Fabricio Ríos, secretario General del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay (Sifpom), ingresó a la Policía hace 20 años. Desde 2003 trabaja en la Dirección Nacional de Sanidad Policial, a donde ingresó mediante una contratación con el grado de cabo.

Durante dos décadas, y a pesar de haber variado sus tareas, Ríos mantuvo el grado de cabo. Mediante una resolución del Ministerio del Interior firmada el 8 de junio por el ministro, Luis Alberto Heber, Ríos pasó a tener el grado de subcomisario. En la resolución se explica que la designación se hace ante la existencia de un cargo vacante en este grado, y que nada impide que Ríos acceda a ella ya que “reúne las condiciones y requisitos necesarios para ocupar el cargo”. Por eso, el ministro del Interior resuelve su designación como subcomisario en la Dirección Nacional de Sanidad Policial en un contrato a término por tres años.

La interna sindical

En la Policía hay 25 sindicatos policiales y una interna muy marcada, que está a su vez dividida por la agrupación de varios de estos sindicatos en la Unión de Sindicatos Policiales (USIP), por un lado, y la Coordinadora de Sindicatos Policiales (Conasip), por el otro. Con 13.000 afiliados, Sifpom es el sindicato mayoritario dentro de la Policía y el cuarto con mayor cantidad de afiliados dentro del PIT-CNT. Además, integra el Secretario Ejecutivo de la Central de Trabajadores desde fines de 2021.

Tras tomar conocimiento de la resolución que otorga a Ríos un contrato con el grado de subcomisario, la Conasip emitió un comunicado en Facebook en el que cuestiona esta decisión bajo el argumento de que el representante de Sifpom está de licencia sindical: “Desde la Conasip nos preguntamos cómo puede entenderse una contratación así a un funcionario público que, en virtud de gozar de licencia sindical hace años, no concurre a su lugar de trabajo”. También cuestionan “cuáles son las cualidades del contratado que lo hacen merecedor de ese lugar por encima de sus iguales que comparten similares vínculos contractuales con el Ministerio del Interior” y “qué mensaje se les da a los demás trabajadores que todos los días cumplen con sus obligaciones”. Finalmente, preguntan: “¿Cuál es el criterio del Ministerio del Interior?”.

Para la Conasip, “los hechos hablan por sí” solos. “No existen antecedentes de una contratación similar a un dirigente sindical en actividad que goza de licencia sindical y no se presenta hace años, probablemente una década, a su lugar de trabajo”, afirmaron. Agregaron que “esta contratación, sumada a otros convenios firmados con el Ministerio del Interior, constituye una real afrenta para todos los policías que cada día cumplen con sus obligaciones yendo a trabajar, sacando el trabajo a pesar del frío, del peligro, de las carencias en las condiciones de trabajo, que son muchas”.

Desde la coordinadora de sindicatos policiales a la que no pertenece Sifpom indican que “entendemos que un compañero que goza de un fuero, de licencia y una protección procesal especial de la ley por ser sindicalista, así como de una serie de privilegios en materia de opinión, los tiene para servir a los demás que son sus iguales, directa o indirectamente”. “En la militancia sindical hay que ser y parecer, y elegir la lucha sindical implica, como ha implicado para muchos de nosotros, la renuncia a todo tipo de beneficio, especialmente aquellos que dependen de un criterio netamente político”, subrayaron.

Según la Conasip, “este es un hecho gravísimo para el movimiento sindical, una afrenta para cualquier policía que deja la piel cumpliendo con el servicio, y una mala señal política de personas con poder dentro de la administración pública que, supuestamente, venían a cambiar este tipo de prácticas hijas de la cercanía insana entre sindicalistas y gobierno”.

Un reclamo de Ríos de más de diez años

En diálogo con la diaria, Ríos explicó cómo se dio su pasaje de cabo a subcomisario. En particular, hizo énfasis en la necesidad de reestructurar las contrataciones y el régimen en Sanidad Policial, en donde entiende que, al ser un prestador de salud, “no debería haber grados policiales”, pero, como “es parte del Ministerio del Interior, se asignan grados policiales” que lo que hacen es “es equiparar los salarios con el grado policial”, más allá de que haya personas especializadas en otras funciones, que no trabajan como policías.

Por ejemplo, Julio Rappa, médico cirujano que asumió la dirección de Sanidad Policial en abril de este año, tiene un contrato policial del subescalafón técnico profesional y le fue asignado el grado de comisario mayor. También es el caso de otros cargos técnicos y de gran parte del personal. El dirigente sindical de Sifpom planteó que previo a 2005, es decir, al inicio del gobierno del Frente Amplio, “las encargaturas eran sólo para policías”.

Por otra parte, para facilitar la contratación y para poder establecer salarios acordes a los otros prestadores de salud, se habilitó un sistema de facturación para cargos técnicos, como son los médicos especialistas, licenciados en enfermería, enfermeras u otras necesidades para las que haya vacantes en el Hospital Policial.

Ríos afirmó que aquellos policías que son contratados “no pueden hacer carrera dentro de la Policía, por lo que al no ascender de grado no se aumentan los salarios”, aun cuando cambian las responsabilidades. “En Sanidad Policial se ingresa con el grado de ingreso y eso se mantiene hasta que se hace otro contrato”, añadió.

Ríos resaltó que en el caso del Hospital Policial, “la consideración de los grados no es como en la carrera policial”, pero que, de todas formas, se produce “una cuestión de poder” en la dinámica institucional de acuerdo a los grados de los funcionarios.

El dirigente sindical comentó su trayectoria en la Policía, que fue siempre dentro de Sanidad Policial. Según indicó, en 2006 la dirección de esta unidad le ofreció hacerse cargo de la sección de contralor de asistencia, que en ese momento funcionaba dentro del área de Personal. Ríos no aceptó esta propuesta porque “no era coherente la responsabilidad con su grado, ya que es una sección de alto nivel de conflicto con los recursos humanos”.

La llegada del Frente Amplio al gobierno, en 2005, también dio paso al reconocimiento oficial de la sindicalización de los policías, algo que forma parte de un proceso global pero que aún hoy en día es prácticamente excepcional en América Latina.

En 2006, Ríos se afilió a la Asociación de Funcionarios del Ministerio del Interior por intermedio de un sindicato que se estaba organizando en Sanidad Policial, donde venía militando a nivel sindical. El Sifpom se creó recién en 2010. Ríos fue el socio fundador y el primer presidente del sindicato. Tiempo después, Patricia Rodríguez, actual presidenta y pareja de Ríos, se acercó a Sifpom y comenzó su carrera sindical allí.

En el Hospital Policial hubo un incendio de importantes dimensiones en 2010, que implicó una evacuación de más de 150 personas que estaban internadas en ese momento, siendo la única evacuación de estas características en el país. Entre otras consecuencias materiales, se produjo la pérdida total del segundo piso del centro de salud y la afectación parcial de gran parte del edificio.

El incendio ocurrió días antes de que el Ministerio del Interior de la época, a cuyo frente estaba Jorge Bruni, comenzara una auditoría a cargo de la Auditoría General de la Nación en el Hospital Policial. En aquel entonces, Bruni aseguró que la auditoría sería realizada con “absoluto respaldo” de la cartera y que se desarrollaría con “normalidad”, ya que se contaba con “respaldo informático”. Sobre las causas del incendio, el ministro señaló que había una investigación en curso, tanto a nivel interno como judicial.

El sindicato policial tuvo un rol importante en torno a este episodio, que ofreció una oportunidad para hacer reclamos sobre las condiciones de las instalaciones y la gestión, entre otras cosas. Ríos calificó ese momento como de gran exposición y aseguró que pagó las consecuencias por eso. Afirmó que tuvo que limpiar solo varios pisos del hospital, aunque no era la tarea que tenía asignada y, tras estos hechos, lo pasaron a trabajar en el lavadero del Hospital Policial y luego en el costurero, “con lo que eso implica para los prejuicios” asociados a la división del trabajo por género, más aún en el caso de la Policía.

Ríos indicó que “recurrió a varios concursos que le fueron negados durante años” y que en 2012, con Leonardo Anzalone como director de Sanidad Policial, presentó un recurso planteando que “no le podían ser negados los concursos de ascenso por estar sindicalizado”. En este marco, cuenta que un jerarca lo convocó para decirle que “si las protestas continuaban, su expediente no iba a avanzar”. A nivel oficial, la respuesta fue que tenía que concursar para obtener el grado.

Dos años después, en 2014, con el asesoramiento del PIT-CNT, Ríos resolvió pedir licencia sindical porque entendía que estar trabajando dentro del sistema y a su vez asumir un rol activo de denuncia como dirigente del sindicato policial ponía en riesgo sus derechos y garantías laborales.

El expediente no tuvo mayores avances en diez años, según Ríos, que resaltó que aunque en uno de los informes se planteó que se le debía asignar “un grado de oficial principal o el que se entendiera”, esto no pasó.

Luego de la negativa de la anterior gestión, resolvió retomar el reclamo que había iniciado en 2012, “con toda la documentación” y “los daños” que entiende que le fueron generados durante el período transcurrido desde que cambió de grado, que repercuten, entre otras cosas, en el salario percibido. En la actualidad, la diferencia entre el salario nominal mensual de un cabo y el de un subcomisario es de alrededor de 20.000 pesos.

Finalmente, mediante esta resolución, que se filtró incluso previo a que tomara conocimiento, Ríos pasó de tener un contrato de cabo a uno de subcomisario. Tras la polémica que se generó, además de aclarar que “es algo que por lo vengo peleando desde hace más de diez años” y que su vínculo con Rodríguez es bastante más reciente que su reclamo, sostuvo que todo lo que plantea lo puede “respaldar en los documentos”.

El representante de Sifpom señaló que “están reclamando por todos los dirigentes sindicales que han sido perjudicados justamente por ser dirigentes sindicales”. En este sentido, explicó que “un delegado sindical o un dirigente sindical ejecutivo no obtiene puntos de la jerarquía para poder ascender”, requisito fundamental en el sistema de ascensos.

“Estamos peleando para que se llegue a un acuerdo, para que los delegados puedan ser puntuados; si no, la sindicalización es un problema, además de no recibir puntuación se pierden ingresos por no acceder a ciertas compensaciones asociadas a las tareas”, dijo el dirigente de Sifpom. Recordó, por otra parte, que hubo jerarquías que “antes, incluso, les ponían puntajes negativos” a los sindicalistas.

Ríos insistió en que “hemos pedido históricamente la reestructura para que esto no pase”. “Desde hace años hemos recibido golpes por hacer este reclamo, también porque decimos que no hay coherencia de grados cuando los policías son contratados, porque se les ofrece la vacante que hay” y muchas veces no corresponde con las responsabilidades asumidas.

“Hay que hacer una reestructura del Hospital Policial”, sentenció. Subrayó que “no se trata de atacar a las personas que acceden a un grado, que no es ‘ascender’, sino tener un contrato a término con un grado”. En este sentido, reiteró que “el grado está porque son policías” y la estructura está organizada así, “pero en realidad estamos hablando de médicos, técnicos, enfermeras, personal que cumple con otras tareas, etcétera”.

El sistema de ascensos en la Policía

La estructura del Ministerio del Interior estuvo compuesta, históricamente, por la contratación de personas que ingresan a la institución como policías, sea para el desarrollo de actividades operativas o para otras tareas, como las actividades administrativas o técnicas, entre otras. En 2005, con la llegada del Frente Amplio al gobierno y con José Díaz como ministro del Interior, se habilitó la contratación de civiles como tales, creando un subescalafón denominado “civil”, específico para estos casos.

Las jerarquías políticas son designadas por el presidente de la República mediante cargos de confianza, tanto en el caso de civiles como de policías retirados. Cuando se trata de policías aún en actividad, se ocupa el cargo de confianza en régimen de “encargatura”.

En la escala jerárquica de la Policía hay diez grados. La escala básica va del grado 1 al 4: agente, cabo, sargento, suboficial, mientras que la escala de oficiales va del grado 5 al 10: oficial ayudante, oficial principal, subcomisario, comisario, comisario mayor y comisario general.

Los salarios en la Policía se establecen de acuerdo al grado, con una estructura de remuneración que diferencia, además de los escalafones, los subescalafones. Por un lado, se establece un salario para los policías ejecutivos, que son aquellos que realizan tareas operativas; por el otro, se comprende a los policías de distintos subescalafones: administrativos, especializados, técnico-profesionales y de servicio. En promedio, el salario nominal para estos subescalafones es de 10.000 pesos menos en cada grado. A los salarios se pueden sumar las partidas por antigüedad, hogar constituido, asignación familiar, permanencia en el grado, presentismo y compromiso de gestión.

En los cargos presupuestados, los ascensos, que son grado a grado, se dan por antigüedad, por una evaluación mediante puntos que son asignados por la jerarquía a cargo de la unidad y por méritos, entre otros criterios. Además, se realizan cursos de pasaje de grado y se asciende de acuerdo a los cupos disponibles que haya en el siguiente grado. Cada grado tiene una cantidad de cupos disponibles; si no se liberan, no pueden concretarse los ascensos por más que se cumpla con todos los otros requisitos.

En el caso de los policías contratados, se ingresa a la institución con determinado grado que es asignado en el contrato, que es a término. En estos casos, los ascensos no siguen el mismo criterio que los cargos presupuestados. El cambio de grado, que no necesariamente es de grado en grado, se establece mediante una nueva contratación en la que el Ministerio del Interior asigna un grado a la persona. Esta depende de la cantidad de cupos de cada grado, pero también comprende la equiparación salarial por la tarea y la responsabilidad encomendada.

La licencia sindical

Amparado en la Ley 17.940, que regula la libertad sindical y los derechos sindicales, Ríos es uno de los representantes de Sifpom, que se creó en 2010. Está en uso del derecho a la licencia sindical, establecido en el artículo 4 de esta ley, que señala que “se reconoce el derecho a gozar de tiempo libre remunerado para el ejercicio de la actividad sindical” y que este derecho será reglamentado por el Consejo de Salarios respectivo mediante un convenio colectivo. El último firmado entre el Ministerio del Interior y Sifpom fue en diciembre de 2021.

Se establece que la licencia sindical comprende a los dirigentes nacionales, departamentales y militantes de sindicatos de base que designe este sindicato. También se plantea, con base en la ley vigente, que el Ministerio del Interior le otorga al sindicato una hora por mes de licencia sindical por cada afiliado y que el total de horas mensuales a asignar por licencia sindical se corresponde con la cantidad de afiliados que hayan autorizado el descuento de cuota sindical, que en el caso de Sifpom es de aproximadamente 13.000.

El apoyo de Sifpom

Patricia Rodríguez, presidenta de Sifpom, se pronunció al respecto en sus redes sociales. “El reclamo laboral de Fabricio data de más de 13 años y es administrativo cuando estaba ‘trabajando’. No era mi pareja ni lo conocía, y tener fueros sindicales no impide que pelees por tus derechos laborales”, sostuvo, y acotó: “Raro que para algunos ahora tener licencia sindical es no trabajar”. Además, sugirió que “algunos se dedican a dar manija aun sin siquiera averiguar la otra parte, basta con que sea bueno para usarlo políticamente”. “¿Se animarían a cuestionar la licencia sindical de otros sindicatos? ¿O presionan al que no milita como algunos quisieran?”, advirtió.

Patricia Noy, vicepresidenta de Sifpom, también se expresó al respecto en sus redes y adjudicó los hechos a un “ataque sistemático al sindicato”: “Ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Cuando un sindicato crece como lo viene haciendo Sifpom, por su trabajo responsable y los logros para todos los policías, hay quienes se dedican a ensuciar porque no saben hacer otra cosa. Es claro el ataque sistemático al sindicato”.

Ricardo González, dirigente de Sifpom, también se pronunció al respecto en sus redes y dijo que son “las maniobras políticas de siempre, con los mismos voceros de siempre”. “Sumamos a ese cóctel sindicatos que no logran crecer y se dedican a tirar sin averiguar”, afirmó, y adelantó que la situación tendrá derivaciones judiciales: “Ahora, a la Justicia con sus dichos, son ellos los que deberán explicar sus acusaciones falsas”.

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