El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, pidió el procesamiento con prisión del expolicía Ricardo Zabala, en la causa que investiga el homicidio de Cecilia Fontana, madre del exministro del Interior, Luis Alberto Heber, ocurrido el 5 de setiembre de 1978, según informó El Observador y confirmó la diaria con fuentes judiciales.
En el pedido de procesamiento, Perciballe plantea que Zabala es responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado, debido a que al entregar tres botellas con vino envenenado a los dirigentes políticos Carlos Julio Pereira, Mario Heber y Luis Alberto Lacalle, incurrió en un homicidio y “al menos a dos tentativas de homicidio, desde que las otras botellas se dirigían a víctimas diversas”.
“Como resultado de dicha conducta, falleció la señora Fontana de Heber, pero claramente pudieron haber corrido igual suerte los destinatarios de las otras botellas y aun a quienes estos convidaran con la bebida”, agrega el documento.
Perciballe rechazó la defensa de Zabala acerca de que las huellas dactilares que aparecieron en 1978 en la botella con vino envenenado que recibió Carlos Julio se debieron a un error de manipulación durante la investigación y sostiene que el expolicía tomó contacto con la botella previo a su entrega.
Si bien la explicación de Zabala fue tomada por válida durante todos estos años de investigación, dado que el policía integraba el equipo de investigación de la Brigada de Narcóticos que tomó el caso de Cecilia Fontana, pericias recientes lograron determinar que esa botella nunca pasó por Narcóticos, por lo que no se puede atribuir la huella de Zabala a una manipulación posterior.
Sobre ese punto, Perciballe señala un oficio remitido a Policía Científica que firmó Zabala el 11 de setiembre de 1978, luego de que se detectara su huella en una de las botellas, que buscaba simular que había tenido contacto con estas a partir de la investigación.
Al respecto, Perciballe indicó que pese a que el inspector Hugo Campos Hermida y Zabala desde 1978 tenían un informe que daba cuenta de la detección de huellas dactilares de Lacalle Herrera y Zabala en dos botellas, el informe recién fue remitido a la Justicia diez años después, en 1988, a raíz de que un nuevo juez reclamó toda la información del caso en manos del Ministerio del Interior.
Además, Perciballe señaló que a pesar de que se trataba claramente de un homicidio y la escena del crimen fue relevada por el jefe de Homicidios de la época, días después del hecho se asignó la investigación a la Brigada de Narcóticos, comandada por Campos Hermida, que formaba parte de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
Si bien posteriormente se argumentó que la investigación había recaído en Narcóticos por el uso del veneno Fosdrin, en el momento de justificar la derivación de la causa se aludió al presunto carácter político del homicidio. “Me llama la atención, porque Narcóticos no tiene nada que ver con lo político”, expresó el juez de la causa en un documento citado por Perciballe.
El fiscal señaló también que la investigación en una primera etapa se centró en los análisis caligráficos de la esquela que llegó junto a los vinos envenenados, que fueron dejados en la puerta de la casa de Luis Alberto Lacalle en la noche del 29 de agosto con la leyenda: “El jueves 31 al mediodía brindaremos por la patria en su nueva etapa”.
Además, subrayó que la Fiscalía recibió vista sobre el caso recién en 1980, dos años después del atentado. En octubre de ese año recién ocurrió el primer decreto del juez que investigaba la causa y se archivó ocho años más tarde, ante la falta de avances.
Perciballe planteó que la investigación policial “estuvo en todo momento teñida de omisiones, incongruencias e inconsistencias que a la sazón llevaron a ocultar a los verdaderos autores de tan vil acto”, y agregó que al investigar el entorno de las víctimas, lo que incluyó medidas limitativas de su libertad ambulatoria, el régimen pudo espiar el ámbito político con total libertad, en momentos en que se intentaba gestar un acuerdo para una salida política de la dictadura.
En cuanto a los motivos del crimen, Perciballe fundamenta la hipótesis de un atentado político, y sin descartar la participación de integrantes de la organización de extrema derecha vinculados a la revista Azul y Blanco, que fueron identificados como compradores de Fosdrin, hace hincapié en la trama que enfrentó al entonces comandante en jefe del Ejército, Gregorio Álvarez, con el general Amaury Prantl y el teniente coronel José Nino Gavazzo, quienes en julio de 1978 fueron sancionados por Álvarez por calificarlo de “traidor” en la publicación militar El Talero, luego de que Álvarez mantuviera contactos con figuras políticas. Álvarez pretendía suceder al dictador civil Aparicio Méndez, integrando un triunvirato.
“Resulta evidente que los sectores más duros de las Fuerzas Conjuntas, estrechamente comprometidos con las graves violaciones a los derechos humanos, tenían razones serias para dar un nuevo golpe a aquellos que impulsaban un cambio político y que amenazaban con revisionismos”, señala el pedido de procesamiento.
Uno de los elementos que marcan el vínculo entre Zabala y Gavazzo fue encontrado en los archivos incautados en el domicilio de Gavazzo en mayo de 2019, en el que da cuenta de la participación de Zabala en el Servicio de Información y Defensa, del que Gavazzo era jefe del departamento III.
Perciballe también integró la investigación realizada por el periodista Roger Rodríguez, quien entrevistó a un exintegrante de la DNII que se encontraba preso en Brasil, Barreiro Neira, quien identificó al médico forense especializado en tóxicos como el responsable de realizar la preparación, que luego falleció en un accidente al caer del techo de su casa en Punta Carretas, a mediados de los 90.
El exámen del médico forense Guido Berro no pudo confirmar que se tratara de un asesinato y para algunos de los participantes de la investigación la cantidad de Fosdrin que se puso en la botella no son propios de un experto en el tema. A la escena del “accidente doméstico” en el que murió el médico, conocido como capitán Adonis, llegó Zabala, quien comunicó a la Justicia que no se pudieron realizar las pericias y que se tomaron fotografías de la escena, que nunca llegaron al juzgado.
Mientras la jueza penal de 27° turno define sobre el pedido de procesamiento con prisión, el fiscal Perciballe pidió que implemente como medida cautelar el cierre de fronteras. También pidió a la fiscal especializada en Delitos Económicos de 2° turno, Silvia Porteiro, que remita al expediente los datos surgidos de la extracción del celular de Silcar Lara, hijo del exjefe de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, y quien habría ingresado sin autorización al sistema para acceder a escuchas telefónicas que se dispusieron a los investigados en la causa del vino envenenado.
Perciballe también reclamó al Ministerio del Interior el resultado de la investigación administrativa que se inició a partir de haber detectado ese ingreso irregular al sistema, que culminó con el relevamiento de la jefa de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, Mariana Moura.