La Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología trabaja en busca de un acuerdo entre oficialismo y oposición sobre el proyecto que promueve la protección de niños, niñas y adolescentes en entornos virtuales.
En la última sesión de la comisión se planteó la necesidad de realizar una última consulta a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación para que envíe por escrito su opinión sobre el proyecto, que fue presentado en 2021 por iniciativa del Frente Amplio.
En diálogo con la diaria, la diputada del Frente Amplio y presidenta de la Comisión, Lilián Galán, dijo que se trata de una iniciativa que fue bien valorada por las diferentes delegaciones que participaron en la comisión y particularmente por el Ministerio del Interior, la Secretaría de Inteligencia y la Agencia del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic)
Además, sostuvo que se trata de un proyecto que es “educativo y no punitivo”, que no propone aumentar penas, ni reformar el código penal, “sino que busca coordinar para regular mejor los trabajos e incorpora a la Anep para educar en el manejo de redes a niños niñas y adolescentes y a sus padres”. “Es un proyecto tan importante que me imagino que contará con los votos de la coalición”, expresó.
Según informó a la diaria el diputado Rodrigo Goñi, los partidos de la coalición apoyan el proyecto, con excepción de tres artículos referidos al bloqueo de sitios web por vía administrativa, sin que medie una determinación de la justicia, por entender que viola el artículo 233 de la Constitución, al tomar atribuciones propias del Poder Judicial, y puede afectar la libertad de expresión y ser menos efectivo que los mecanismos que ya existen y que fueron considerados como más efectivos por parte de la delegación del Ministerio del Interior que asistió a la comisión.
“Todos compartimos el objetivo de fondo para proteger a los niños y adolescentes, lo que el bloqueo traería muchos perjuicios y pocas soluciones, porque esos bloqueos pueden ser eludidos por otra vía”, agregó.
En el mismo sentido se expresó la organización Data y Soc, que advirtió a los legisladores sobre el peligro que implica la arbitrariedad de definir bloqueos por parte del Ministerio del Interior, además de considerarlo inconstitucional. “Al Ministerio del Interior no le corresponde ni está capacitado para juzgar la legalidad o ilegalidad de los contenidos en Internet o de actividades sospechosas en plataformas, foros o redes sociales”, expresaron en un documento que entregaron a la comisión.
En su comparecencia, el director de la Unidad de Cibercrimen, Paulo Rocha, dijo que actualmente la plataforma del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados, que es un organismo sin fines de lucro subvencionado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, “recibe los reportes de las plataformas digitales y de las redes sociales utilizando inteligencia artificial y herramientas muy avanzadas con el fin de detectar posibles figuras de abuso” y el reporte es enviado a esa unidad del MI.
Rocha dijo que en este tipo de delitos es habitual la transnacionalidad, por lo que la persecución del delito se da en términos de cooperación. “Se usan muy pocos servidores exclusivos de nuestro país”, agregó.
El proyecto plantea como objetivo central la protección de niños, niñas y adolescentes en plataformas virtuales, y fija el alcance de los contenidos que se busca prevenir como material disponible en el entorno digital el que “represente visualmente a un niño, niña o adolescente involucrado en una conducta sexualmente explícita real o simulada, cualquier representación disponible en el entorno digital de los órganos sexuales de un niño, niña o adolescente con fines primordialmente sexuales, ‘ciber-embaucamiento’, phishing, sextorsión, exposición involuntaria a material sexual que tenga como víctima a un niño, niña o adolescente”.
También propone la creación de una comisión interministerial que se encargue de establecer un plan de acción para prevenir este tipo de delitos, promover la educación sobre el uso de entornos digitales, proponer cambios en la normativa, generar conocimiento en torno al tema y trabajar en la formación de diferentes operadores que trabajen con niños, niñas y adolescentes en la prevención y detección del abuso sexual infantil en entornos digitales.