El 28 de noviembre del año pasado, la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de tercer turno, a cargo del fiscal Gilberto Rodríguez, archivó la causa asociada a Katoen Natie, que investigaba el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga a partir de una denuncia presentada por legisladores del Frente Amplio. En febrero de este año, la Justicia falló a favor de una solicitud de reexamen de la causa y definió que otro fiscal reviera la investigación para definir si se mantenía el archivo o se reabría para profundizar en la investigación.

El reexamen fue llevado adelante por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de segundo turno, a cargo de la fiscal Silvia Porteiro. Este miércoles, la Fiscalía informó que Porteiro archivó el reexamen de la denuncia relacionada con el puerto. Según la fiscal, los argumentos se remiten a los que planteó Rodríguez al archivarla en primera instancia.

Según el archivo de reexamen, al que accedió la diaria, la fiscal planteó que “en lo sustancial se comparten las conclusiones extensamente expuestas por el fiscal preopinante, a las que nada puede agregarse, so pena de caer en inútiles reiteraciones”.

“En efecto, de forma clara y contundente se resolvió que, sin perjuicio de algunas actuaciones irregulares o reprochables, estas no resultan suficientes para la tipificación del injusto que se pretende imponer”, afirmó.

Porteiro argumentó que “de acuerdo a las resultancias de la indagatoria, existía una política gubernamental implementada a través del Poder Ejecutivo para adecuar la situación de la operativa del Puerto de Montevideo (política portuaria que le es dada por la propia Ley 16.246 y 17.243, entre otras) no sólo para solucionar a través de las negociaciones amistosas previas a un eventual litigio internacional (dentro del Acuerdo de Inversiones entre la ROU y la U. E. Belgo-Luxemburguesa), sino para ajustar al marco legal lo que sus autoridades entendieron que se venía haciendo equivocadamente por la Administración anterior, regulando en los hechos la operativa de puertos a través de la existencia de dos terminales de contenedores, una de ellas especializada a través de una concesión otorgada (KNG) y la otra como permisario de espacios de almacenamiento y depósito de contenedores en los muelles públicos (Montecon SA), que durante algún tiempo concentró en más del 50% el tránsito de dichas operaciones”.

Para la fiscal, “esta plataforma fáctica y las decisiones adoptadas para su reorganización pueden ser valoradas tanto desde el punto de vista de su acierto, mérito o conveniencia, en tanto las acciones llevadas a cabo por los denunciados podrán, eventualmente, ser pasibles de generar responsabilidad en el plano civil, administrativo, o dar lugar a responsabilidad política; pero a nuestro juicio no corresponde el reproche penal pretendido”.

Finalmente, planteó que, “en efecto, considerando los fundamentos del archivo a la luz de la crítica esgrimida por el denunciante, se concluye que la plataforma fáctica resulta penalmente atípica y aun la agregación de la nueva evidencia no resultó en un aporte determinante para la causa, por lo que, dado el principio de objetividad que orienta la actuación del Ministerio Público, este tiene el deber de archivar cuando advierte que las conductas de los denunciados no tienen relevancia penal”, y que “a ello se suma que los elementos indiciarios reunidos en la indagatoria en general no reúnen el status de evidencia requerido para formular una imputación con miras al eventual juicio oral, por lo que, no avizorándose que pudiera incorporarse nuevo o nuevos elementos significativos, se confirma el archivo sin perjuicio de las actuaciones”.

Charles Carrera, uno de los senadores denunciantes del Frente Amplio, afirmó en su red social X: “Continuaremos luchando por la soberanía y desarrollo del Uruguay. Hoy nos enteramos que se dispuso el archivo definitivo de la denuncia que presentamos por irregularidades en el Puerto de Montevideo. Más allá de no compartir lo resuelto, y manteniendo nuestra certeza sobre las serias ilegalidades cometidas que afectan nuestra soberanía y desarrollo, respetamos la decisión de la Fiscalía. Destacamos que el informe de archivo –que refrenda la actuación del fiscal anterior– reconoce la existencia de actuaciones ‘irregulares o reprochables’ por parte del gobierno durante la negociación del acuerdo”.

“Por lo tanto, seguiremos denunciando este vergonzoso acuerdo que no sólo es ilegal sino también es inconveniente para la logística portuaria, la soberanía y el desarrollo del país”, concluyó.