El abogado Marcelo Gabito denunció por presunta comisión de un delito de usurpación de título a un asesor del senador Sergio Botana que, según el denunciante, se presentaba como abogado sin tener el título. La denuncia fue presentada ante la Policía de Rocha y derivada a una fiscalía de Montevideo. Fuentes allegadas al senador, dijeron a la diaria que el denunciado integra un equipo que participó de la elaboración de proyectos puntuales, asociados a políticas de transporte y combustible.

En la denuncia a la que accedió la diaria, Gabito plantea que “el actuar ilícito se desprende de las reiteradas actuaciones” del hombre en una causa judicial sobre una ejecución hipotecaria en el departamento de Rocha.

Gabito señala que en ese proceso “siempre se presentó como abogado, tomando la iniciativa en las diversas negociaciones que se llevaron a cabo tanto personalmente haciéndose llamar doctor, como vía mail.

El denunciante plantea que la actuación del denunciado se enmarca en un presunto delito de usurpación de título, previsto en el artículo 167 del Código Penal, que prevé sanciones económicas de entre 20 y 900 unidades reajustables para quien “se arrogare títulos académicos o ejerciere profesiones para cuyo desempeño se requiere una habilitación especial”.

Gabito señaló que la disposición penal busca “tutelar el prestigio del Estado y el interés comunitario de poder depositar confianza en los profesionales que actúan en el medio, como también el prestigio de la carrera y la seguridad jurídica”.

La denuncia también alcanzó a una escribana por un presunto delito de falsificación de documento público y a otras dos personas por un presunto delito de insolvencia fraudulenta. En el caso de la escribana, Gabito denuncia que consignó un documento de pago por 40.000 dólares que no puede acreditarse, en perjuicio de una mujer de 82 años que habría sido “inducida a error” para firmar el documento.

A las otras dos personas, el abogado los denuncia por insolvencia fraudulenta y partición de bienes entre cónyuges para no dar cumplimiento a las obligaciones asumidas ante la anciana.

El abogado también presentará el caso ante la Suprema Corte de Justicia, que tiene la facultad de regular el registro y la actividad de los abogados, según dispone el artículo 137 de la Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales.