“Lamentablemente, lo primero que se hace a nivel público es lanzar sospechas a la actuación de la Fiscalía, cuando la divulgación de evidencias antes de la formalización sólo puede perjudicar el caso de los fiscales, y parece que no reparan, cuando se formula esa crítica pensando que fue la Fiscalía la que filtró, en que no tenemos ninguna intención de filtrar nada”, aseguró Gómez. Por otra parte, hizo notar que “es extraño que sea la primera vez, en una operación compleja, que se ventila algo sin conocimiento de la gente del equipo fiscal”.
De todos modos, aclaró que no interpretó la llamada de Gandini como una presión. “A mí nadie me ha presionado”, afirmó, y agregó que comparte “la preocupación” del legislador. Por este motivo, el lunes dispuso una investigación administrativa que comenzó a desarrollarse este viernes, y de la que todavía no hay resultados. La investigación implica tomar declaración a funcionarios y fiscales, “aun sabiendo que no son la fuente de dicha filtración, pero hay que recorrer todos los caminos”, señaló Gómez. Consultado respecto de si estos procedimientos pueden ser interpretados por la fiscal del caso, Ghione, como una presión, o distraerla de sus tareas, Gómez respondió que “obviamente no es lo mejor”, pero que “también, en una sociedad democrática, se debe respetar ese ámbito de suspicacia”.
“Hay que revisar” la legislación
Por su parte, Gandini dijo a la diaria que llamó al fiscal de Corte para manifestarle su “sorpresa por que la grabación de conversaciones de testigos estuviera, cuatro días después de que se produjeron, circulando por la prensa”. “Le dije: ‘¿Cómo es posible que eso suceda? Investíguelo, porque hace al buen nombre de la Fiscalía’. Él me dijo: ‘Hay que investigarlo, puede salir de Fiscalía aunque no creo, puede salir de los abogados de la defensa o de las víctimas’”, relató Gandini. Agregó que él no sabía que ese tipo de evidencia estuviera en poder de tanta gente, y que en principio pensó que la filtración había provenido de la Fiscalía porque no conocía ese dato.
El senador opinó que debería hacerse “algún cambio” en el Código del Proceso Penal, porque actualmente hay “personas que sin ellos saberlo tienen sus teléfonos intervenidos y luego sus conversaciones son conocidas, aun en temas que son personales”. “A lo mejor en algunos temas hay que revisar para mantener la reserva de personas que no tienen nada que ver”, remarcó.