Gustavo Penadés fue imputado este martes con prisión preventiva por 21 delitos sexuales: 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravados, tres delitos de abuso sexual agravados, un delito de violación, un delito de corrupción de menores, un delito de atentado violento al pudor y un delito de desacato, todos en reiteración real.

Fueron 11 las víctimas -entre adolescentes y adultos- que declararon contra el senador, y no se descarta que haya más. La abogada Soledad Suárez, integrante del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar), que representó a algunas de las víctimas, dijo que está “absolutamente conforme” con las definiciones de la jueza de 36° turno, Marcela Vargas.

Suárez planteó que las decisiones de la jueza “se corresponden a derecho”, no sólo “con la aplicación de la norma pura y dura”, sino “porque realmente existía en cada una de las resoluciones fundamentos abundantes basados en cada uno de los requisitos legales según de lo que estemos hablando”. “Todo acompañado de un cúmulo de evidencias y también pruebas anticipadas muy importantes”, agregó en entrevista con el programa Nada que perder de M24 este miércoles.

Asimismo, la abogada destacó el trabajo de la Fiscalía de Delitos Sexuales, a cargo de la fiscal Alicia Ghione, que “ha cumplido con la responsabilidad del Estado en sus compromisos internacionales, no sólo con la normativa interna, porque actuó con debida diligencia”. En la misma línea, resaltó la labor de los estudiantes de la Udelar que participaron en el caso y el desempeño de su colega Juan Raúl Williman. También reconoció la “valentía” de las víctimas, porque “no es fácil pararte y denunciar, además en las circunstancias en que lo hicieron”.

Consultada sobre los recursos presentados por las defensas de Penadés y del profesor de Historia Sebastián Mauvezin para suspender audiencias y prolongar el proceso, Suárez consideró que esta “no fue una causa que se caracterizara por eso” y que estas “vías están a disposición” para ser utilizadas. No obstante, consideró que sí hubo “presiones, incluso extrajudiciales”.

En ese contexto, recordó que recibió una “denuncia” por defender la reserva de la identidad de las víctimas y advertir sobre el riesgo al que se las podía exponer si se revelaba esa información, además de alegar que no afectaba en algún sentido el derecho de defensa de los denunciados. La abogada sostuvo que la denuncia fue “carente de asidero absolutamente” y los argumentos presentados fueron “mezclados y farragosos”. Además, mencionó el comunicado de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay en respaldo de la “opinión que había hecho una de las defensas”.

La abogada también mencionó las denuncias que recibió Ghione, que ratifican “una situación de cuestionamiento y presión” e intención de “abrumar”, que “debe repensarse por esos sujetos que lo llevaron adelante, y exhorto a que lo hagan”, dijo. A su vez, comentó que frente a su casa también hubo autos, tal como ocurrió en el hogar de la fiscal y en los de al menos cuatro víctimas.

Sobre la denuncia de las defensas de Penadés y Mauvezin a la fiscal por presuntas irregularidades en el contenido de la carpeta de investigación de la Fiscalía, Suárez dijo que lo que se argumenta es que se incluyeron en la carpeta conversaciones de los denunciados con los abogados. No obstante, dijo que “una cosa son las escuchas, las intercepciones”, y otra “las pericias dispuestas judicialmente”, y que en este caso “la pericia de los celulares ordenó la extracción íntegra”.

Por último, Suárez se refirió al uso del aparato del Estado para la formulación de una “teoría alternativa de la defensa”. “Una cosa es plantear mi teoría alternativa, hasta puedo tener un detective privado si quisiera o interrogar testigos. Tienen derecho a investigar, pero no pueden usar para esa investigación el aparato del Estado a través del ejercicio de su poder, que no hace más que comprobar la asimetría y el riesgo en que se encuentran las víctimas”

Al cierre de la audiencia de formalización este martes, Ghione informó que el director del Comcar, Carlos Tarocco, fue detenido ese mismo día por ser parte de un entramado que buscaba conocer la identidad de las víctimas y armar un plan contra ellas, lo que configura una “estafa procesal”. Tarocco es además el director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Penitenciaria.

La abogada señaló que la prensa conoce “algunos” de estos “actos en el Ministerio del Interior preocupantes”, pero afirmó que “hay más”. “La fiscal [Ghione] los maneja mejor que yo, porque, en realidad, como algunas declaraciones no fueron tan fructíferas, las dejé más de lado. Pero luego se generaron situaciones, traslados y cosas con muchísimo detalle, muy ilustrativo de cómo se maneja todo esto”, agregó al respecto.

De todas formas, Suárez destacó el “Estado de derecho” de Uruguay que permitió identificar este entramado y tomó medidas al respecto, y opinó que eso implica una “esperanza”. “El Estado de derecho no es 'acá nunca va a pasar nada', es 'si pasa, el derecho se aplica' y esto es lo que ocurrió”, expresó.