El equipo de fiscales especializados destinados a la causa Lava Jato amplió la evidencia en contra del exsenador colorado Eduardo Ache por los delitos de lavado de activos y blanqueo de capitales, en la causa que investiga la trama de corrupción generada por la constructora Odebrecht y varias entidades financieras para el pago de sobornos para la obtención de contratos de obra pública en varios países de América Latina.

La Fiscalía logró reunir más evidencia contra Ache y lo convocará a declarar en los próximos días, según informó el periodista Eduardo Preve en M24 desde Perú, quien agregó que en el caso de que Ache decida no viajar, se pedirá su captura internacional.

En las últimas horas, la fiscal Geovana Mori Gómez pidió que se remitiera un exhorto a las autoridades uruguayas para que informen sobre los movimientos de las cuentas bancarias del expresidente de Nacional y pidió información a las oficinas nacionales de Interpol en Brasil, Uruguay y España para conocer los viajes realizados por Ache entre 2007 y 2014.

Concretamente, la Fiscalía lo investiga por modificar las condiciones para la apertura de cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA) que fueron utilizadas en el esquema de cuentas destinadas a movilizar el dinero para el pago de sobornos a funcionarios públicos peruanos por parte de la constructora Odebrecht.

En la carpeta de investigación de la Fiscalía se encuentra un informe remitido por las autoridades de Andorra con comunicaciones de Ache, que presidía la filial uruguaya de la BPA, que probarían la maniobra y el vínculo con la constructora brasileña.

Según el informe enviado desde Andorra, al que accedió la diaria, quien era la jefa de servicios de la BPA también es investigada por la Fiscalía como una de las personas que tenían conocimiento de las maniobras por las que se investiga a Ache. Según el documento, ella se encargaba de crear las estructuras offshore que se utilizaban para los pagos. También se menciona en la cadena de mando a otros funcionarios de la BPA, como el encargado de compliance y el director de Internacional.

En la causa que investigó el Lava Jato en Panamá fue imputado el hoy fallecido Betingo Sanguinetti, hermano del expresidente Julio María Sanguinetti y a quien el informe de la Fiscalía de Andorra le atribuye un papel central en la generación de la estructura para el pago de sobornos.

“En este camino criminal la labor de los imputados en la BPA no sólo fue permitir, facilitar y aprobar las transferencias de activos ilícitos de Odebrecht en favor de funcionarios peruanos y terceros vinculados a través de la apertura de cuentas y flexibilización de la labor de compliance [contralor], sino también en el año 2009 y 2010, la jefa de compliance Isabel Sarmiento habría solicitado crear una cuenta puente con el propósito de que opere como intermediaria entre Kliendfelds [una offshore creada por Odebrecht] y los beneficiarios finales peruanos a fin de no levantar sospecha en el control internacional”, señala el documento de imputación de la Fiscalía peruana.

El documento agrega que Ache y los otros funcionarios de la BPA “favorecieron el lavado de activos a través de la apertura de cuentas, constitución de sociedades, respaldos ficticios, y flexibilización del compliance” en beneficio de los funcionarios peruanos involucrados en la contratación de la empresa brasileña.

Ache, que fue designado por el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou para dirimir controversias en el puerto de Montevideo, fue notificado formalmente del pedido de imputación de la Fiscalía el 17 de mayo y podría enfrentar una pena de hasta 15 años de penitenciaría.

El senador del Frente Amplio Charles Carrera expresó que la Secretaría Nacional de Lavado de Activos (Senaclaft) debería haber iniciado una investigación sobre los movimientos de Ache. “No puede ser que una persona con la investidura del Ec. Eduardo Ache esté siendo investigada por lavado de activos en Perú, y la Senaclaft no haya iniciado una investigación o alguna actuación al respecto”, publicó el senador en su cuenta de Twitter.