A partir de que tomó estado público la fuga de un narcotraficante al que le habían dado prisión domiciliaria por “razones de salud” que fueron justificadas a través de documentos falsificados, se abrió una caja de Pandora que develó la existencia de una organización criminal.
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, apuntó contra la Justicia, señalando directamente a las juezas actuantes. Mientras, poco se sabe de los mecanismos de control aplicados por la cartera ante la existencia de estas medidas no privativas de libertad en personas de alto riesgo criminal, lo cual es potestad de la Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida, hoy llamada Dirección Nacional de Libertad Asistida (Dinasla).
Según informó El Observador, una investigación del Ministerio del Interior detectó que al menos cinco narcotraficantes que estaban en prisión domiciliaria se fugaron en lo que va del año.
Además de la investigación interna, esta situación generó que la Fiscalía abriera investigaciones contra dos abogados y un perito del Instituto Técnico Forense, consignó el mismo medio.
En la investigación a la que accedió El Observador se plantea que de los 53 casos de personas imputadas por delitos de drogas que obtuvieron un régimen de prisión domiciliaria este año, 30 son mujeres y 23 son varones.
En el informe del Instituto Nacional de Rehabilitación se señala que hay 35 personas que siguen bajo el control de la Dinasla. De los otros 18, tres murieron, cinco cumplieron su pena, cinco volvieron a la cárcel y los cinco restantes se fugaron.
En 26 de los casos el motivo del cambio de régimen fue un problema de salud, en 16 casos no se sabe por qué se otorgó este cambio de medida, seis fueron por embarazos, tres fueron para mujeres que tenían hijos a cargo y dos porque tenían que pasar a un régimen de libertad a prueba, según planteó Telenoche.