Este lunes, la jueza de Crimen Organizado de 2° turno, Diovanet Olivera, dispuso que se mantenga la obligación de fijar domicilio y la prohibición de salir del país para el exsenador frenteamplista Charles Carrera. La solicitud para prorrogar las medidas cautelares fue realizada por la fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2° turno, Sandra Fleitas, según informó El País.
Por otra parte, Juan Manuel González Rossi, uno de los abogados de Carrera, intimó al Ministerio del Interior (MI) a que se le otorgue la información solicitada respecto de las autorizaciones especiales a civiles que se otorgaron entre 2012 y 2017 para atenderse en el Hospital Policial. El 3 de junio, la jueza de lo Contencioso Administrativo María Eugenia Ferrer exigió a la cartera que responda en un plazo de 30 días. En caso de que no cumpla el plazo, se le cobrará dos unidades reajustables por cada día de atraso, informó El Observador.
González Rossi planteó en el escrito que el Ministerio del Interior, “en forma temerosa, ha buscado eximirse de sus obligaciones legales y constitucionales en cada oportunidad que se le ha presentado, presentando información incompleta, desordenada, contradictoria que, en definitiva, atenta contra la transparencia que debe regir el obrar de toda la Administración y que constituye una de las más elementales garantías del Estado de derecho”. Con esta información, la defensa de Carrera busca demostrar que se otorgaban regularmente autorizaciones especiales a civiles.
El 14 de mayo, la fiscal presentó la demanda acusatoria contra Carrera y ahora resta que su defensa presente la contestación. La próxima etapa será la concreción de una audiencia de control de acusación, en la que las partes presentarán la prueba que será admitida durante el proceso del juicio.
La denuncia contra Carrera fue presentada en agosto de 2022 por las autoridades del Ministerio del Interior, encabezadas por Luis Alberto Heber, para que se investigue la habilitación de la asistencia médica de Víctor Hernández en el Hospital Policial tras recibir el impacto de una bala perdida, presuntamente proveniente de la casa de enfrente, donde se estaba celebrando el cumpleaños del subcomisario Marcos Martínez, y por entregarle tickets alimentación por 20.000 pesos.