En la exposición de motivos de la Rendición de Cuentas que ingresó este viernes al Parlamento se plantea que “la seguridad ciudadana y la defensa nacional han sido una de las prioridades de esta administración”. Para el Ministerio del Interior, “la seguridad pública se concibe como marco de convivencia, con lo cual se hace necesario un enfoque que, además de lo policial, aborde el asunto desde la esfera social, educativa, sanitaria y humanista”. Por eso, la actividad de la cartera “es concurrente a la de otras instituciones estatales”.

Se destaca que “la Policía recibió el apoyo político que precisa para realizar su trabajo”. “La impronta del gobierno sigue enmarcándose en apoyar y respaldar, material e institucionalmente, a la Policía Nacional, brindando los recursos necesarios para el cumplimiento de sus cometidos y con acciones de respaldo hacia el funcionario policial”, resaltaron.

A nivel de salud mental para policías, remarcaron la existencia de la Comisión de Salud Mental Policial. También que se dispuso en Sanidad Policial que haya un equipó de psiquiatras y psicólogos. En lo que refiere a vivienda, sostienen que trabajan con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para que los policías dejen de vivir en asentamientos.

“Uno de los principales objetivos de esta administración es combatir el narcotráfico”, afirmaron en el documento y señalaron que hubo “una mejora sustancial de los recursos de trabajo” y que “se trabajó en el combate al narcotráfico internacional y contra la comercialización minorista de drogas ilícitas”. También indicaron que se ampliaron las funcionalidades de El Guardián para aumentar la capacidad de la interceptación legal de comunicaciones.

Enfatizaron en que tienen “cifras récords de personas privadas de libertad”, llegando a casi 14.500 al cierre de 2022. Según el Ministerio del Interior, “la mejora de la eficacia policial” tuvo como “correlato” el aumento de la población en cárceles. Para esto, se indicó que en 2022 se hizo un contrato a través de modalidades público privadas para construir y mantener cárceles por catorce años. Se instalarán en el predio del Penal de Libertad y en el de Punta de Rieles se pretende que se construya una cárcel para mujeres, para trasladar a todas las mujeres que están presas en la actual Unidad 5 Femenino, cárcel de mujeres de Montevideo ubicada en Colón. También se hizo referencia a la ampliación de plazas en otras cárceles.

Sobre la infraestructura policial, se destacó que “se inauguraron 16 nuevas dependencias y se reinauguraron 15 luego de ampliaciones y reacondicionamientos”. Desde la cartera señalaron que se crearon 650 cargos para policías y que hay casi nueve mil cámaras de videovigilancia en el país, a las que se sumaran otras dos mil próximamente.

La cartera planteó que la totalidad de las inversiones en infraestructura para seguridad fue de 11 millones de dólares en 2022 y se espera que totalicen los 90 millones de dólares en lo que resta del período de gobierno.

Refuerzo salarial y compensaciones salariales para jerarquías policiales

Una parte importante del articulado del Ministerio del Interior está destinado a reforzar los salarios de las jerarquías policiales, con compensaciones especiales, para las que se establecen decenas de millones de pesos. Se planteó que “estas partidas se resignan”​del programa de Prevención y represión del delito.

Se le podrá además pagar una “compensación especial” a los policías en actividad que asumen cargos en régimen de encargatura, que es como pueden hacerlo mientras no están retirados y por eso se les llama “encargados” y no “directores”. Se le podrá pagar esta compensación “a diez encargados a la vez que son elegidos por el Ministerio del Interior, que determinará cuánto se le paga”.

Se suman. además, más compensaciones para más jerarquías que asumen direcciones, entre ellas, la de Apoyo Tecnológico, la de Sistemas de Información, la de Cibercrimen, la de Análisis y Violencia en el Deporte y para la de Identificación Civil de Policía Científica. También se suman compensaciones para los segundos jefes de zona, para el jefe de la asesoría legal de la Policía, para el jefe de operaciones del Estado mayor de la Policía y para los jefes de algunas regiones de Bomberos.

Sin inversión para cárceles ni para programas de prevención y represión del delito

En lo que refiere a la prevención y represión del delito, no se destinan fondos adicionales, ni se crean programas, ni se establecen propuestas en este sentido. Tampoco para cárceles. Por otra parte, no se plantean partidas para la compra de equipamiento para los policías, ni para las instalaciones en las que trabajan o se alojan. No hay ningún refuerzo económico o artículo destinado a la atención de la salud mental de los policías.

Aumento de las competencias de la Policía

La Policía le podrá “requerir” tanto a organismos públicos como instituciones privadas que entreguen el respaldo de las filmaciones de las cámaras de videovigilancia que tengan. La entrega del registro fílmico deberá hacerse en un plazo de 48 horas.

Policía Científica tendrá atribuciones para solicitar al Registro Nacional de Antecedentes Judiciales del Instituto Técnico Forense (ITF), los antecedentes judiciales de un indagado o imputado. Por otro lado, hasta ahora, solo se permitía que el ITF comunique los datos del Registro Nacional de Antecedentes Jurídicos a las autoridades del orden judicial en materia penal. Se propone que puedan hacerlo también a Policía Científica” para comprobar la reincidencia”. También se permite que se comunique a Policía Científica la sentencia de condena, la forma en que fue cumplida y toda la información que tenga la planilla de antecedentes.

A la Unidad de Cibercrimen, creada en la Rendición de Cuentas pasada con énfasis en las actividades delictivas asociadas a los hackeos de sistemas y datos, se le suma “la detección, investigación, persecución y represión” de los delitos asociados a la “explotación sexual infantil en línea”.

Atribuciones del ministro

Tanto la Dirección Nacional de Identificación Civil como la Dirección de Migraciones dejan de depender de la Dirección de la Policía Nacional y pasan a depender directamente del ministro del Interior.

Por otra parte, el ministro “podrá otorgar al personal de la Jefatura de Policía de Montevideo el uso y goce de propiedades que son del ministerio con destino a casa habitación”, es decir, podrá entregar casas para que los policías de esta jefatura vivan.

Contratación excepcional de Bomberos ante emergencias

Ante situaciones excepcionales declaradas por el Sistema Nacional de Emergencias, se permite incrementar la contratación de hasta “cien ciudadanos adicionales” para Bomberos por el plazo que dura la emergencia en cuestión. ​​

Cárceles y medidas alternativas

Se define que le “corresponda exclusivamente” al Instituto Nacional de Rehabilitación “ordenar, determinar y disponer la unidad de internación, de alojamiento y de reclusión de las personas privadas de libertad”, también “ordenar el traslado, derivación, realojo o reintegro” de los presos dentro de las distintas cárceles.

Se le cambia el nombre a la Dirección Nacional de Supervisión de Libertad Asistida por Dirección Nacional de Medidas Alternativas. No se refuerza el presupuesto ni se prevé la contratación de técnicos para esta unidad, que se ha informado desde la cartera que atiende a casi veinte mil personas.

Ampliación de decomisos

Se amplía el decomiso y en los casos en que se condene a personas por delitos precedentes de lavado de activo, se decomisará el dinero, los bienes, haberes o demás utilidades cuya procedencia no se pueda justificar. También en los casos en que el valor de estas cuestiones sea desproporcionado a los ingresos que pueda demostrar la persona.

En todos los casos en que las personas condenadas no puedan justificar el origen legítimo de los bienes, “se presumirá que el dinero utilizado para su adquisición proviene de ganancias o reutilización de dinero ilícito” y “desde el momento de la formalización podrán disponerse medidas cautelares asegurativas respecto al patrimonio del imputado a los efectos de efectivizar el decomiso ampliado al momento de la condena o acuerdo abreviado”.

Aumentan penas para homicidios y asociaciones delictivas

Aumentan las penas para el homicidio sin agravantes. Actualmente el mínimo es de dos años y el máximo es de doce años y se propone que pase a ser de seis a 18 años. También se agrega como agravante cuando haya mutilación, desmembramiento o se queme el cuerpo de la víctima.

Se suman agravantes para la “asociación delictiva”. No sólo se considerará cuando la asociación sea “como una banda armada” sino cuando sus participantes tengan disponibilidad de armas o explosivos, aun cuando no los usen, los tengan ocultos o guardados en un depósito. También se reduce de diez a cinco la cantidad de personas que se consideran para configurar este delito. Además, se suman agravantes para ciertos roles, entre ellos, para los “jefes” y “fundadores”. “Hacer uso de la fuerza de la intimidación del vínculo organizativo y de la condición de sujeción y silencio que de él se deriva” será considerado un agravante, también que se obstaculice una investigación. Asimismo, lo será financiar una organización criminal, aunque “no se practiquen personalmente actos de ejecución”.

Retención de libreta de conducir para quienes manejen autos robados o usados para delitos

Para las personas que manejen un auto robado o que haya sido usado para cometer un delito, o tenga datos identificatorio adulterados, además de las responsabilidades penales, se le retendrá la licencia de conducir por cinco años. En caso de reincidencia, la retención de este documento será por diez años.

Se agrega como falta la “conducción temeraria de vehículos motorizados” y se plantea que se pueda aplicar una pena de trabajo comunitario que va de 7 a 30 días y la inhabilitación para conducir de uno a dos años. Se entiende por conducción temeraria cuando se maneje un vehículo “con imprudencia y/o negligencia, transgrediendo las normas básicas de seguridad vial, poniendo en grave riesgo la seguridad de las personas”.​

Declaración de privados de libertad por videoconferencia

Se establece que las declaraciones de las personas privadas de libertad sean “preceptivamente por medios telemáticos”, algo que apunta a solucionar la falta de recursos para los traslados a sedes judiciales. Esto será posible “siempre que se encuentren disponibles los medios tecnológicos que aseguren la identificación del declarante, la autenticidad de lo declarado y permitan la comunicación multidireccional y simultánea entre los sujetos actuantes, respetándose siempre las garantías del debido proceso y el derecho de defensa, especialmente la presencia del abogado defensor del declarante junto al privado de libertad”.

Cambios en el proceso de Faltas

Se plantean varios cambios en el proceso de faltas, entre ellos, se quita el requerimiento de un representante de la Fiscalía en la audiencia, además de otros cambios vinculados a la forma en la que se lee la sentencia, habilitando a los actuarios a la realización de esa tarea.

Cambios en el Código de la Niñez

En otro de los artículos del inciso destinado al Ministerio del Interior, el proyecto de ley plantea un cambio en el Código de la Niñez y la Adolescencia por el que se extiende de 30 a 90 días el plazo que tiene la Fiscalía para presentar la acusación o pedir el sobreseimiento del adolescente imputado.

Escuchas telefónicas

Otro cambio planteado por la Rendición de Cuentas es la extensión del plazo máximo para mantener interceptaciones telefónicas, que pasa de seis meses a dos años, “para el caso de investigaciones complejas o que involucren a organizaciones criminales”.

Requisitos para personas migrantes con antecedentes penales

El proyecto prevé cambios en los requisitos para el otorgamiento de la residencia, señalando que en aquellos casos en los que se cuente con antecedentes penales y no figure la pena impuesta se tomará la pena prevista en la normativa uruguaya para ese delito para comenzar a computar el plazo de cinco años requerido sin la comisión de nuevos delitos.

Prohibición de ingreso a espectáculos públicos tras riñas o daños

La Rendición de Cuentas plantea tres artículos que modifican disposiciones del Código Penal ante casos de riñas o daños en espectáculos públicos. Uno de ellos incrementa la prohibición del ingreso a espectáculos públicos, planteando que para los casos de participación en una riña, además de la pena de prisión, se establece la prohibición de ingresar a espectáculos deportivos por el plazo de uno a tres años. En el caso de que haya una riña con resultado de muerte o lesiones, la prohibición al ingreso será de entre cinco y quince años.

También se agrega la prohibición de ingresar a espectáculos públicos, por un plazo de entre uno y cinco años, para quienes ocasionen daños. A su vez, se establece como mínimo seis meses de prohibición de ingreso a espectáculos públicos para quienes participen en desórdenes ocasionados en el marco de un espectáculo deportivo.